Hacia un cambio de política indígena
LA PASADA semana vimos cómo "autoridades" indígenas del área comarcal de Wargandí, en el sector de Bayano al este de la capital, impidieron las labores de funcionarios del Ministerio de Salud que combaten la malaria. Se trata de una experiencia que no se debe repetir, producto de una mala política indígena inspirada en principios equivocados.
Comenzando desde la Comarca de San Blas hasta las más nuevas creaciones comarcales, tan recientes como el gobierno anterior el año 2000, el territorio nacional se ha ido segregando hasta que más del 20% ha sido sometido a regímenes especiales para favorecer minorías que representa 10% del total de la población. Supuestamente, inspirada en la preservación de costumbres ancestrales y la compensación por abusos históricos, gobierno tras gobierno ha promovido una política de aislamiento de ese sector de la población, cada uno de los cuales tiene sus propias leyes y moral, al margen de las nacionales. El producto: más del 90% de la población indígena vive en extrema pobreza.
Con regularidad se generan conflictos con agricultores o con empresas mineras o eléctricas, en otras son con turistas y, peor aún, en otras son con las propias autoridades nacionales, como el caso más reciente en Wargandí, siempre motivados para "preservar" o "proteger" tradiciones. Sin embargo, ¿a qué costo? En primer lugar, el conflicto no lo genera toda la comunidad indígena de que trate, sino la cúpula, usualmente auto nominada, que defiende su enclave. Esa comunidad simplemente se somete a las condiciones (¿costumbres?) que impone esa cúpula.
Nos preguntamos si a estas alturas del siglo XXI sería moral tolerar que un grupo étnico mantenga costumbres de antaño como, por ejemplo, de canibalismo. ¿Les deberíamos reconocer territorio y proteger sus "valiosas" costumbres? Y qué de "costumbres" menos ofensivas como el caciquismo. ¿Debemos como Nación promover "dictaduras" en sectores de nuestra sociedad cuando todos luchamos por vivir en una democracia?
Bien podríamos dar múltiples otros ejemplos de abusos de niños, de mujeres y de derechos humanos elementales en todas y cada una de estas comarcas. Existen problemas de educación, de salud y de seguridad en estas comarcas que el Estado genuinamente aspira atender, con todas las habilidades y recursos del modernismo, problemas que no deben ni pueden ser ignorados por razones sin fundamento. Ya viene siendo hora que este sector de la sociedad salga de la marginación, se beneficie de muchos de los grandes avances en ciencia, tecnología, etc., de los últimos mil años y se integre al resto del país.
Comenzando desde la Comarca de San Blas hasta las más nuevas creaciones comarcales, tan recientes como el gobierno anterior el año 2000, el territorio nacional se ha ido segregando hasta que más del 20% ha sido sometido a regímenes especiales para favorecer minorías que representa 10% del total de la población. Supuestamente, inspirada en la preservación de costumbres ancestrales y la compensación por abusos históricos, gobierno tras gobierno ha promovido una política de aislamiento de ese sector de la población, cada uno de los cuales tiene sus propias leyes y moral, al margen de las nacionales. El producto: más del 90% de la población indígena vive en extrema pobreza.
Con regularidad se generan conflictos con agricultores o con empresas mineras o eléctricas, en otras son con turistas y, peor aún, en otras son con las propias autoridades nacionales, como el caso más reciente en Wargandí, siempre motivados para "preservar" o "proteger" tradiciones. Sin embargo, ¿a qué costo? En primer lugar, el conflicto no lo genera toda la comunidad indígena de que trate, sino la cúpula, usualmente auto nominada, que defiende su enclave. Esa comunidad simplemente se somete a las condiciones (¿costumbres?) que impone esa cúpula.
Nos preguntamos si a estas alturas del siglo XXI sería moral tolerar que un grupo étnico mantenga costumbres de antaño como, por ejemplo, de canibalismo. ¿Les deberíamos reconocer territorio y proteger sus "valiosas" costumbres? Y qué de "costumbres" menos ofensivas como el caciquismo. ¿Debemos como Nación promover "dictaduras" en sectores de nuestra sociedad cuando todos luchamos por vivir en una democracia?
Bien podríamos dar múltiples otros ejemplos de abusos de niños, de mujeres y de derechos humanos elementales en todas y cada una de estas comarcas. Existen problemas de educación, de salud y de seguridad en estas comarcas que el Estado genuinamente aspira atender, con todas las habilidades y recursos del modernismo, problemas que no deben ni pueden ser ignorados por razones sin fundamento. Ya viene siendo hora que este sector de la sociedad salga de la marginación, se beneficie de muchos de los grandes avances en ciencia, tecnología, etc., de los últimos mil años y se integre al resto del país.
