Hábeas data al director de la Caja
No existe afirmación más chocante que decirle a otra persona: "te lo dije", cuando sucede algo que era previsible. Todos sabemos que el programa de Invalidez, Vejez y Muerte tiene un déficit de varios miles de millones de balboas. Todos sabemos que llegará el momento, en unos cuantos años, que colapsará la Caja de Seguro Social (CSS), y que no habrá dinero para cubrir las obligaciones de pensiones y jubilaciones que esa institución tiene con los trabajadores o cotizantes. Paradójicamente son los más afectados quienes hacen lo posible para no llegar a posibles soluciones.
Primero fue la excusa que el Informe de la OIT de 1998 estaba desactualizado. Se ordenó un segundo informe, el cual fue entregado por aquella Organización Internacional de Trabajo a inicios del año 2002. El Director General de la CSS descalificó el mismo por haber sido presentado en idioma inglés, entre otras razones como no ajustarse a las realidades panameñas y recomendó una herramienta actuarial hecha en Panamá. Paralelamente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acogió la solicitud del Ejecutivo para mediar en un diálogo nacional que permitiera a los actores llegar a formular recomendaciones que evitaran o postergaran el descalabro inevitable de la seguridad social.
Hoy el PNUD y todos los integrantes del diálogo por la CSS son rehenes de una persona que, más que actuar motivado por una estrategia bien intencionada, lo hace como una estratagema. Independiente del costo económico que representa haber diseñado un programa de computadora que es una herramienta actuarial a la panameña, me preocupa más el tiempo valioso que se pierde. Y todo porque la Dirección de la CSS no tiene interés en proveer al PNUD de la base de datos para que el programa de computadora sea debidamente validado y que los panameños tengamos derecho a conocer cuáles serían las alternativas viables y a la vez menos perjudiciales para todos.
Es hora que la Junta Directiva de la CSS ejerza su mandato y obligue, administrativamente, a su Director General a entregar la base de datos para correr el programa. De resistirse, cualquiera o todos los miembros del Diálogo Nacional por la CSS tienen derecho de solicitar una acción judicial que ponga fin a esta burla contra la ciudadanía. Ninguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se atrevería a emitir un fallo negando un recurso de Hábeas Data argumentando que los solicitantes no son parte interesada en el proceso. Está bueno ya que una persona manipule a toda una nación con la amenaza de paralizar las actividades laborales si es cuestionado o se le solicita que actúe como un verdadero administrador.
Si no entrega la base de datos a las buenas, lo tendrá que hacer por la fuerza de la Ley y someterse a las sanciones administrativas por desacato e incapacidad administrativa. Hablar de referéndum es desconocer que esa es una metodología en la que el pueblo aprueba o rechaza una Ley o acto administrativo que ha pasado por la instancia legislativa, y más bien es un ardid para continuar dilatando y confundiendo a la población sobre las decisiones que tienen que ser asumidas a corto plazo y por las actuales administraciones.
Primero fue la excusa que el Informe de la OIT de 1998 estaba desactualizado. Se ordenó un segundo informe, el cual fue entregado por aquella Organización Internacional de Trabajo a inicios del año 2002. El Director General de la CSS descalificó el mismo por haber sido presentado en idioma inglés, entre otras razones como no ajustarse a las realidades panameñas y recomendó una herramienta actuarial hecha en Panamá. Paralelamente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acogió la solicitud del Ejecutivo para mediar en un diálogo nacional que permitiera a los actores llegar a formular recomendaciones que evitaran o postergaran el descalabro inevitable de la seguridad social.
Hoy el PNUD y todos los integrantes del diálogo por la CSS son rehenes de una persona que, más que actuar motivado por una estrategia bien intencionada, lo hace como una estratagema. Independiente del costo económico que representa haber diseñado un programa de computadora que es una herramienta actuarial a la panameña, me preocupa más el tiempo valioso que se pierde. Y todo porque la Dirección de la CSS no tiene interés en proveer al PNUD de la base de datos para que el programa de computadora sea debidamente validado y que los panameños tengamos derecho a conocer cuáles serían las alternativas viables y a la vez menos perjudiciales para todos.
Es hora que la Junta Directiva de la CSS ejerza su mandato y obligue, administrativamente, a su Director General a entregar la base de datos para correr el programa. De resistirse, cualquiera o todos los miembros del Diálogo Nacional por la CSS tienen derecho de solicitar una acción judicial que ponga fin a esta burla contra la ciudadanía. Ninguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se atrevería a emitir un fallo negando un recurso de Hábeas Data argumentando que los solicitantes no son parte interesada en el proceso. Está bueno ya que una persona manipule a toda una nación con la amenaza de paralizar las actividades laborales si es cuestionado o se le solicita que actúe como un verdadero administrador.
Si no entrega la base de datos a las buenas, lo tendrá que hacer por la fuerza de la Ley y someterse a las sanciones administrativas por desacato e incapacidad administrativa. Hablar de referéndum es desconocer que esa es una metodología en la que el pueblo aprueba o rechaza una Ley o acto administrativo que ha pasado por la instancia legislativa, y más bien es un ardid para continuar dilatando y confundiendo a la población sobre las decisiones que tienen que ser asumidas a corto plazo y por las actuales administraciones.
