Golazo de 20 kilómetros
No muy conformes con la actuación de su "tri" en el recién pasado campeonato mundial de fútbol Corea - Japón 2002, ahora los mexicanos de ICA nos anotan un gol de casi 20 kilómetros de extensión en nuestro propio patio, cuando anunciaron el aumento del peaje por el uso del Corredor Sur. Recientemente, los argumentos sobre ese tema salieron a la palestra pública por los directivos de la empresa azteca: "El alza estaba establecida en el contrato entre la empresa y el Estado, para este año". Si bien es cierto, el Estado tiene el deber de respetar los acuerdos o contratos suscritos con empresas o consorcios nacionales o internacionales; no es menos cierto que esta empresa construyó esa obra con la finalidad de brindar un servicio y a la vez usufructuar, por lo que debió tomarse en consideración a los miles de usuarios que depositaron en ellos su confianza y suspender, aunque sea de manera parcial o temporal, este aumento, tomando en consideración la difícil situación económica por la que atraviesa la sociedad panameña.
Aunque ello no es una obligación, por cuanto no es responsabilidad de los inversionistas las dificultades que se presenten a futuro en el país, luego de realizada la inversión, considero juicioso y de solidaridad mantener la tarifa vigente antes del 30 de junio. El aumento en el pasaje por el uso del Corredor Sur de por sí ha generado una reacción en cadena y sus consecuencias no se han hecho esperar e inclusive hay posiciones radicales que consisten en no utilizar esta moderna infraestructura, hasta tanto no se suspenda la aplicación de la nueva tarifa.
Esta reacción ha ocasionado un infiernillo vehicular que está saturando la vía José Agustín Arango, pero con mayores proporciones en la vía José Domingo Díaz, llamada comúnmente Tocumen. Desde que se implementó ese aumento, estas vías se han convertido en receptores de miles de usuarios que estaban acostumbrados a utilizar las ventajas del Corredor Sur, construido mediante concesión administrativa por la suma de 222 millones de balboas.
Tengo que confesar que al principio tenía mis aprehensiones sobre el éxito de esa vía de comunicación terrestre y marítima; pero luego de casi tres años de inaugurado, he observado que estaba llenando las expectativas que tenían los promotores y constructores del proyecto, a tal punto que se notaba un desahogo diario en las dos avenidas antes citadas.
Con la nueva tarifa se ha registrado una estampida vehicular hacia esas dos importantes arterias capitalinas, causando un malestar generalizado. La razón, los bolsillos no aguantan más aumentos y pareciera que los mexicanos no lo han entendido o, mejor dicho, no han querido comprender que la situación económica no sólo en Panamá, sino en el resto del mundo, no da para más. Pienso que antes de tomar semejante medida antipopular; con sensatez, lógica y sentido común, aprendieran de aquel refrán que reza "más vale pájaro en mano, que cien volando".
Visualizando el problema, creo lo más saludable en estos momentos es que los directivos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), estudien la posibilidad de incorporar nuevamente un tercer carril desde la Vía Tocumen hasta la Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), con el propósito de agilizar el flujo vehicular en un horario de 6 a 8 de la mañana, los días hábiles, y por lo menos compensar como gobierno el aumento que ya ha implementado ICA en el momento menos oportuno. La utilización de un tercer carril dio sus frutos hace un par de años, hasta que el antiguo director de esa entidad, lo eliminó, sin dar mayores explicaciones a pesar de las protestas de miles de moradores de las barridas situadas en las afueras de la capital que se vieron perjudicados con esta medida que muchos tildaron "de fuerza y caprichosa".
Sería prudente que los encargados de hacer los reordenamientos vehiculares, en este caso la ATTT, analizaran con verdadera seriedad y responsabilidad esta alternativa, la única que a corto plazo veo más viable y que estoy seguro será aceptada por más de 120 mil usuarios de las vías José Agustín Arango y José Domingo Díaz. El aceptar esta propuesta haría menos traumático el recorrido de los residentes de sectores como Chepo, Pacora, Tocumen, Pedregal, Juan Díaz, las barriadas San Antonio, Cerro Viento, El Crisol, Villa Lucre, Club de Golf #2, y demás áreas que cotidianamente tienen que trasladarse desde muy tempranas horas de la madrugada hacia el centro de la ciudad para dirigirse hacia sus puestos de trabajo y centros educativos
Es mejor buscar soluciones en tiempo de paz que tomar medidas desesperadas dentro del marco de una agitación social que nadie quiere, pero que, de ser cierto aquello de que la paciencia de los pueblos tiene un límite, puede estar más cerca de lo que quizás muchos no se imaginan.
