Gobernar por plebiscito
La situación actual exige que el gobierno tome acciones tendientes a generar actividad económica. Su limitado poder político lo ha obligado a llevar sus propuestas a estos diálogos multisectoriales, con miras a comprometer a la oposición o lograr mayor apoyo ciudadano a favor de su programa para que corra mejor suerte cuando lo someta a la Asamblea Legislativa, la cual no controla. Sabía que esta avenida tomaría tiempo y que probablemente tendría que comprometer parte de su programa; sin embargo, confiaba - al igual que nosotros - que al final se producirían decisiones para reactivar la economía.
Promover ahora un plebiscito sería posponer por seis meses cualquier decisión, más otro tanto para ejecutarla de ser aprobada. Amén de que dicho plebiscito podría ser visto como una oportunidad para dar al gobierno un voto de censura, ignorando el tema de fondo, igual como ocurrió con las reformas constitucionales de Endara a principios de la década pasada. Por otro lado, la propuesta de Torrijos requeriría que el gobierno incurriera en gastos de aproximadamente diez millones de dólares, en momentos en que los recursos escasean.
Pero quizá más importante que la demora y el costo de un plebiscito, la sugerencia de Torrijos resulta improcedente ya que está fundamentada en la premisa que se puede gobernar mediante consultas populares. Eso, en nuestra opinión, ofende nuestro ordenamiento republicano, ya que las consultas se hacen cada cinco años en los sufragios electorales y corresponde gobernar, por mandato popular, al que logre la mayor cantidad de votos. Ese mismo ordenamiento requiere que el Ejecutivo y Legislativo trabajen separadamente y en armónica colaboración, no que cada vez que tengan un diferendo lo sometan a plebiscito. Todo gobernante debe consultar y dialogar, tanto con la ciudadanía como con la Asamblea Legislativa, pero tiene que llegar un momento para que finalicen esas consultas y diálogos y actúe con determinación. Ese momento ha llegado y le corresponde al gobernante de turno actuar.
Promover ahora un plebiscito sería posponer por seis meses cualquier decisión, más otro tanto para ejecutarla de ser aprobada. Amén de que dicho plebiscito podría ser visto como una oportunidad para dar al gobierno un voto de censura, ignorando el tema de fondo, igual como ocurrió con las reformas constitucionales de Endara a principios de la década pasada. Por otro lado, la propuesta de Torrijos requeriría que el gobierno incurriera en gastos de aproximadamente diez millones de dólares, en momentos en que los recursos escasean.
Pero quizá más importante que la demora y el costo de un plebiscito, la sugerencia de Torrijos resulta improcedente ya que está fundamentada en la premisa que se puede gobernar mediante consultas populares. Eso, en nuestra opinión, ofende nuestro ordenamiento republicano, ya que las consultas se hacen cada cinco años en los sufragios electorales y corresponde gobernar, por mandato popular, al que logre la mayor cantidad de votos. Ese mismo ordenamiento requiere que el Ejecutivo y Legislativo trabajen separadamente y en armónica colaboración, no que cada vez que tengan un diferendo lo sometan a plebiscito. Todo gobernante debe consultar y dialogar, tanto con la ciudadanía como con la Asamblea Legislativa, pero tiene que llegar un momento para que finalicen esas consultas y diálogos y actúe con determinación. Ese momento ha llegado y le corresponde al gobernante de turno actuar.
