Hacen trizas la libertad
La política criolla, con sus mediocres obviedades, está ideando la forma de esconderse tras un manto de legalidad, y así evitar la fiscalización ciudadana y, de forma más específica, la auditoría social que hacen los medios de comunicación.
Por eso, aprovechan la discutida reforma al Código Penal para introducir artículos que proscriban del quehacer nacional, la investigación periodística en todas sus modalidades, y conviertan en delito hasta la más sencilla práctica de reporteo profesional.
Después de mucha presión, eliminaron el controversial artículo sobre el uso de la imagen, que escondía la intención de penalizar hasta las caricaturas; pero ahora se han inventado otro que convierte en ilegal, con la respectiva dosis de años de prisión, el seguimiento, sin consentimiento de autoridad competente, a persona alguna en el país.
Quiere decir que si algún equipo de periodistas obtiene el dato de que un narcotraficante se reune con políticos o jueces para comprar favores, no podrá filmarlos ni grabarlos de manera subrepticia en mera transacción, y mucho menos seguirlos en el territorio nacional, pues tal acción será considerada espionaje y, por tanto, un quebrantamiento del Código Penal.
Si eso no es una mordaza, dígannos qué cosa es. Lo que provoca confusión es que mientras, por un lado, suprimen del proyecto aquellas medidas restrictivas de la libertad de expresión, por otro se inventan mecanismos de todo tipo para evitar la fiscalización.
Es un tira y jala esquizofrénico que denota un estado de nerviosismo, que no había sido visto en los últimos años. Ningún período de gobierno había llegado a estos límites que rayan en lo patológico.
Por eso, aprovechan la discutida reforma al Código Penal para introducir artículos que proscriban del quehacer nacional, la investigación periodística en todas sus modalidades, y conviertan en delito hasta la más sencilla práctica de reporteo profesional.
Después de mucha presión, eliminaron el controversial artículo sobre el uso de la imagen, que escondía la intención de penalizar hasta las caricaturas; pero ahora se han inventado otro que convierte en ilegal, con la respectiva dosis de años de prisión, el seguimiento, sin consentimiento de autoridad competente, a persona alguna en el país.
Quiere decir que si algún equipo de periodistas obtiene el dato de que un narcotraficante se reune con políticos o jueces para comprar favores, no podrá filmarlos ni grabarlos de manera subrepticia en mera transacción, y mucho menos seguirlos en el territorio nacional, pues tal acción será considerada espionaje y, por tanto, un quebrantamiento del Código Penal.
Si eso no es una mordaza, dígannos qué cosa es. Lo que provoca confusión es que mientras, por un lado, suprimen del proyecto aquellas medidas restrictivas de la libertad de expresión, por otro se inventan mecanismos de todo tipo para evitar la fiscalización.
Es un tira y jala esquizofrénico que denota un estado de nerviosismo, que no había sido visto en los últimos años. Ningún período de gobierno había llegado a estos límites que rayan en lo patológico.
