Gran peligro en Darién
Aproximadamente, una sexta parte del territorio panameño que colinda con Colombia es tierra de nadie, pues Panamá no está en condiciones de ejercer su soberanía plena allí. Bandas armadas de delincuentes o guerrilleros colombianos deambulan libremente sin Dios ni ley y han tomado posesión del lugar, atemorizando a la población. Su presencia en el área y la subordinación que tienen nuestros connacionales nos hace pensar en las famosas "zonas de exclusión" en que se guarecen los guerrilleros en territorio colombiano.
Parece que, ante el hostigamiento de la fuerzas armadas colombianas, se están trasladando a nuestro país con la secuela de peligro, violencia, drogas, muerte, extorsión, secuestros, etc., que los acompaña. Esta es una situación peligrosa e intolerable y a medida que pasa el tiempo toman más arraigo, por lo que se hace más difícil erradicarlos.
Hasta ahora las autoridades panameñas habían mantenido una posición de no confrontación con esos personajes, lo que les ha permitido la impunidad para adentrarse cada vez mas en Panamá. Los panameños no somos de guerra ni queremos una escalada armamentista, tampoco queremos destinar cuantiosos fondos para esa tarea, ya que, como nación pequeña, no estamos en capacidad de enfrentar exitosamente a estos malandrines experimentados en combate, sin un grave sacrificio fiscal digno de mejor uso en las comunidades necesitadas del país. Además del gran peligro para nuestros policías, también es un riesgo para la democracia panameña tener una cuerpo fuertemente armado con experiencia en combate porque crearía un desbalance en la correlación de fuerzas internas. Existe la connotación de lo que ha sucedido en otros lares, como México, donde una vez que se entrenó cuerpos policiales especiales autónomos para atender estas situaciones son corrompidos, comprados o anexados a los malandrines que pretenden combatir.
No sería vergonzoso para Panamá pedir apoyo a Estados Unidos para controlar el área y negociar el establecimiento de estaciones de monitoreo conjunto bien equipadas, dotadas de helicópteros, y personal calificado y así controlar el tráfico ilegal de personas y drogas que tienen como destino principal el país estadounidense, a quien correspondería hacer las erogaciones para el control de este tráfico, no a nosotros con una economía que malamente puede atender las necesidades de nuestro pueblo.
Estas estaciones de monitoreo conjuntas se pueden negociar para que conlleven, además de la seguridad, mejoras en los pueblos circundantes en la atención médica, educación, oportunidades de trabajo bien remunerado, construcción de caminos, apertura de mercados a los productores del área. Los panameños tenemos que ser realistas, esta vigilancia ya la están haciendo los norteamericanos vía satelital (así se comunican con nuestra policía para hacer las capturas), lo único que al establecerse en el área podemos tener el beneficio de contar con equipo para una respuesta rápida y contundente, lo que amedrentaría a los posibles invasores y podríamos dedicar nuestros policías a mantener la seguridad interna en nuestras ciudades.
El peligro de esta invasión y dominio de insurgentes colombianos en el área implica un gran peligro y fomenta que nuestros nacionales se involucren en el narcotráfico. También afectaría gravemente el valor de propiedades como Contadora, Isla Viveros, Isla del Rey, Saboga, San José, Piñas, etc., si se diera un secuestro de un magnate residente, o un atraco a toda una población, para lo cual nuestras autoridades no están preparadas.
Es necesario ejecutar medidas inteligentes, efectivas y prácticas urgentes para prevenir daños mayores en esa zona y en el resto del país, y que no representen una cuantiosa inversión totalmente inocua para el progreso de Panamá.
