Guerra antidrogas y escudo antimisiles
A partir de dichos ataques, Estados Unidos deberá concentrar todos sus recursos institucionales, humanos y económicos para enfrentar un peligro más urgente e inmediato como lo es el terrorismo islámico; y para hacerlo, deberá reestructurar desde sus cimientos toda su estrategia de defensa, porque la que ha tenido hasta ahora no le sirve para los desafíos del nuevo tipo de amenaza.
Lo anterior también incluye al multibillonario Programa de Escudo Antimisiles, impulsado por el presidente Bush a instancia de la menguante industria bélica norteamericana, con el cual se pensaba revivir al inmenso aparato del que dependen millones de empleados y sobre la cual descansa parte importante de la economía de la nación. Recuérdese que tras el cese de la Guerra Fría, la industria militar de alta tecnología se ha quedado en parte sin razón de ser, y muchas bases militares han sido clausuradas, así como oficiales y tropas enviadas al retiro.
Pues bien, el Programa de Escudo Antimisiles deberá ser postergado, sino clausurado definitivamente por la misma razón que expusimos respecto al Plan Colombia y la guerra contra las drogas. La prelación ahora es el terrorismo.
No obstante lo anterior, sería un error pensar que Estados Unidos dejará a los carteles nadando a sus anchas en el continente. Por el contrario, la guerra contra las drogas tomará desde ahora un cariz menos militar y más policivo, que es lo más conveniente. Fuera de eso, es muy probable que tome mayor impulso la alternativa de la legalización como fórmula para arrebatar de una vez por todas a los narcotraficantes la principal causa de sus descomunales ganancias, que es la tremenda disparidad entre oferta perseguida y por ende reprimida, y una demanda salida de cauce y dispuesta a pagar lo que sea por las drogas. Como ocurre hoy con el alcohol y el tabaco, las demás drogas generarían enormes recursos que ingresarían a las arcas de los Estados y no como ahora a los bolsillos de los narcotraficantes que a su vez lo usan para enriquecerse, corromper y atacar al propio Estado y sociedad donde se desenvuelven. Habría impuestos, controles de calidad y recursos para atender a los drogadictos y combatir la pobreza, con los cuales ahora no se cuentan.
Y no es que abriguemos ni rechacemos esa tesis, sólo que la esbozamos como futuro tema de análisis que de seguro será discutido y dilucidado por especialistas en todos los foros de discusión del mundo, en esta o la próxima década.
Lo anterior también incluye al multibillonario Programa de Escudo Antimisiles, impulsado por el presidente Bush a instancia de la menguante industria bélica norteamericana, con el cual se pensaba revivir al inmenso aparato del que dependen millones de empleados y sobre la cual descansa parte importante de la economía de la nación. Recuérdese que tras el cese de la Guerra Fría, la industria militar de alta tecnología se ha quedado en parte sin razón de ser, y muchas bases militares han sido clausuradas, así como oficiales y tropas enviadas al retiro.
Pues bien, el Programa de Escudo Antimisiles deberá ser postergado, sino clausurado definitivamente por la misma razón que expusimos respecto al Plan Colombia y la guerra contra las drogas. La prelación ahora es el terrorismo.
No obstante lo anterior, sería un error pensar que Estados Unidos dejará a los carteles nadando a sus anchas en el continente. Por el contrario, la guerra contra las drogas tomará desde ahora un cariz menos militar y más policivo, que es lo más conveniente. Fuera de eso, es muy probable que tome mayor impulso la alternativa de la legalización como fórmula para arrebatar de una vez por todas a los narcotraficantes la principal causa de sus descomunales ganancias, que es la tremenda disparidad entre oferta perseguida y por ende reprimida, y una demanda salida de cauce y dispuesta a pagar lo que sea por las drogas. Como ocurre hoy con el alcohol y el tabaco, las demás drogas generarían enormes recursos que ingresarían a las arcas de los Estados y no como ahora a los bolsillos de los narcotraficantes que a su vez lo usan para enriquecerse, corromper y atacar al propio Estado y sociedad donde se desenvuelven. Habría impuestos, controles de calidad y recursos para atender a los drogadictos y combatir la pobreza, con los cuales ahora no se cuentan.
Y no es que abriguemos ni rechacemos esa tesis, sólo que la esbozamos como futuro tema de análisis que de seguro será discutido y dilucidado por especialistas en todos los foros de discusión del mundo, en esta o la próxima década.
