Hacia una seguridad dialogante e incluyente
El concepto de seguridad regional no es nuevo para Centroamérica. Sin embargo, ha sido difícil formular una política sobre seguridad hemisférica debido a las distintas agendas nacionales de seguridad, la falta del debate sobre temas de seguridad, la falta de coordinación entre los países y la influencia que los Estados Unidos tiene para imponer sus intereses en el ámbito regional.
El modelo de seguridad latinoamericano está marcado por los conflictos internos que se dieron durante la década de los ochenta, en el cual el Estado se valía del uso de la fuerza, la sospecha, el autoritarismo que buscaba la represión, el castigo y no la prevención. Ahora los nuevos esquemas buscan la paz, la participación social y el orden constitucional democrático. Se busca un modelo de seguridad incluyente, descentralizado, dialogante, que se construya sobre la seguridad y la participación de la sociedad civil. Debe ser un modelo de confianza entre la sociedad y el Estado.
Las agendas deberían diseñarse a partir de la reconceptualización de la seguridad y las nuevas amenazas, las cuales se diferencian de las viejas en que estas eran militares, territoriales, limítrofes y de estados. Entre las nuevas amenazas se encuentran el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, la destrucción del medio ambiente y la migración ilegal. Por lo que la agenda de seguridad requiere de un enfoque multidisciplinario y de la participación de muchos sectores para poder descentralizar la toma de decisiones. Para esto se necesita acceso de información, análisis, mecanismos de diálogo y la sistematización del proceso de prevención.
Sin embargo, a consecuencia de los efectos del 11 de septiembre, se retoman las viejas estructuras de seguridad nacional, como el ejército, para atacar las nuevas amenazas como el terrorismo. La lucha contra el terrorismo se convierte en un instrumento que permite volver al control social y a la persecución de las ideologías del pasado en detrimento de las acciones preventivas y la vigencia de los derechos humanos. En muchos de los países en Centroamérica ya se buscaba romper el vínculo con el ejército y se buscaba apoyar a las fuerzas policiales, pero estas estructuras aparte de ser débiles atacan los efectos y no las amenazas propiamente. Por lo tanto, es necesario que se organice una agenda de seguridad hemisférica que parta de propuestas nacionales y subregionales para reflejar una seguridad de todos los niveles.
Antes del 11 de septiembre, la participación social a escala internacional procedía hacia un multilateralismo y hacia la participación de una serie de actores no estatales que daba inicio a un proceso que parecía sumamente importante. Sin embargo, el 11 de septiembre produjo un cambio que convierte a los EE.UU. y a la sociedad global como los más influyentes en el sistema internacional.
En temas de seguridad, las organizaciones de la sociedad civil no se han planteado el tema como parte de sus agendas. Existen algunos antecedentes en los ochenta, pero las agendas de seguridad estaban enfocadas en los militares como actores políticos y dejaban de lado a los actores civiles y al Estado a cargo de los temas de seguridad. Por esta razón, la sociedad civil necesita verse más involucrada en la creación de un marco conceptual en cuanto a temas de seguridad, desarrollando una agenda congruente con este marco conceptual y con sus propios intereses. Ante todo, las organizaciones sociales tienen la obligación de formular agendas prepositivas.
En conclusión, la sociedad civil debe iniciar un proceso de consulta desde abajo y debe trabajar con los entes públicos, como los políticos y sus partidos, para integrar planes de gobierno y programas de nación. No se trata de eliminar sino de incluir, por lo tanto es necesario que se abran los espacios para que la sociedad civil pueda participar y tratar temas de seguridad. Igualmente es necesario tratar los temas entre los diferentes sectores de la sociedad para integrar las visiones y lograr una agenda común de seguridad. Por último, es importante retomar el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (TMSDCA) como mecanismo ya que este constituye un ancla que propone un concepto integral y que facilita el diseño de una agenda común de seguridad en un contexto donde no existen alternativas.
Esto cobra aun mayor importancia frente a una tendencia que busca restringir las agendas de seguridad a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Por lo tanto, es necesario fomentar no solo un mejor cumplimiento del tratado sino también promover el proceso que permita corregir y mejorar ciertas normativas del tratado para la ratificación por parte de Costa Rica y Panamá y la incorporación de Belice a los organismos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Esto permitirá fortalecer la integración regional en cuanto a sus aspectos políticos y sociales, en los cuales hoy en día existen importantes déficits.
