Hacia la Corte Penal Internacional
Estados Unidos fue uno de los siete países en votar en contra de la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional el 17 de julio de 1998, en Roma. Pero, el 31 de diciembre, justo antes de que expirara el plazo previsto y en una decisión política internacional de gran significado, esa nación firmó el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional permanente, uniéndose así a más de un centenar de estados.
Durante el último mes del 2000, también firmaron: Argelia, Bahamas, Bahrain, Cabo Verde, Egipto, Filipinas, Guyana, Irán, Israel Mozambique, Nauru, Omán, Perú, Mongolia, Sao Tome y Príncipe, Seychelles, Tanzania, Uzbekistán y Yemen; sumando así 139 el número de estados firmantes. Asimismo, Islas Marshall y Alemania han ratificado el Estatuto durante diciembre. El Estatuto de Roma entrará en vigor con 60 ratificaciones. Hasta el momento, 25 países han completado el proceso de ratificación. Panamá no ha dado inicio al proceso de ratificación, debido a la oposición que mantiene contra dicho Estatuto el Procurador General de la Nación, el silencio cómplice de la Corte Suprema de Justicia y la omisión del Ejecutivo, concretamente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Embajador de EE.UU. para Crímenes de Guerra, al firmar el Tratado en representación de su país expresó: "Es un honor para Estados Unidos de América firmar este Tratado...Lo hago en honor a las víctimas de estos crímenes, y en honor a los soldados del ejército estadounidense..." Por su parte, William R. Pace, coordinador general de la Coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional (CCPI), que comprende a más de mil organizaciones no gubernamentales a nivel mundial y expertos en Derecho Internacional que promueven el conocimiento y apoyo para la Corte, dijo que: "Con esta decisión, EE.UU. se une a una abrumadora mayoría de países del mundo y a casi a todos los aliados políticos y militares más cercanos de Estados Unidos que expresan su apoyo al establecimiento de una nueva corte permanente".
La Corte Penal Internacional será la primera Corte permanente con capacidad para llevar ante la justicia a los individuos que resulten responsables de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional es anunciada ampliamente como una piedra angular de suma importancia en la codificación del Derecho y la protección de los Derechos Humanos y goza del apoyo abrumador de la comunidad internacional.
"Al firmar este Tratado, el presidente Clinton ha dado un paso histórico en favor de la justicia global. Esto fortalece la credibilidad de Estados Unidos de América en el esfuerzo por poner fin a la impunidad para los crímenes, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los de guerra", dijo Richard Dicker, miembro de la Coalición y director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch.
La firma de los Estados Unidos significa, como lo dijo el propio Clinton, que este país no quiere quedarse fuera de lo que va a ser la evolución de la Corte Penal Internacional y de las negociaciones aún pendientes, entre ellas, las que tienen que ver con el crimen de agresión, también de la competencia de la Corte. Dado el actual papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre la base del Capítulo VII de la Carta, en relación con este tema, las negociaciones sobre el crimen de agresión van de la mano con lo que sería la reforma de las Naciones Unidas, por lo que sobrepasan la mera discusión en torno a la Corte. Por otra parte, el Senado de Estados Unidos tendría que aprobar la ratificación del Estatuto, cosa por ahora poco probable debido a la posición ultraconservadora del senador Jesse Helms, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores y que ha explicitado claramente su posición en contra. Ha contado con el apoyo de miembros del "establishment" republicano como el ex secretario de Estado, Henry Kissinger.
En la América de Jesse Helms, quedan muy lejos los tiempos en que la embajada estadounidense en París influía decisivamente en la Revolución Francesa y en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano mediante la acción de Benjamín Franklin y Thomas Paine. Cualquiera de ellos, en cambio, podría ser acusado de traidor por estos ultraconservadores más cercanos al pensamiento de Edmund Burke. En sus mentes sería imposible la aventura del Capitán Dawes y su navío Otter que George Washington decidiera enviar en rescate de Thomas Muir, recluido en la lejana Australia. Panamá no tiene por qué identificarse con quienes prefieren financiar paramilitares y mercenarios y no prohombres de la libertad.
Redoblemos nuestros esfuerzos para que el "rgano Ejecutivo envíe al Legislativo -el primero de marzo- el Tratado que crea la Corte Penal Internacional. El descubrimiento de las fosas clandestinas en el antiguo Cuartel de Los pumas en Tocumen, nos recuerda que Panamá debe de estar entre los primeros en ratificar dicho Estatuto.
