Hablando de doble moral
Los ataques que hice a la corrupción y falta de transparencia del gobierno anterior causaron tanto escozor entre los miembros del P.R.D., que muchos de ellos no pueden ocultar su resentimiento y no pierden oportunidad para atacarme, acusándome de no criticar como gobierno lo que antes critiqué como oposición. No quiero pasar por alto esos señalamientos, porque nunca ha sido mi postura el rehuir al debate.
Como oposición presenté un anteproyecto de Ley para desarrollar el principio contenido en el artículo 299 de la Constitución sobre las declaraciones juradas de estado patrimonial de un número plural de funcionarios públicos. El gobierno de ese entonces y muchos de los legisladores del P.R.D., que hoy siguen en la Asamblea, ni siquiera se dignaron en discutirlo. Incluso, algunos miembros de ese partido, como el actual Fiscal Electoral, hasta me indicaron que, de continuar con mi promoción de esa propuesta, me iba a ganar enormes enemistades al más alto nivel.
Como gobierno, volví a presentar el mismo anteproyecto de Ley, con la gran diferencia que ahora sería aplicado a funcionarios gubernamentales del mismo bando que el mío. A diferencia de la vez anterior, el anteproyecto fue prohijado y hoy es Ley de la República, con el voto de los legisladores de gobierno y, cosas de la vida, también con el apoyo de los mismos legisladores del PRD que, como oposición, respaldaron lo que no quisieron aprobar como gobierno (¿doble moral?).
La Ley No. 59 ha sido acatada por casi 400 funcionarios del actual gobierno, lo cual sobrepasa con creces los funcionarios expresamente descritos en la norma constitucional y en la misma Ley. En contraposición, hay una gran cantidad de funcionarios del gobierno anterior que no han presentado la declaratoria que debían presentar a la salida de sus cargos (entre ellos, ministros, directores de entidades y hasta vicepresidentes). Por aquello de la doble moral, hay un legislador del PRD que votó a favor de la Ley anti-corrupción, que no ha presentado su declaración jurada de estado patrimonial que le correspondía hacer como ex Director de un Instituto Autónomo.
Otro de los temas que fueron tratados por mí, especialmente durante la campaña contra la Reelección presidencial, fue el de la propaganda estatal. Afortunadamente, no tenemos ahora una Presidenta que aspire a perpetuarse en el poder, pero independientemente de eso, sigo considerando que debe regularse la publicidad estatal, para que quede claro que la misma puede hacer propaganda sobre las obras que se hacen, más no promover al funcionario que las hace. En tal sentido, en este período que inicia el 1 de marzo, presentaré un proyecto de ley para regular la publicidad estatal, en el cual llevo meses trabajando. Mucho me gustaría ver a mis colegas del PRD., que tanto defendieron los millones que se gastó el Toro en darse autobombo y que tanto me criticaron en ese entonces por las demandas que presenté, apoyar mi iniciativa y votar a favor de la misma. Porque para ellos es evidente que las cosas cambian, según seas oposición o gobierno (en otras palabras, doble moral).
Finalmente, da risa escuchar a los amigos perredistas exigir transparencia en la gestión gubernamental. Estamos hablando de las mismas personas que negaron informar sobre los contratos de publicidad del Estado, que nunca publicaron los anexos del contrato de concesión del INTEL, que nunca revelaron el trazado final del Corredor Sur, que se negaban a dar documentación sobre contrataciones públicas, sólo para hablar de algunas cosas recientes, ellos ahora se dan el lujo de exigir transparencia, pues la tienen y la tendrán, no por ellos, sino porque del lado del gobierno de la presidenta Moscoso existimos muchas personas que somos consecuentes con nuestros principios y que, cuando de defenderlas se trata, hemos expuesto hasta nuestras vidas, sin sojuzgarnos jamás ante la bota militar o la prepotencia de un presidente autoritario (como saben hacerlo muy bien algunos colegas de la hoy oposición).
Como oposición presenté un anteproyecto de Ley para desarrollar el principio contenido en el artículo 299 de la Constitución sobre las declaraciones juradas de estado patrimonial de un número plural de funcionarios públicos. El gobierno de ese entonces y muchos de los legisladores del P.R.D., que hoy siguen en la Asamblea, ni siquiera se dignaron en discutirlo. Incluso, algunos miembros de ese partido, como el actual Fiscal Electoral, hasta me indicaron que, de continuar con mi promoción de esa propuesta, me iba a ganar enormes enemistades al más alto nivel.
Como gobierno, volví a presentar el mismo anteproyecto de Ley, con la gran diferencia que ahora sería aplicado a funcionarios gubernamentales del mismo bando que el mío. A diferencia de la vez anterior, el anteproyecto fue prohijado y hoy es Ley de la República, con el voto de los legisladores de gobierno y, cosas de la vida, también con el apoyo de los mismos legisladores del PRD que, como oposición, respaldaron lo que no quisieron aprobar como gobierno (¿doble moral?).
La Ley No. 59 ha sido acatada por casi 400 funcionarios del actual gobierno, lo cual sobrepasa con creces los funcionarios expresamente descritos en la norma constitucional y en la misma Ley. En contraposición, hay una gran cantidad de funcionarios del gobierno anterior que no han presentado la declaratoria que debían presentar a la salida de sus cargos (entre ellos, ministros, directores de entidades y hasta vicepresidentes). Por aquello de la doble moral, hay un legislador del PRD que votó a favor de la Ley anti-corrupción, que no ha presentado su declaración jurada de estado patrimonial que le correspondía hacer como ex Director de un Instituto Autónomo.
Otro de los temas que fueron tratados por mí, especialmente durante la campaña contra la Reelección presidencial, fue el de la propaganda estatal. Afortunadamente, no tenemos ahora una Presidenta que aspire a perpetuarse en el poder, pero independientemente de eso, sigo considerando que debe regularse la publicidad estatal, para que quede claro que la misma puede hacer propaganda sobre las obras que se hacen, más no promover al funcionario que las hace. En tal sentido, en este período que inicia el 1 de marzo, presentaré un proyecto de ley para regular la publicidad estatal, en el cual llevo meses trabajando. Mucho me gustaría ver a mis colegas del PRD., que tanto defendieron los millones que se gastó el Toro en darse autobombo y que tanto me criticaron en ese entonces por las demandas que presenté, apoyar mi iniciativa y votar a favor de la misma. Porque para ellos es evidente que las cosas cambian, según seas oposición o gobierno (en otras palabras, doble moral).
Finalmente, da risa escuchar a los amigos perredistas exigir transparencia en la gestión gubernamental. Estamos hablando de las mismas personas que negaron informar sobre los contratos de publicidad del Estado, que nunca publicaron los anexos del contrato de concesión del INTEL, que nunca revelaron el trazado final del Corredor Sur, que se negaban a dar documentación sobre contrataciones públicas, sólo para hablar de algunas cosas recientes, ellos ahora se dan el lujo de exigir transparencia, pues la tienen y la tendrán, no por ellos, sino porque del lado del gobierno de la presidenta Moscoso existimos muchas personas que somos consecuentes con nuestros principios y que, cuando de defenderlas se trata, hemos expuesto hasta nuestras vidas, sin sojuzgarnos jamás ante la bota militar o la prepotencia de un presidente autoritario (como saben hacerlo muy bien algunos colegas de la hoy oposición).
