Guantánamo: dos años de limbo legal
Aún permanecen en la memoria colectiva las imágenes bochornosas en las que los canales internacionales mostraban por televisión cómo decenas de presos vestidos con monos naranjas, encadenados, con los ojos tapados y en fila de a uno llegaban a la base estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba.
Este mes se cumplen dos años de la llegada de los primeros detenidos. Hoy son más de 600 los ciudadanos extranjeros, sin cargos ni juicio, sin derecho a abogado ni a comunicación con sus familiares, los que permanecen privados de libertad en esta base militar ante el escándalo y la preocupación de la sociedad civil internacional, pero también ante el silencio de los gobiernos más poderosos.
Para la administración Bush estos prisioneros son un botín de guerra, un símbolo de su particular "cruzada contra el terrorismo", una imagen con la que amortiguar ante su sociedad el duro golpe sufrido tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Eso es al menos lo que se desprende tras dos años de vacío legal, donde los detenidos han sufrido toda clase de abusos y vejaciones sin disfrutar de derechos humanos reconocidos internacionalmente.
La mayoría fueron detenidos durante el conflicto militar en Afganistán, pero Estados Unidos no les reconoce la condición de prisioneros de guerra. En su lugar, los denomina "combatientes ilegales". De esta forma, los presos de Guantánamo quedan al margen de los Convenios de Ginebra y fuera de la protección que establecen los organismos internacionales de Derechos Humanos. Ésta es la lectura estadounidense puesto que hay principios y derechos que no pueden violarse en ningún caso, según el Derecho Internacional Humanitario.
Las condiciones que soportan estas personas son inhumanas y degradantes, tal y como han denunciado diversas organizaciones humanitarias. Han sufrido traslados aéreos de más de 20 horas, durante las cuales han permanecido maniatados y vigilados estrechamente. Han llevado manoplas, mascarillas quirúrgicas, orejeras, gafas con cinta adhesiva y otros artilugios que les privaban del uso normal de sus sentidos, dejándoles desorientados y con graves trastornos psicológicos y psíquicos. También se les ha rapado la cabeza y afeitado la barba, cuando se trataba de reos musulmanes, intentando degradar sus costumbres. Actualmente, tienen que utilizar grilletes cuando salen de sus celdas, lo que impide sus movimientos y el ejercicio físico, atrofiando sus músculos. Muchos aún permanecen en "jaulas" que no miden más de 1.20 por 1.70 metros.
Organizaciones como Amnistía Internacional llevan dos años luchando para que se reconozcan los derechos de estos detenidos y para que se termine con el limbo legal en el que se encuentran. Pero el Gobierno de Bush niega reiteradamente sus peticiones y rechaza la presencia de observadores internacionales en la base de Guantánamo.
Curiosamente, Estados Unidos es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde 1992. Este tratado reconoce el derecho a impugnar una detención, comparecer ante un tribunal independiente, guardar silencio durante la detención y reclusión, y recibir asesoramiento jurídico. A los detenidos en Guantánamo se les niegan todos estos derechos. Incluso más, porque con su actuación la administración estadounidense vulnera el principio de presunción de inocencia, un principio básico e histórico del derecho internacional.
Pero esto no es todo. Existe la posibilidad de que los detenidos en Guantánamo sean juzgados por comisiones militares y que apliquen la pena de muerte a los acusados.
Después de dos años de silencio, el poder judicial estadounidense ha dado muestras de reacción contra estas violaciones de derechos. Recientemente, el noveno Tribunal de Apelación Federal ha sentenciado que el encarcelamiento indefinido en Guantánamo es inconsistente con la ley de Estados Unidos y suscita preocupaciones ante las leyes internacionales.
"Incluso en los tiempos de emergencia nacional, la obligación del sistema judicial es asegurar que se preservan los valores constitucionales e impedir que el poder Ejecutivo atropelle los derechos de sus ciudadanos y de otras personas".
Es de desear que esta protesta sea el inicio de una campaña masiva para que la opinión pública internacional y la propia sociedad estadounidense aumenten de forma considerable su presión sobre el Gobierno de Bush, con el objetivo de impedir las graves violaciones de derechos humanos que llevan cometiéndose en Guantánamo desde hace dos años. Al menos, un rayo de esperanza se ha encendido en el mismo corazón del gigante norteamericano.