Qué lastima que tanto descontento generalizado en la población, no haya sido canalizado por la oposición política del país con acciones y posiciones más firmes para exigir la ejecución de una verdadera política del gobierno a favor de los más necesitados, de atracción de inversiones, de bajar el índice del desempleo, de erradicar las prácticas de corrupción; en fin, de hacer un gobierno más digno del que hasta ahora se ha hecho.
Para Endara, el Estado no es responsable de lo que aconteció con esos fondos, porque fueron personas individuales las que los tomaron. "Cuando nosotros cogimos el Estado, no había nada de plata. Eso de que había cheques serían papeles sin pago de ninguna clase", puntualizó Endara.
"Vale la pena que se investigue, sobre todo aquéllo que se refiere a la sustracción de dineros por altos oficiales del Estado Mayor", indicó Endara. Consultado sobre este caso, el ex gerente del Banco Nacional de Panamá, Luis H. Moreno, dijo que mientras estuvo al frente de la institución en el período post invasión nadie solicitó que se rindieran informes sobre los presuntos dineros pertenecientes a la AMIFUP.
En su opinión, lo que tienen que hacer los que reclaman dineros de esta índole es "verificar a nombre de quién estaban esos fondos y dónde estaban esos dineros, eso es lo que tienen que hacer".
También el ex contralor general de la república, José Chen Barría, se refirió a este caso indicando que no tuvo relación con el mismo, debido a que en el período en que se ventiló, todavía no estaba en la Contraloría, pues laboraba en Migración.
El director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Jorge Fabián Gutiérrez, declaró que esta entidad dará trámite a la queja planteada por los miembros de la AMIFUP.
"Estamos convencidos de que las autoridades deben en la medida de su competencia, por lo menos dar una respuesta satisfactoria a esta asociación de reservistas sobre el destino de sus fondos", manifestó Gutiérrez. Agregó que la Defensoría del Pueblo no sabe en qué tiempo pueda el Estado reconsiderar este caso, como tampoco cuál es el verdadero monto de los dineros que exige la AMIFUP le sean devueltos.
"Ahora iniciamos las investigaciones, pero definitivamente la queja ha sido admitida y se va a tramitar", subrayó Gutiérrez. Explicó que dentro del trámite está la solicitud de informe sobre el tema al Banco Nacional de Panamá y al Ministerio de Economía y Finanzas. "Una vez que nos respondan y tengamos la información completa, evaluaremos qué gestiones podemos hacer en pro de que ese dinero regrese a su legítimo dueño", puntualizó Gutiérrez.
El comandante de la antigua Guardia Nacional de Panamá, general retirado Rubén Darío Paredes, fue del criterio de que a la AMIFUP debe devolvérsele los dineros que fueron enviados al arca común del Estado. "No hay ninguna duda que esos fondos pertenecen a la tropa y oficiales, pues se les descontaba el dinero quincenalmente", dijo Paredes a El Panamá América.
Recordó que por instrucciones del desaparecido general Omar Torrijos Herrera, le correspondió implementar este Fondo para el Retiro, el cual era "obligatorio" para todo el personal con una aportación mínima mensual de B/.2.00. Si una unidad quería aportar más podía hacerlo y así tener un mejor ahorro al final.
"Desde el general hasta el ordenanza tenían que aportar para que al jubilarse a los 25 años de servicio, el guardia pudiera tener un efectivo adicional para su reintegro a la sociedad civil", indicó Paredes.
También mencionó que había otro descuento de 1 balboa mensual destinado al Seguro Colectivo de Vida (con una aseguradora privada), que consistía en una póliza por 10 mil balboas para el guardia o sus deudos.
Según Paredes, esos dineros devengaban un interés para los miembros y cuando fue comandante de la Guardia Nacional giró instrucciones para que fueran depositados en el Banco Nacional de Panamá y otros bancos privados que daban un mejor interés por plazo fijo.
