Gobierno y reformas
LA ASAMBLEA Nacional, obsecuente a los deseos del Ejecutivo, aprobó a tambor batiente las reformas tributarias. Con igual prisa y nula autoridad moral le cerró el paso a las investigaciones que involucraban a catorce diputados por la presunción de haber cometido delitos electorales. El expediente fue archivado en base a lo que se definió como deficiencias procesales. Con mayor celeridad, los padres de la patria y otros altos estamentos del gobierno, han proclamado ante la opinión pública su oposición a recortar sus privilegios: exoneraciones fiscales para compra de automóviles, franquicia postal y telefónica y los gastos de planilla para el nombramiento de familiares y suplentes que, en términos generales, cobran sin trabajar.
Panamá sigue siendo una finca, con la salvedad de que cada lustro hay un cambio de herrete y de mayorales. Es obvio que priva en la Asamblea y en la alta dirección del gobierno el espíritu de cuerpo colegiado que los sitúa más allá de la ley. Unos le llaman inmunidad, otros impunidad.
Como causales de esa situación podemos hablar de cultura nacional, de ausencia de valores cívicos y de esa lista de lacras que llamamos "juega vivo". En la praxis ocurre lo que los filósofos del Derecho llaman la lejanía ciudadana del poder. El poder es percibido por los ciudadanos como algo lejano y éste es detentado por el gobierno sin cortapisas. No existe cultura de rendir cuentas por lo actuado.Esta desnaturalización de los principios del buen gobierno es lo que permite el surgimiento de clanes que responden a particulares códigos de conveniencia
La figura del nepotismo, del delito electoral y el enriquecimiento ilícito es ambigua y ha sido empujada hasta los límites por la práctica corriente de usar fondos públicos y privados para apoyar candidaturas y para acceder a posiciones bien remuneradas en el aparato gubernamental. Un ejemplo de ellos es el pingüe negociado de las notarías públicas, usadas por todos los gobiernos para enriquecer a algunos allegados. El otro, es el servicio exterior. Todo se resume a la frase venal que conocemos desde nuestra infancia: gobierno es gobierno.
¿Pero qué hay del buen gobierno? Para los estadistas, la política es la ciencia y el arte de servir al bien común a través de ejecutorias públicas. Para algunos políticos criollos es un negocio (just business) que se maneja con criterios de empresa mixta. Tiene un caudal de fondos que provienen de donantes privados y de fuentes públicas. Estos últimos son derivados a los partidos políticos a través del subsidio electoral, que reparte el pastel en forma proporcional a los votos recibidos. Para los partidos grandes constituye un modus vivendi, para los partidos pequeños constituye una lotería ocasional.
La lista de donantes de los partidos políticos es el secreto mejor manejado de toda esta actividad. Constituye el corazón de todos los grandes negocios corporativos con el Estado. La correlación entre el monto de las donaciones y el usufructo del patrimonio estatal a través de nombramientos, embajadas y contratos de obra es desconocida, pues esta información no está incluida en el nodo de transparencia de la actual gestión pública panameña.
Un diputado o un funcionario con mando y jurisdicción, en el lugar correcto y con la actitud correcta, puede definir con su voto el cambio en la política económica y fiscal e influir en las contrataciones directas del Estado. ¿Cómo se fiscaliza el uso de este poder? Siguiendo el rastro de las fuentes de financiamiento electoral. No hay otro camino.
El nodo de transparencia ha mejorado la situación. A través de la informática podemos enterarnos de cuántos parientes y amigos tienen los gobernantes en planilla. Es un avance, pírrico, pero avance. Sólo un país de tercer mundo puede darse el lujo de manejar la administración del Estado como un patrimonio familiar. De ahí se explica la negativa absoluta de todos los gobiernos de iniciar una reingeniería de procesos a la gestión gubernamental y de implantar la carrera administrativa como corolario de la misma. La explicación es sencilla: se les acaba el botín político y la fuerza inmanente de traficar con la miseria humana que trae aparejada el desempleo y la falta de oportunidades. Simple y liso.
El sistema de donaciones privadas a candidaturas públicas está fundado sobre un vacío legal y ético. El hecho de que el capital privado empuje candidatos a puestos de elección popular, lo convierte en materia de interés público por lo que debe regularse .
En este sentido, la negativa del bipartidismo tradicional panameño-Arnulfismo y PRD- a publicar la lista de sus donantes enrarece la atmósfera política. Tampoco ayuda la negativa de facto del presidente Torrijos a divulgar los donantes de su campaña electoral y la de sus copartidarios. Para el gobierno es fácil meter la mano en el bolsillo ajeno a través de nuevos tributos. Pero no lo es divulgar los que financian sus campañas. Doble moral y doble sentido que retrata la política del presidente Torrijos. Esto es un serio obstáculo para las políticas de buen gobierno, ya que lesiona la credibilidad gubernamental.
