Gorilazos contra la libertad
Cuando se disponía a comer, un monarca de la época halló bajo su servilleta un poema satírico contra su administración. La historia nunca lo ha podido
confirmar, pero a Francisco de Quevedo se le atribuyó la autoría de ese famoso "Memorial", y eso le costó casi cuatro años en prisión.
A Quevedo le tenían ganas, porque no dejaba de satirizar cuanta estupidez se manifestara en todos los niveles posibles de la sociedad. El hallazgo bajo la servilleta, fue quizás una excusa para acallar al legendario poeta de pícaros, autor de otro poema que, para mi concepto, resume la lucha por la libertad de expresión contra la tiranía: "No he de callar, por más que con el dedo/, ya tocando la boca o ya la frente,/ silencio avises o amenaces miedo./ ¿No ha de haber un espíritu valiente?/ ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice/ ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?", escribió hace siglos Quevedo, en su "Epístola satírica y
censoria contra las costumbres..."
Como Quevedo, en su momento, La Cáscara ha hecho más por la libertad de expresión, que los gobernantes cuando aquellos la ejercen, y éstos la
amenazan. Para no irnos muy lejos, a un mes de haber tomado posesión de su cargo, el actual Presidente dijo el 14 de octubre de 1994 que derogaría cualquier ley que atentara contra la libertad de expresión. Pero ya ven, hemos casi llegado al final de este gobierno y no sólo no las han derogado sino que continúan prometiendo su eliminación por un lado, y las aplican,
amenazan con aplicarlas o dejan que se usen, por el otro.
Miguel A. Bernal, Herasto Reyes, Brittmarie Janson, Gustavo Gorriti, Rolando Rodríguez, Michelle Lescure, Marcelino Rodríguez, Rigoberto Caballero, José Otero, Blas Julio, Carmen Boyd, Justino González, Milton Corrales y ahora a los protagonistas de mi programa favorito, en lo que a sátira política y
social se refiere, Ubaldo Davis y Carlos Cleghorn (Agapito Rizcalla), son víctimas de leyes mordaza.
Quizás a la mayoría de los anteriores pudiera señalársele por hablar o escribir fuerte, en unos casos. También en otros contados casos podrá decirse que satirizan a los extremos que el propio Quevedo llegó en su momento alcanzar, escribiendo cosas en libros que, si la ministra de gobierno sabe que tengo, me los confisca y ordena quemarlos. Pero nada de eso puede ser peor que mantener la amenaza de las leyes mordaza, vigente.
No defiendo vulgaridades como aquella del mandatario que en una ocasión se refirió a lo que tenía debajo de los pantalones ¿Recuerdan? Y si lo fueran a
castigar por ello, pensaría en lo injusto que resulta para cualquier panameño que se deba recurrir a cualquiera de las leyes mordaza para hacerlo. Por eso urge eliminarlas.
Los castigos van de acuerdo a la falta, y nunca con las leyes mordazas vigentes, se podrá lograr esa equilibrada medida. Por tanto, me niego a que este gobierno se autoproclame como el ente con autoridad moral para sancionar. No puede, sencillamente, porque ha sido el primero en cometer la falta de permitir la vigencia de unas normas totalmente represivas, como lo son la 1, 11, 67, 68 y 251 (por mencionar las más notorias).
Vamos a los ejemplos concretos: El hoy presidente Ernesto Pérez Balladares, siendo entonces comisionado de legislación avaló en 1978, las leyes mordaza.
Quien quiera confirmarlo, puede leer en las Gacetas Oficiales las leyes 11, 67 y 68 y encontrará en ellas las firmas del comisionado de marras. Pero hay más. El hoy vicepresidente Tomás Gabriel Altamirano Duque, siendo ministro de Vivienda también firmó en esos tiempos las leyes mordaza que hoy se prometen derogar. Y por si lo anterior no le ha parecido suficiente, sepa que el hoy presidente de la Asamblea Legislativa, Gerardo González, firmó como vicepresidente de la República en 1978, las tres mismas leyes 11, 67 y 68 en cuestión.
Más hechos. En 1981 el entonces gerente de los Casinos Nacionales, José Luis Sosa, sí, el mismo que hoy es director de la policía, hizo un homenaje a unos periodistas con motivo de la celebración del día de los idem, en la Casa de los también idem: "Quiero que el día que yo vaya por mal camino me corrijan", dijo por entonces frente a una batería de periodistas (Crítica,
28 de abril de 1998) Pues bien, ese día llegó hace muchos ayeres. Los periodistas, y los que no lo son, hace mucho venimos diciendo que las leyes mordaza, como las que este gobierno quiere aplicar, no son consecuentes con el ejercicio de la democracia.
Pero hay más. Hemos mencionado la realidad de un Ejecutivo que ayer avaló las leyes y hoy no hace nada por derogarlas, la realidad de un Legislativo que va por el mismo camino, pero ¿qué hay de los poderes judiciales?
Comenzando por el procurador José Antonio Sossa, quien debiera recordar que las luchas desde oposición buscaban entre otras cosas, terminar con la represión y las leyes mordaza. Pero hoy son esas sus herramientas.
Seguimos con la Corte Suprema. Lean el artículo publicado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, publicado en El Panamá
América el 3 de junio de 1994: "Hay que definir el futuro de la libertad de expresión en Panamá. Para ello se deberá cambiar radicalmente la legislación
represiva". También deberemos consagrar mecanismos preventivos y sancionatorios -predominantemente civiles...".