Estas son algunas conclusiones del Foro Centroamericano sobre Seguridad (julio 2003), en el cual participamos, convocado por la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y el Programa de Seguridad Humana de la cancillería canadiense.
El modelo de seguridad latinoamericano está marcado por los conflictos internos que se dieron durante la década de los ochenta, en el cual el Estado se valía del uso de la fuerza, la sospecha, el autoritarismo que buscaba la represión, el castigo y no la prevención. Ahora los nuevos esquemas buscan la paz, la participación social y el orden constitucional democrático. Se busca un modelo de seguridad incluyente, descentralizado, dialogante, que se construya sobre la seguridad y la participación de la sociedad civil. Debe ser un modelo de confianza entre la sociedad y el Estado.
Las agendas deberían diseñarse a partir de la reconceptualización de la seguridad y las nuevas amenazas, las cuales se diferencian de las viejas en que estas eran militares, territoriales, limítrofes y de estados. Entre las nuevas amenazas se encuentran el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, la destrucción del medio ambiente y la migración ilegal. Por lo que la agenda de seguridad requiere de un enfoque multidisciplinario y de la participación de muchos sectores para poder descentralizar la toma de decisiones. Para esto se necesita acceso de información, análisis, mecanismos de diálogo y la sistematización del proceso de prevención.
Sin embargo, a consecuencia de los efectos del 11 de septiembre, se retoman las viejas estructuras de seguridad nacional, como el ejército, para atacar las nuevas amenazas como el terrorismo. La lucha contra el terrorismo se convierte en un instrumento que permite volver al control social y a la persecución de las ideologías del pasado en detrimento de las acciones preventivas y la vigencia de los derechos humanos. En muchos de los países en Centroamérica ya se buscaba romper el vínculo con el ejército y se buscaba apoyar a las fuerzas policiales, pero estas estructuras aparte de ser débiles atacan los efectos y no las amenazas propiamente. Por lo tanto, es necesario que se organice una agenda de seguridad hemisférica que parta de propuestas nacionales y subregionales para reflejar una seguridad de todos los niveles.
Antes del 11 de septiembre, la participación social a escala internacional procedía hacia un multilateralismo y hacia la participación de una serie de actores no estatales que daba inicio a un proceso que parecía sumamente importante. Sin embargo, el 11 de septiembre produjo un cambio que convierte a los EE.UU. y a la sociedad global como los más influyentes en el sistema internacional.
En temas de seguridad, las organizaciones de la sociedad civil no se han planteado el tema como parte de sus agendas. Existen algunos antecedentes en los ochenta, pero las agendas de seguridad estaban enfocadas en los militares como actores políticos y dejaban de lado a los actores civiles y al Estado a cargo de los temas de seguridad. Por esta razón, la sociedad civil necesita verse más involucrada en la creación de un marco conceptual en cuanto a temas de seguridad, desarrollando una agenda congruente con este marco conceptual y con sus propios intereses. Ante todo, las organizaciones sociales tienen la obligación de formular agendas prepositivas.
En conclusión, la sociedad civil debe iniciar un proceso de consulta desde abajo y debe trabajar con los entes públicos, como los políticos y sus partidos, para integrar planes de gobierno y programas de nación. No se trata de eliminar sino de incluir, por lo tanto es necesario que se abran los espacios para que la sociedad civil pueda participar y tratar temas de seguridad. Igualmente es necesario tratar los temas entre los diferentes sectores de la sociedad para integrar las visiones y lograr una agenda común de seguridad. Por último, es importante retomar el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (TMSDCA) como mecanismo ya que este constituye un ancla que propone un concepto integral y que facilita el diseño de una agenda común de seguridad en un contexto donde no existen alternativas.
Esto cobra aun mayor importancia frente a una tendencia que busca restringir las agendas de seguridad a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Por lo tanto, es necesario fomentar no solo un mejor cumplimiento del tratado sino también promover el proceso que permita corregir y mejorar ciertas normativas del tratado para la ratificación por parte de Costa Rica y Panamá y la incorporación de Belice a los organismos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Esto permitirá fortalecer la integración regional en cuanto a sus aspectos políticos y sociales, en los cuales hoy en día existen importantes déficits.
Estas son algunas conclusiones del Foro Centroamericano sobre Seguridad (julio 2003), en el cual participamos, convocado por la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y el Programa de Seguridad Humana de la cancillería canadiense.