Debemos exigir este elemental derecho de transparencia sobre la gestión pública y la utilización del dinero de los contribuyentes.
Panamá sigue siendo una finca, con la salvedad de que cada lustro hay un cambio de herrete y de mayorales. Es obvio que priva en la Asamblea y en la alta dirección del gobierno el espíritu de cuerpo colegiado que los sitúa más allá de la ley. Unos le llaman inmunidad, otros impunidad.
Como causales de esa situación podemos hablar de cultura nacional, de ausencia de valores cívicos y de esa lista de lacras que llamamos "juega vivo". En la praxis ocurre lo que los filósofos del Derecho llaman la lejanía ciudadana del poder. El poder es percibido por los ciudadanos como algo lejano y éste es detentado por el gobierno sin cortapisas. No existe cultura de rendir cuentas por lo actuado.Esta desnaturalización de los principios del buen gobierno es lo que permite el surgimiento de clanes que responden a particulares códigos de conveniencia
La figura del nepotismo, del delito electoral y el enriquecimiento ilícito es ambigua y ha sido empujada hasta los límites por la práctica corriente de usar fondos públicos y privados para apoyar candidaturas y para acceder a posiciones bien remuneradas en el aparato gubernamental. Un ejemplo de ellos es el pingüe negociado de las notarías públicas, usadas por todos los gobiernos para enriquecer a algunos allegados. El otro, es el servicio exterior. Todo se resume a la frase venal que conocemos desde nuestra infancia: gobierno es gobierno.
¿Pero qué hay del buen gobierno? Para los estadistas, la política es la ciencia y el arte de servir al bien común a través de ejecutorias públicas. Para algunos políticos criollos es un negocio (just business) que se maneja con criterios de empresa mixta. Tiene un caudal de fondos que provienen de donantes privados y de fuentes públicas. Estos últimos son derivados a los partidos políticos a través del subsidio electoral, que reparte el pastel en forma proporcional a los votos recibidos. Para los partidos grandes constituye un modus vivendi, para los partidos pequeños constituye una lotería ocasional.
La lista de donantes de los partidos políticos es el secreto mejor manejado de toda esta actividad. Constituye el corazón de todos los grandes negocios corporativos con el Estado. La correlación entre el monto de las donaciones y el usufructo del patrimonio estatal a través de nombramientos, embajadas y contratos de obra es desconocida, pues esta información no está incluida en el nodo de transparencia de la actual gestión pública panameña.
Un diputado o un funcionario con mando y jurisdicción, en el lugar correcto y con la actitud correcta, puede definir con su voto el cambio en la política económica y fiscal e influir en las contrataciones directas del Estado. ¿Cómo se fiscaliza el uso de este poder? Siguiendo el rastro de las fuentes de financiamiento electoral. No hay otro camino.
El nodo de transparencia ha mejorado la situación. A través de la informática podemos enterarnos de cuántos parientes y amigos tienen los gobernantes en planilla. Es un avance, pírrico, pero avance. Sólo un país de tercer mundo puede darse el lujo de manejar la administración del Estado como un patrimonio familiar. De ahí se explica la negativa absoluta de todos los gobiernos de iniciar una reingeniería de procesos a la gestión gubernamental y de implantar la carrera administrativa como corolario de la misma. La explicación es sencilla: se les acaba el botín político y la fuerza inmanente de traficar con la miseria humana que trae aparejada el desempleo y la falta de oportunidades. Simple y liso.
El sistema de donaciones privadas a candidaturas públicas está fundado sobre un vacío legal y ético. El hecho de que el capital privado empuje candidatos a puestos de elección popular, lo convierte en materia de interés público por lo que debe regularse .
En este sentido, la negativa del bipartidismo tradicional panameño-Arnulfismo y PRD- a publicar la lista de sus donantes enrarece la atmósfera política. Tampoco ayuda la negativa de facto del presidente Torrijos a divulgar los donantes de su campaña electoral y la de sus copartidarios. Para el gobierno es fácil meter la mano en el bolsillo ajeno a través de nuevos tributos. Pero no lo es divulgar los que financian sus campañas. Doble moral y doble sentido que retrata la política del presidente Torrijos. Esto es un serio obstáculo para las políticas de buen gobierno, ya que lesiona la credibilidad gubernamental.
Debemos exigir este elemental derecho de transparencia sobre la gestión pública y la utilización del dinero de los contribuyentes.