El 4 de noviembre de 1998 veíamos con indignación que en dos diarios locales se reportaba que "La Corte Suprema de Justicia declaró que no son inconstitucionales los artículos 172, 173,
confirmar, pero a Francisco de Quevedo se le atribuyó la autoría de ese famoso "Memorial", y eso le costó casi cuatro años en prisión.
A Quevedo le tenían ganas, porque no dejaba de satirizar cuanta estupidez se manifestara en todos los niveles posibles de la sociedad. El hallazgo bajo la servilleta, fue quizás una excusa para acallar al legendario poeta de pícaros, autor de otro poema que, para mi concepto, resume la lucha por la libertad de expresión contra la tiranía: "No he de callar, por más que con el dedo/, ya tocando la boca o ya la frente,/ silencio avises o amenaces miedo./ ¿No ha de haber un espíritu valiente?/ ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice/ ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?", escribió hace siglos Quevedo, en su "Epístola satírica y
censoria contra las costumbres..."
Como Quevedo, en su momento, La Cáscara ha hecho más por la libertad de expresión, que los gobernantes cuando aquellos la ejercen, y éstos la
amenazan. Para no irnos muy lejos, a un mes de haber tomado posesión de su cargo, el actual Presidente dijo el 14 de octubre de 1994 que derogaría cualquier ley que atentara contra la libertad de expresión. Pero ya ven, hemos casi llegado al final de este gobierno y no sólo no las han derogado sino que continúan prometiendo su eliminación por un lado, y las aplican,
amenazan con aplicarlas o dejan que se usen, por el otro.
Miguel A. Bernal, Herasto Reyes, Brittmarie Janson, Gustavo Gorriti, Rolando Rodríguez, Michelle Lescure, Marcelino Rodríguez, Rigoberto Caballero, José Otero, Blas Julio, Carmen Boyd, Justino González, Milton Corrales y ahora a los protagonistas de mi programa favorito, en lo que a sátira política y
social se refiere, Ubaldo Davis y Carlos Cleghorn (Agapito Rizcalla), son víctimas de leyes mordaza.
Quizás a la mayoría de los anteriores pudiera señalársele por hablar o escribir fuerte, en unos casos. También en otros contados casos podrá decirse que satirizan a los extremos que el propio Quevedo llegó en su momento alcanzar, escribiendo cosas en libros que, si la ministra de gobierno sabe que tengo, me los confisca y ordena quemarlos. Pero nada de eso puede ser peor que mantener la amenaza de las leyes mordaza, vigente.
No defiendo vulgaridades como aquella del mandatario que en una ocasión se refirió a lo que tenía debajo de los pantalones ¿Recuerdan? Y si lo fueran a
castigar por ello, pensaría en lo injusto que resulta para cualquier panameño que se deba recurrir a cualquiera de las leyes mordaza para hacerlo. Por eso urge eliminarlas.
Los castigos van de acuerdo a la falta, y nunca con las leyes mordazas vigentes, se podrá lograr esa equilibrada medida. Por tanto, me niego a que este gobierno se autoproclame como el ente con autoridad moral para sancionar. No puede, sencillamente, porque ha sido el primero en cometer la falta de permitir la vigencia de unas normas totalmente represivas, como lo son la 1, 11, 67, 68 y 251 (por mencionar las más notorias).
Vamos a los ejemplos concretos: El hoy presidente Ernesto Pérez Balladares, siendo entonces comisionado de legislación avaló en 1978, las leyes mordaza.
Quien quiera confirmarlo, puede leer en las Gacetas Oficiales las leyes 11, 67 y 68 y encontrará en ellas las firmas del comisionado de marras. Pero hay más. El hoy vicepresidente Tomás Gabriel Altamirano Duque, siendo ministro de Vivienda también firmó en esos tiempos las leyes mordaza que hoy se prometen derogar. Y por si lo anterior no le ha parecido suficiente, sepa que el hoy presidente de la Asamblea Legislativa, Gerardo González, firmó como vicepresidente de la República en 1978, las tres mismas leyes 11, 67 y 68 en cuestión.
Más hechos. En 1981 el entonces gerente de los Casinos Nacionales, José Luis Sosa, sí, el mismo que hoy es director de la policía, hizo un homenaje a unos periodistas con motivo de la celebración del día de los idem, en la Casa de los también idem: "Quiero que el día que yo vaya por mal camino me corrijan", dijo por entonces frente a una batería de periodistas (Crítica,
28 de abril de 1998) Pues bien, ese día llegó hace muchos ayeres. Los periodistas, y los que no lo son, hace mucho venimos diciendo que las leyes mordaza, como las que este gobierno quiere aplicar, no son consecuentes con el ejercicio de la democracia.
Pero hay más. Hemos mencionado la realidad de un Ejecutivo que ayer avaló las leyes y hoy no hace nada por derogarlas, la realidad de un Legislativo que va por el mismo camino, pero ¿qué hay de los poderes judiciales?
Comenzando por el procurador José Antonio Sossa, quien debiera recordar que las luchas desde oposición buscaban entre otras cosas, terminar con la represión y las leyes mordaza. Pero hoy son esas sus herramientas.
Seguimos con la Corte Suprema. Lean el artículo publicado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, publicado en El Panamá
América el 3 de junio de 1994: "Hay que definir el futuro de la libertad de expresión en Panamá. Para ello se deberá cambiar radicalmente la legislación
represiva". También deberemos consagrar mecanismos preventivos y sancionatorios -predominantemente civiles...".
El 4 de noviembre de 1998 veíamos con indignación que en dos diarios locales se reportaba que "La Corte Suprema de Justicia declaró que no son inconstitucionales los artículos 172, 173,