*Agencia de Información Solidaria.
Este mes se cumplen dos años de la llegada de los primeros detenidos. Hoy son más de 600 los ciudadanos extranjeros, sin cargos ni juicio, sin derecho a abogado ni a comunicación con sus familiares, los que permanecen privados de libertad en esta base militar ante el escándalo y la preocupación de la sociedad civil internacional, pero también ante el silencio de los gobiernos más poderosos.
Para la administración Bush estos prisioneros son un botín de guerra, un símbolo de su particular "cruzada contra el terrorismo", una imagen con la que amortiguar ante su sociedad el duro golpe sufrido tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Eso es al menos lo que se desprende tras dos años de vacío legal, donde los detenidos han sufrido toda clase de abusos y vejaciones sin disfrutar de derechos humanos reconocidos internacionalmente.
La mayoría fueron detenidos durante el conflicto militar en Afganistán, pero Estados Unidos no les reconoce la condición de prisioneros de guerra. En su lugar, los denomina "combatientes ilegales". De esta forma, los presos de Guantánamo quedan al margen de los Convenios de Ginebra y fuera de la protección que establecen los organismos internacionales de Derechos Humanos. Ésta es la lectura estadounidense puesto que hay principios y derechos que no pueden violarse en ningún caso, según el Derecho Internacional Humanitario.
Las condiciones que soportan estas personas son inhumanas y degradantes, tal y como han denunciado diversas organizaciones humanitarias. Han sufrido traslados aéreos de más de 20 horas, durante las cuales han permanecido maniatados y vigilados estrechamente. Han llevado manoplas, mascarillas quirúrgicas, orejeras, gafas con cinta adhesiva y otros artilugios que les privaban del uso normal de sus sentidos, dejándoles desorientados y con graves trastornos psicológicos y psíquicos. También se les ha rapado la cabeza y afeitado la barba, cuando se trataba de reos musulmanes, intentando degradar sus costumbres. Actualmente, tienen que utilizar grilletes cuando salen de sus celdas, lo que impide sus movimientos y el ejercicio físico, atrofiando sus músculos. Muchos aún permanecen en "jaulas" que no miden más de 1.20 por 1.70 metros.
Organizaciones como Amnistía Internacional llevan dos años luchando para que se reconozcan los derechos de estos detenidos y para que se termine con el limbo legal en el que se encuentran. Pero el Gobierno de Bush niega reiteradamente sus peticiones y rechaza la presencia de observadores internacionales en la base de Guantánamo.
Curiosamente, Estados Unidos es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde 1992. Este tratado reconoce el derecho a impugnar una detención, comparecer ante un tribunal independiente, guardar silencio durante la detención y reclusión, y recibir asesoramiento jurídico. A los detenidos en Guantánamo se les niegan todos estos derechos. Incluso más, porque con su actuación la administración estadounidense vulnera el principio de presunción de inocencia, un principio básico e histórico del derecho internacional.
Pero esto no es todo. Existe la posibilidad de que los detenidos en Guantánamo sean juzgados por comisiones militares y que apliquen la pena de muerte a los acusados.
Después de dos años de silencio, el poder judicial estadounidense ha dado muestras de reacción contra estas violaciones de derechos. Recientemente, el noveno Tribunal de Apelación Federal ha sentenciado que el encarcelamiento indefinido en Guantánamo es inconsistente con la ley de Estados Unidos y suscita preocupaciones ante las leyes internacionales.
"Incluso en los tiempos de emergencia nacional, la obligación del sistema judicial es asegurar que se preservan los valores constitucionales e impedir que el poder Ejecutivo atropelle los derechos de sus ciudadanos y de otras personas".
Es de desear que esta protesta sea el inicio de una campaña masiva para que la opinión pública internacional y la propia sociedad estadounidense aumenten de forma considerable su presión sobre el Gobierno de Bush, con el objetivo de impedir las graves violaciones de derechos humanos que llevan cometiéndose en Guantánamo desde hace dos años. Al menos, un rayo de esperanza se ha encendido en el mismo corazón del gigante norteamericano.
*Agencia de Información Solidaria.