Paredes aclaró que su gestión administrativa ocurrió en un período normal, donde no había sanciones económicas, ni presiones políticas, pero la invasión militar norteamericana "provocó algunos desajustes y desórdenes".
A pesar de ello, Paredes espera que el Estado le reconozca a los miembros de AMIFUP su derecho a los dineros que habían ahorrado. "No hay duda, aunque ahora se denomine diferente, institucionalmente ese dinero pertenece a los miembros de la Fuerza Pública", subrayó Paredes.
Aunque ello no es una obligación, por cuanto no es responsabilidad de los inversionistas las dificultades que se presenten a futuro en el país, luego de realizada la inversión, considero juicioso y de solidaridad mantener la tarifa vigente antes del 30 de junio. El aumento en el pasaje por el uso del Corredor Sur de por sí ha generado una reacción en cadena y sus consecuencias no se han hecho esperar e inclusive hay posiciones radicales que consisten en no utilizar esta moderna infraestructura, hasta tanto no se suspenda la aplicación de la nueva tarifa.
Esta reacción ha ocasionado un infiernillo vehicular que está saturando la vía José Agustín Arango, pero con mayores proporciones en la vía José Domingo Díaz, llamada comúnmente Tocumen. Desde que se implementó ese aumento, estas vías se han convertido en receptores de miles de usuarios que estaban acostumbrados a utilizar las ventajas del Corredor Sur, construido mediante concesión administrativa por la suma de 222 millones de balboas.
Tengo que confesar que al principio tenía mis aprehensiones sobre el éxito de esa vía de comunicación terrestre y marítima; pero luego de casi tres años de inaugurado, he observado que estaba llenando las expectativas que tenían los promotores y constructores del proyecto, a tal punto que se notaba un desahogo diario en las dos avenidas antes citadas.
Con la nueva tarifa se ha registrado una estampida vehicular hacia esas dos importantes arterias capitalinas, causando un malestar generalizado. La razón, los bolsillos no aguantan más aumentos y pareciera que los mexicanos no lo han entendido o, mejor dicho, no han querido comprender que la situación económica no sólo en Panamá, sino en el resto del mundo, no da para más. Pienso que antes de tomar semejante medida antipopular; con sensatez, lógica y sentido común, aprendieran de aquel refrán que reza "más vale pájaro en mano, que cien volando".
Visualizando el problema, creo lo más saludable en estos momentos es que los directivos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), estudien la posibilidad de incorporar nuevamente un tercer carril desde la Vía Tocumen hasta la Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), con el propósito de agilizar el flujo vehicular en un horario de 6 a 8 de la mañana, los días hábiles, y por lo menos compensar como gobierno el aumento que ya ha implementado ICA en el momento menos oportuno. La utilización de un tercer carril dio sus frutos hace un par de años, hasta que el antiguo director de esa entidad, lo eliminó, sin dar mayores explicaciones a pesar de las protestas de miles de moradores de las barridas situadas en las afueras de la capital que se vieron perjudicados con esta medida que muchos tildaron "de fuerza y caprichosa".
Sería prudente que los encargados de hacer los reordenamientos vehiculares, en este caso la ATTT, analizaran con verdadera seriedad y responsabilidad esta alternativa, la única que a corto plazo veo más viable y que estoy seguro será aceptada por más de 120 mil usuarios de las vías José Agustín Arango y José Domingo Díaz. El aceptar esta propuesta haría menos traumático el recorrido de los residentes de sectores como Chepo, Pacora, Tocumen, Pedregal, Juan Díaz, las barriadas San Antonio, Cerro Viento, El Crisol, Villa Lucre, Club de Golf #2, y demás áreas que cotidianamente tienen que trasladarse desde muy tempranas horas de la madrugada hacia el centro de la ciudad para dirigirse hacia sus puestos de trabajo y centros educativos
Es mejor buscar soluciones en tiempo de paz que tomar medidas desesperadas dentro del marco de una agitación social que nadie quiere, pero que, de ser cierto aquello de que la paciencia de los pueblos tiene un límite, puede estar más cerca de lo que quizás muchos no se imaginan.
