Hablemos bien de Jované
Todo el mundo, por más defectos que tenga, puede reservar una parte buena. Es posible que el profesor Juan Jované, director general de la Caja de Seguro Social, sea un mal administrador, incapaz de flexibilizar su dogmatismo anti liberal y de actualizar su formación socialista, pero hemos de admitir que incluso él tiene sus virtudes en el desempeño de su gestión pública. El Contralor General de la Nación, Alvin Weeden, lo ha recriminado por no llevar adelante una administración acorde con los mejores intereses de la Caja de Seguro Social. Lo culpa de reincidir en costosos sobreprecios de medicamentos, que excede los B/.13 millones en gastos innecesarios.
Un par de días antes publicamos una información que desdice mucho de la forma como la entidad escoge a los abogados que la representan en juicios de gran magnitud. Uno de ellos, mientras estaba contratado por un año con honorario mensual de B/.1,000.-, pasó una cuenta a la institución por B/.1.3 millón con explicaciones galimáticas del propio letrado y del mismo Jované. Pero no es el caso de seguir hablando mal de su gestión, que es tarea fácil al juzgar su desempeño. Retomemos el rumbo.
Objetaba el contralor Weeden, que Jované había multiplicado los contratos de servicios externos, con lo que estaba de hecho privatizando al Seguro Social; e insinuó que esa práctica es contraria a la política del actual gobierno nacional. ¡Bravo por el profesor Jované!
Contrario a lo indicado por Weeden, si el Seguro Social encuentra que son sustancialmente más baratos los servicios externos, que los propios que presta la institución, no debemos dudar en contratarlos, si con ello consigue ahorrar algunos millones de balboas.
Obviamente, no tiene razón el contralor cuando imputa a Jované estar jugando a la privatización del Seguro sólo por contratar servicios externos de terceros. Puede que tales contratos sean excesivos, innecesarios y hasta onerosos -que no lo ha dicho el contralor-. Pero ese no es el caso. Aludimos a que tal contratación no constituye privatización alguna, siempre que la propiedad y administración de la entidad siga, como hasta ahora, siendo pública.
Y hasta donde sabemos, nadie del sector público o privado, ni siquiera nosotros que hemos ensayado un sinfín de fórmulas para sacar a la entidad del atolladero, hemos preconizado la privatización del Seguro Social. De un modo u otro todos, excepto Jované -hasta ahora, que el contralor Weeden dice lo contrario - y el gobierno actual, hemos coincidido en que la entidad debe continuar bajo administración pública pero permitiendo para su conveniencia económica y financiera, introducir algunos elementos de cogestión privada.
Muestras de ese tipo de cogestión entre la Caja y el Seguro Social, lo constituyen los contratos de concesión dados a clínicas particulares para atender a los asegurados que padecen catarata. Igual puede hacerse con el sinnúmero de operaciones pendientes y largamente atrasadas, lo cual ahorraría millones de balboa a la entidad que si lo hiciera con hospitales propios.
Un par de días antes publicamos una información que desdice mucho de la forma como la entidad escoge a los abogados que la representan en juicios de gran magnitud. Uno de ellos, mientras estaba contratado por un año con honorario mensual de B/.1,000.-, pasó una cuenta a la institución por B/.1.3 millón con explicaciones galimáticas del propio letrado y del mismo Jované. Pero no es el caso de seguir hablando mal de su gestión, que es tarea fácil al juzgar su desempeño. Retomemos el rumbo.
Objetaba el contralor Weeden, que Jované había multiplicado los contratos de servicios externos, con lo que estaba de hecho privatizando al Seguro Social; e insinuó que esa práctica es contraria a la política del actual gobierno nacional. ¡Bravo por el profesor Jované!
Contrario a lo indicado por Weeden, si el Seguro Social encuentra que son sustancialmente más baratos los servicios externos, que los propios que presta la institución, no debemos dudar en contratarlos, si con ello consigue ahorrar algunos millones de balboas.
Obviamente, no tiene razón el contralor cuando imputa a Jované estar jugando a la privatización del Seguro sólo por contratar servicios externos de terceros. Puede que tales contratos sean excesivos, innecesarios y hasta onerosos -que no lo ha dicho el contralor-. Pero ese no es el caso. Aludimos a que tal contratación no constituye privatización alguna, siempre que la propiedad y administración de la entidad siga, como hasta ahora, siendo pública.
Y hasta donde sabemos, nadie del sector público o privado, ni siquiera nosotros que hemos ensayado un sinfín de fórmulas para sacar a la entidad del atolladero, hemos preconizado la privatización del Seguro Social. De un modo u otro todos, excepto Jované -hasta ahora, que el contralor Weeden dice lo contrario - y el gobierno actual, hemos coincidido en que la entidad debe continuar bajo administración pública pero permitiendo para su conveniencia económica y financiera, introducir algunos elementos de cogestión privada.
Muestras de ese tipo de cogestión entre la Caja y el Seguro Social, lo constituyen los contratos de concesión dados a clínicas particulares para atender a los asegurados que padecen catarata. Igual puede hacerse con el sinnúmero de operaciones pendientes y largamente atrasadas, lo cual ahorraría millones de balboa a la entidad que si lo hiciera con hospitales propios.
