Grave crisis de la salud estatal
La grave crisis que conmueve los servicios esenciales del Hospital Santo Tomás ha puesto al descubierto la magra vocación del gobierno para atender las demandas de los sectores populares. Mientras las obras de cemento y hormigón lucen su espectacularidad millonaria, necesidades básicas de salud no tienen sustento presupuestal.
Como han revelado dramáticamente los médicos a cargo de los servicios básicos, todas las máquinas de anestesia del Hospital Santo Tomás están inservibles y no hay partidas presupuestales para repararlas. Lo mismo sucede con los servicios de obstetricia, nefrología, etc.
Frente a la denuncia pública de los médicos, las autoridades de Salud han respondido con argumentos deleznablemente políticos, en su intento de ocultar a la opinión pública la calamitosa realidad de los centros hospitalarios estatales. Mas no se puede tapar el sol con un dedo.
El director médico del Hospital Santo Tomás, doctor Roberto Blandón, es un prestigioso médico conocido en el gremio por sus investigaciones y no por posiciones políticas. Si fuera simpatizante de la oposición probablemente no lo habría nombrado en tan importante rango el Ministerio de Salud. Y si fuera simpatizante del oficialismo quizás hubiera callado, respondiendo a consignas políticas.
El problema de fondo no es ganar o restar votos a algún candidato, como plantea el Ministerio de Salud, sino rehabilitar los servicios del Santo Tomás para que los sectores populares sean atendidos con garantía científica para sus dolencias, vale decir elementos tecnológicos e insumos en buen estado y con logística presupuestal adecuada. Centenares de miles de panameños viven en situación de urgencia porque no pueden ser intervenidos quirúrgicamente por carecerse de la infraestructura de anestesiología o porque no pueden ser atendidos debidamente en otros servicios. Los directores médicos sin embargo han cumplido responsablemente alertando sobre esta situación de emergencia.
La atención a la salud pública es una exigencia constitucional para los gobernantes de inexcusable cumplimiento. La Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría establece que en 1996 continúa el mismo número de hospitales de 1992. En cambio ha aumentado el número de centros de salud y policlínicas en el mismo lapso, de 182 (1992) a 193 (1996). Pero no se trata de derrochar cemento y cortar cintas en nuevos hospitales vacíos, sino en dotarlos de presupuestos que garanticen la atención a la población, que por razones económicas, sufre los estragos del desempleo, la desnutrición y la baja calidad de vida.
Como han revelado dramáticamente los médicos a cargo de los servicios básicos, todas las máquinas de anestesia del Hospital Santo Tomás están inservibles y no hay partidas presupuestales para repararlas. Lo mismo sucede con los servicios de obstetricia, nefrología, etc.
Frente a la denuncia pública de los médicos, las autoridades de Salud han respondido con argumentos deleznablemente políticos, en su intento de ocultar a la opinión pública la calamitosa realidad de los centros hospitalarios estatales. Mas no se puede tapar el sol con un dedo.
El director médico del Hospital Santo Tomás, doctor Roberto Blandón, es un prestigioso médico conocido en el gremio por sus investigaciones y no por posiciones políticas. Si fuera simpatizante de la oposición probablemente no lo habría nombrado en tan importante rango el Ministerio de Salud. Y si fuera simpatizante del oficialismo quizás hubiera callado, respondiendo a consignas políticas.
El problema de fondo no es ganar o restar votos a algún candidato, como plantea el Ministerio de Salud, sino rehabilitar los servicios del Santo Tomás para que los sectores populares sean atendidos con garantía científica para sus dolencias, vale decir elementos tecnológicos e insumos en buen estado y con logística presupuestal adecuada. Centenares de miles de panameños viven en situación de urgencia porque no pueden ser intervenidos quirúrgicamente por carecerse de la infraestructura de anestesiología o porque no pueden ser atendidos debidamente en otros servicios. Los directores médicos sin embargo han cumplido responsablemente alertando sobre esta situación de emergencia.
La atención a la salud pública es una exigencia constitucional para los gobernantes de inexcusable cumplimiento. La Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría establece que en 1996 continúa el mismo número de hospitales de 1992. En cambio ha aumentado el número de centros de salud y policlínicas en el mismo lapso, de 182 (1992) a 193 (1996). Pero no se trata de derrochar cemento y cortar cintas en nuevos hospitales vacíos, sino en dotarlos de presupuestos que garanticen la atención a la población, que por razones económicas, sufre los estragos del desempleo, la desnutrición y la baja calidad de vida.