Qué lastima que tanto descontento generalizado en la población, no haya sido canalizado por la oposición política del país con acciones y posiciones más firmes para exigir la ejecución de una verdadera política del gobierno a favor de los más necesitados, de atracción de inversiones, de bajar el índice del desempleo, de erradicar las prácticas de corrupción; en fin, de hacer un gobierno más digno del que hasta ahora se ha hecho.
Para Endara, el Estado no es responsable de lo que aconteció con esos fondos, porque fueron personas individuales las que los tomaron. "Cuando nosotros cogimos el Estado, no había nada de plata. Eso de que había cheques serían papeles sin pago de ninguna clase", puntualizó Endara.
"Vale la pena que se investigue, sobre todo aquéllo que se refiere a la sustracción de dineros por altos oficiales del Estado Mayor", indicó Endara. Consultado sobre este caso, el ex gerente del Banco Nacional de Panamá, Luis H. Moreno, dijo que mientras estuvo al frente de la institución en el período post invasión nadie solicitó que se rindieran informes sobre los presuntos dineros pertenecientes a la AMIFUP.
En su opinión, lo que tienen que hacer los que reclaman dineros de esta índole es "verificar a nombre de quién estaban esos fondos y dónde estaban esos dineros, eso es lo que tienen que hacer".
También el ex contralor general de la república, José Chen Barría, se refirió a este caso indicando que no tuvo relación con el mismo, debido a que en el período en que se ventiló, todavía no estaba en la Contraloría, pues laboraba en Migración.
El director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Jorge Fabián Gutiérrez, declaró que esta entidad dará trámite a la queja planteada por los miembros de la AMIFUP.
"Estamos convencidos de que las autoridades deben en la medida de su competencia, por lo menos dar una respuesta satisfactoria a esta asociación de reservistas sobre el destino de sus fondos", manifestó Gutiérrez. Agregó que la Defensoría del Pueblo no sabe en qué tiempo pueda el Estado reconsiderar este caso, como tampoco cuál es el verdadero monto de los dineros que exige la AMIFUP le sean devueltos.
"Ahora iniciamos las investigaciones, pero definitivamente la queja ha sido admitida y se va a tramitar", subrayó Gutiérrez. Explicó que dentro del trámite está la solicitud de informe sobre el tema al Banco Nacional de Panamá y al Ministerio de Economía y Finanzas. "Una vez que nos respondan y tengamos la información completa, evaluaremos qué gestiones podemos hacer en pro de que ese dinero regrese a su legítimo dueño", puntualizó Gutiérrez.
El comandante de la antigua Guardia Nacional de Panamá, general retirado Rubén Darío Paredes, fue del criterio de que a la AMIFUP debe devolvérsele los dineros que fueron enviados al arca común del Estado. "No hay ninguna duda que esos fondos pertenecen a la tropa y oficiales, pues se les descontaba el dinero quincenalmente", dijo Paredes a El Panamá América.
Recordó que por instrucciones del desaparecido general Omar Torrijos Herrera, le correspondió implementar este Fondo para el Retiro, el cual era "obligatorio" para todo el personal con una aportación mínima mensual de B/.2.00. Si una unidad quería aportar más podía hacerlo y así tener un mejor ahorro al final.
"Desde el general hasta el ordenanza tenían que aportar para que al jubilarse a los 25 años de servicio, el guardia pudiera tener un efectivo adicional para su reintegro a la sociedad civil", indicó Paredes.
También mencionó que había otro descuento de 1 balboa mensual destinado al Seguro Colectivo de Vida (con una aseguradora privada), que consistía en una póliza por 10 mil balboas para el guardia o sus deudos.
Según Paredes, esos dineros devengaban un interés para los miembros y cuando fue comandante de la Guardia Nacional giró instrucciones para que fueran depositados en el Banco Nacional de Panamá y otros bancos privados que daban un mejor interés por plazo fijo.
Paredes aclaró que su gestión administrativa ocurrió en un período normal, donde no había sanciones económicas, ni presiones políticas, pero la invasión militar norteamericana "provocó algunos desajustes y desórdenes".
A pesar de ello, Paredes espera que el Estado le reconozca a los miembros de AMIFUP su derecho a los dineros que habían ahorrado. "No hay duda, aunque ahora se denomine diferente, institucionalmente ese dinero pertenece a los miembros de la Fuerza Pública", subrayó Paredes.
