Gobernabilidad y Sociedad. Cuando se rompe el Contrato Social
De acuerdo con la definición de Rousseau, existe un contrato social implícito cuando los ciudadanos a cambio de determinados derechos renuncian a la libertad individual que se disfruta en el estado natural. Así, los derechos y deberes sociales son las cláusulas del contrato, y el Estado la entidad que vela por su cumplimiento. Hobbes, Locke y otros pensadores establecieron criterios que nos ayudan a interpretar la vida en sociedad.
En Panamá vivimos un estado de crispación social más allá de folklóricas explicaciones geográficas o culturales derivadas de nuestra cercanía al Mar Caribe. Es reiterativo desde hace años que la población civil, gremios, sindicatos, estudiantes, etcétera, cierran las vías públicas como medio de protesta por aspiraciones desatendidas por las autoridades responsables. Todos sufrimos las inconveniencias de semejantes actitudes. En muchos casos, cuando estos grupos recurren a estas prácticas, han transcurrido días y hasta meses desde que están demandando de las autoridades atención a sus reclamos particulares. En ocasiones, como los recientes cierres de vías ocurridos por las protestas del mal estado de las escuelas, no aparecen las autoridades, pero sí los cuerpos policiales antimotines. Estas situaciones exacerban el resentimiento de la población, que espera respuestas de las autoridades civiles y no la amenaza represiva policial. Vivimos, entonces, una inminencia de rompimiento del contrato social, al no cumplir el Estado con las responsabilidades asumidas con la población.
La delincuencia, otra forma de rompimiento del contrato social perpetrada a costa de la violación de los derechos de población civil desarmada no es reprimida en sus causas, entre otras la pobreza y exclusión, como en sus manifestaciones más violentas, como son los asaltos, asesinatos, tráfico de armas y drogas. En estos casos, las autoridades civiles ni las policiales satisfacen las expectativas de la ciudadanía. La falta de atención adecuada a las necesidades de salud de la población es otra área de insatisfacción ciudadana, pese a los cuantiosos recursos que se gastan en estos rubros.
Existe, además, una creciente sensación de impotencia ante las constantes denuncias de aplicaciones dudosas de las leyes tributarias, civiles, electorales, penales, contrataciones, concesiones, etc. Muchos ciudadanos sentimos que hay impunidad para quienes abusan del sistema.
Claramente la vigencia del contrato social está en peligro. La anarquía, la dictadura o la violencia social, son las consecuencias esperadas cuando no se solucionan las causas de insatisfacción ciudadana. ¿Tendremos que esperar a llegar a esos extremos en los cuales cada uno se procura la justicia por sus propias manos? Ya ha habido amagos de estas respuestas en algunas comunidades. Ojalá que recapacitemos por el bien de la convivencia social responsable y la seguridad ciudadana.