Durante el último mes del 2000, también firmaron: Argelia, Bahamas, Bahrain, Cabo Verde, Egipto, Filipinas, Guyana, Irán, Israel Mozambique, Nauru, Omán, Perú, Mongolia, Sao Tome y Príncipe, Seychelles, Tanzania, Uzbekistán y Yemen; sumando así 139 el número de estados firmantes. Asimismo, Islas Marshall y Alemania han ratificado el Estatuto durante diciembre. El Estatuto de Roma entrará en vigor con 60 ratificaciones. Hasta el momento, 25 países han completado el proceso de ratificación. Panamá no ha dado inicio al proceso de ratificación, debido a la oposición que mantiene contra dicho Estatuto el Procurador General de la Nación, el silencio cómplice de la Corte Suprema de Justicia y la omisión del Ejecutivo, concretamente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Embajador de EE.UU. para Crímenes de Guerra, al firmar el Tratado en representación de su país expresó: "Es un honor para Estados Unidos de América firmar este Tratado...Lo hago en honor a las víctimas de estos crímenes, y en honor a los soldados del ejército estadounidense..." Por su parte, William R. Pace, coordinador general de la Coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional (CCPI), que comprende a más de mil organizaciones no gubernamentales a nivel mundial y expertos en Derecho Internacional que promueven el conocimiento y apoyo para la Corte, dijo que: "Con esta decisión, EE.UU. se une a una abrumadora mayoría de países del mundo y a casi a todos los aliados políticos y militares más cercanos de Estados Unidos que expresan su apoyo al establecimiento de una nueva corte permanente".
La Corte Penal Internacional será la primera Corte permanente con capacidad para llevar ante la justicia a los individuos que resulten responsables de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional es anunciada ampliamente como una piedra angular de suma importancia en la codificación del Derecho y la protección de los Derechos Humanos y goza del apoyo abrumador de la comunidad internacional.
"Al firmar este Tratado, el presidente Clinton ha dado un paso histórico en favor de la justicia global. Esto fortalece la credibilidad de Estados Unidos de América en el esfuerzo por poner fin a la impunidad para los crímenes, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los de guerra", dijo Richard Dicker, miembro de la Coalición y director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch.
La firma de los Estados Unidos significa, como lo dijo el propio Clinton, que este país no quiere quedarse fuera de lo que va a ser la evolución de la Corte Penal Internacional y de las negociaciones aún pendientes, entre ellas, las que tienen que ver con el crimen de agresión, también de la competencia de la Corte. Dado el actual papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre la base del Capítulo VII de la Carta, en relación con este tema, las negociaciones sobre el crimen de agresión van de la mano con lo que sería la reforma de las Naciones Unidas, por lo que sobrepasan la mera discusión en torno a la Corte. Por otra parte, el Senado de Estados Unidos tendría que aprobar la ratificación del Estatuto, cosa por ahora poco probable debido a la posición ultraconservadora del senador Jesse Helms, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores y que ha explicitado claramente su posición en contra. Ha contado con el apoyo de miembros del "establishment" republicano como el ex secretario de Estado, Henry Kissinger.
En la América de Jesse Helms, quedan muy lejos los tiempos en que la embajada estadounidense en París influía decisivamente en la Revolución Francesa y en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano mediante la acción de Benjamín Franklin y Thomas Paine. Cualquiera de ellos, en cambio, podría ser acusado de traidor por estos ultraconservadores más cercanos al pensamiento de Edmund Burke. En sus mentes sería imposible la aventura del Capitán Dawes y su navío Otter que George Washington decidiera enviar en rescate de Thomas Muir, recluido en la lejana Australia. Panamá no tiene por qué identificarse con quienes prefieren financiar paramilitares y mercenarios y no prohombres de la libertad.
Redoblemos nuestros esfuerzos para que el "rgano Ejecutivo envíe al Legislativo -el primero de marzo- el Tratado que crea la Corte Penal Internacional. El descubrimiento de las fosas clandestinas en el antiguo Cuartel de Los pumas en Tocumen, nos recuerda que Panamá debe de estar entre los primeros en ratificar dicho Estatuto.
