Gobiernos latinoamericanos a la caza de dólares fáciles
Washington.- Codiciosos abogados haciendo arreglos bajo la mesa con funcionarios públicos, convenios fabulosos sujetos al resultado de las demandas, inexploradas teorías legales, reclamos de miles de millones de dólares parece lo que sucede a cada rato en los tribunales de Estados Unidos, pero esta vez los autores son gobiernos latinoamericanos que tratan de abusar del sistema judicial de Estados Unidos, a costa de los contribuyentes norteamericanos.
Entusiasmados por el acuerdo tabacalero logrado en este país, un grupo de los más acaudalados abogados litigantes que se especializan en daños y perjuicios personales han logrado persuadir a cinco gobiernos latinoamericanos -Panamá, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Venezuela- en demandar a la industria tabacalera norteamericana en tribunales de Estados Unidos.
¿Por qué aquí y no en sus propios países? Una razón es que esos gobiernos prefieren demandar a las grandes empresas multinacionales en vez de a tabacaleras locales, que son las que venden cigarrillos en sus países. Aparentemente no quieren afectar la economía local. Y temen que en muchas naciones latinoamericanas quienes pierden el juicio deben pagar los gastos legales de ambas partes. Otras leyes limitan el monto de las indemnizaciones o el porcentaje que va a parar al bolsillo de los abogados litigantes, todo lo cual es problemático para los gobiernos y mucho menos atractivo para sus abogados. Por último, los abogados y esos gobiernos piensan que los jurados norteamericanos son mucho más generosos.
En cuanto a los jurados, no les falta razón. Un jurado en Nueva Orleans impuso una pena $2.500 millones por daños y perjuicios a la empresa de ferrocarriles CSX Transportation por la explosión de un vagón cisterna, en el cual nadie resultó lesionado y que formaba parte de un tren que no estaba ni siquiera siendo operado por la CSX. Las demandas relacionadas al cigarrillo son tan lucrativas para los abogados que los de apenas tres estados cobrarán honorarios por $8.200 millones.
¿Qué chance de éxito tiene esa novedosa estratagema de gobiernos latinoamericanos? Muy pequeño. Los abogados les dijeron que las tabacaleras prefieren llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Pero no les dijeron que el acuerdo al que se llegó en Estados Unidos en parte se debió a que los estados reformaron ciertas leyes para que las tabacaleras no se pudieran defender, pero esas reformas no tienen aplicación general. Otra cosa que los abogados no divulgaron es que el acuerdo no sólo tenía que ver con dinero sino también con una serie de regulaciones internas. Nada de eso ayudará a demandantes provenientes de otros países.
Las deficiencias legales de las demandas latinoamericanas son fenomenales. Al no incluir a las tabacaleras locales entre los demandados, esos gobiernos ponen al descubierto lo absurdo que son sus reclamaciones. Además, tales demandas no tienen ninguna base estatutaria. Se trata de naciones soberanas que han tomado sus propias decisiones sobre cómo gravar y regular el consumo de cigarrillos, pero que ahora se dan la vuelta en busca de una especie de premio de la lotería en tribunales norteamericanos.
La hipocresía tras las demandas es escalofriante. Casi toda Latinoamérica ha rechazado el sistema de responsabilidad extracontractual ("torts") con todos sus excesos colaterales, pero ahora creen detectar una vasija llena de monedas de oro al pie del arco iris. Y la hipocresía se multiplica frente al hecho que durante décadas esos mismos gobiernos han sido los principales beneficiarios de las ventas de cigarrillos, recaudando un promedio de dos dólares por cada dólar de venta de las tabacaleras.
Todos los países pueden regular el consumo de cigarrillos como quieran. Utilizar el sistema judicial de Estados Unidos en asuntos internos suyos es una verdadera vergüenza. Como norteamericanos debemos pensar porqué les estamos mandando dólares provenientes de nuestros impuestos para ayudar a reparar los desastres del huracán Mitch, mientras ellos nos demandan con abogados en nuestros propios tribunales para sacarnos dinero.
Página Web: www.nationalcenter.org
Presidenta del National Center for Public Policy Research/
Entusiasmados por el acuerdo tabacalero logrado en este país, un grupo de los más acaudalados abogados litigantes que se especializan en daños y perjuicios personales han logrado persuadir a cinco gobiernos latinoamericanos -Panamá, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Venezuela- en demandar a la industria tabacalera norteamericana en tribunales de Estados Unidos.
¿Por qué aquí y no en sus propios países? Una razón es que esos gobiernos prefieren demandar a las grandes empresas multinacionales en vez de a tabacaleras locales, que son las que venden cigarrillos en sus países. Aparentemente no quieren afectar la economía local. Y temen que en muchas naciones latinoamericanas quienes pierden el juicio deben pagar los gastos legales de ambas partes. Otras leyes limitan el monto de las indemnizaciones o el porcentaje que va a parar al bolsillo de los abogados litigantes, todo lo cual es problemático para los gobiernos y mucho menos atractivo para sus abogados. Por último, los abogados y esos gobiernos piensan que los jurados norteamericanos son mucho más generosos.
En cuanto a los jurados, no les falta razón. Un jurado en Nueva Orleans impuso una pena $2.500 millones por daños y perjuicios a la empresa de ferrocarriles CSX Transportation por la explosión de un vagón cisterna, en el cual nadie resultó lesionado y que formaba parte de un tren que no estaba ni siquiera siendo operado por la CSX. Las demandas relacionadas al cigarrillo son tan lucrativas para los abogados que los de apenas tres estados cobrarán honorarios por $8.200 millones.
¿Qué chance de éxito tiene esa novedosa estratagema de gobiernos latinoamericanos? Muy pequeño. Los abogados les dijeron que las tabacaleras prefieren llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Pero no les dijeron que el acuerdo al que se llegó en Estados Unidos en parte se debió a que los estados reformaron ciertas leyes para que las tabacaleras no se pudieran defender, pero esas reformas no tienen aplicación general. Otra cosa que los abogados no divulgaron es que el acuerdo no sólo tenía que ver con dinero sino también con una serie de regulaciones internas. Nada de eso ayudará a demandantes provenientes de otros países.
Las deficiencias legales de las demandas latinoamericanas son fenomenales. Al no incluir a las tabacaleras locales entre los demandados, esos gobiernos ponen al descubierto lo absurdo que son sus reclamaciones. Además, tales demandas no tienen ninguna base estatutaria. Se trata de naciones soberanas que han tomado sus propias decisiones sobre cómo gravar y regular el consumo de cigarrillos, pero que ahora se dan la vuelta en busca de una especie de premio de la lotería en tribunales norteamericanos.
La hipocresía tras las demandas es escalofriante. Casi toda Latinoamérica ha rechazado el sistema de responsabilidad extracontractual ("torts") con todos sus excesos colaterales, pero ahora creen detectar una vasija llena de monedas de oro al pie del arco iris. Y la hipocresía se multiplica frente al hecho que durante décadas esos mismos gobiernos han sido los principales beneficiarios de las ventas de cigarrillos, recaudando un promedio de dos dólares por cada dólar de venta de las tabacaleras.
Todos los países pueden regular el consumo de cigarrillos como quieran. Utilizar el sistema judicial de Estados Unidos en asuntos internos suyos es una verdadera vergüenza. Como norteamericanos debemos pensar porqué les estamos mandando dólares provenientes de nuestros impuestos para ayudar a reparar los desastres del huracán Mitch, mientras ellos nos demandan con abogados en nuestros propios tribunales para sacarnos dinero.
Página Web: www.nationalcenter.org
Presidenta del National Center for Public Policy Research/
