Gravamen contra Panamá y Zona Libre
La Autoridad Marítima de Panamá acaba de aprobar una tasa aplicable a todos los contenedores que entran y salen del territorio nacional que se puede convertir en un verdadero golpe de gracia para liquidar a la Zona Libre de Colón. En esta ocasión se trata de exigir el pago de una tarifa que varía entre cuarenta y cincuenta balboas por un servicio de inspección utilizando un túnel de rayos X que permite identificar el tipo de mercancía dentro de los contenedores.
Este impuesto escondido que puede representar para el fisco una recaudación de treinta millones de balboas al año, teniendo en cuenta el movimiento en los puertos panameños, disminuiría la competitividad de nuestra zona libre no solamente por el costo directo adicional que significa para los productos que maneja, sino también por las demoras que introduce en la operación de la carga.
Además, el momento es el menos oportuno. La Zona Libre de Colón atraviesa la peor crisis económica en la historia desde su fundación, con disminuciones en el movimiento de mercaderías por el orden del treinta por ciento, y con aumentos en sus fletes del sesenta por ciento. Sus principales mercados en la región están fuertemente afectados y los inventarios que maneja se encuentran en niveles muy elevados con altos costos de financiamiento.
Los sistemas de aduana en todo el mundo están tratando de simplificar sus procedimientos de revisión, menos en Panamá. Hoy en día los inspectores de los aeropuertos verifican el equipaje de algunos pasajeros tomados al azar, porque de esta manera evitan el perjuicio que causa revisar todas las maletas, por lo que se requieren menos inspectores de aduana y se obtienen los mismos resultados de acuerdo a la ley de probabilidades.
Pero aquí, donde hablamos de la necesidad de ser más eficientes, de promover la competitividad de los sectores productivos, de aumentar los puestos de trabajo, reducir los costos y la burocracia administrativa, actuamos en sentido contrario, ideando modelos que paralizan el comercio, aumentan los impuestos, disminuyen la productividad y ponen en peligro las actividades que generan empleo.
Todo el mundo está de acuerdo en perseguir las acciones ilícitas de un pequeño grupo de delincuentes; pero los procedimientos utilizados no pueden paralizar las actividades económicas de la gran mayoría de empresas responsables que cumplen con su deber y generan empleo productivo.
Este impuesto escondido que puede representar para el fisco una recaudación de treinta millones de balboas al año, teniendo en cuenta el movimiento en los puertos panameños, disminuiría la competitividad de nuestra zona libre no solamente por el costo directo adicional que significa para los productos que maneja, sino también por las demoras que introduce en la operación de la carga.
Además, el momento es el menos oportuno. La Zona Libre de Colón atraviesa la peor crisis económica en la historia desde su fundación, con disminuciones en el movimiento de mercaderías por el orden del treinta por ciento, y con aumentos en sus fletes del sesenta por ciento. Sus principales mercados en la región están fuertemente afectados y los inventarios que maneja se encuentran en niveles muy elevados con altos costos de financiamiento.
Los sistemas de aduana en todo el mundo están tratando de simplificar sus procedimientos de revisión, menos en Panamá. Hoy en día los inspectores de los aeropuertos verifican el equipaje de algunos pasajeros tomados al azar, porque de esta manera evitan el perjuicio que causa revisar todas las maletas, por lo que se requieren menos inspectores de aduana y se obtienen los mismos resultados de acuerdo a la ley de probabilidades.
Pero aquí, donde hablamos de la necesidad de ser más eficientes, de promover la competitividad de los sectores productivos, de aumentar los puestos de trabajo, reducir los costos y la burocracia administrativa, actuamos en sentido contrario, ideando modelos que paralizan el comercio, aumentan los impuestos, disminuyen la productividad y ponen en peligro las actividades que generan empleo.
Todo el mundo está de acuerdo en perseguir las acciones ilícitas de un pequeño grupo de delincuentes; pero los procedimientos utilizados no pueden paralizar las actividades económicas de la gran mayoría de empresas responsables que cumplen con su deber y generan empleo productivo.
