Hacia una verdadera integración de salud
Lo anterior es consecuencia de la actual crisis económica que aqueja al país. Poco a poco el panameño va recortando gastos, lo que incluye sus seguros privados de hospitalización, por no mencionar otros rubros dramáticos tales como la alimentación y la educación privada (que registra una caída de 15% según la asociación del sector).
Resultado de lo expuesto, es el agravamiento de la sempiterna sobrecarga de la estructura de salud pública, tanto del Seguro Social como del ministerio del ramo, lo cual se traduce en la escasez de medicamentos, insuficiencia de camas, alargamiento de las listas de espera e incremento de muertes que podrían disminuir con una atención oportuna. Aunque el gobierno no lo reconozca, el sistema de salud pública colapsa por saturación.
Y si recapitulamos, concluiremos que el país presenta una infraestructura de salud privada en crisis por el ocio, paralela a una similar pública, igualmente en crisis por sobrecarga.. La solución inteligente es integrar ambos sectores y complementarlos, aprovechando el exceso disponible de uno con las carencias del otro.
Si eso hiciéramos, la interminable lista de los que esperan operaciones, exámenes y tratamientos, se reduciría sustancialmente. Para eso, el Estado y sus entidades autónomas, tendrían que encomendar la atención de parte de sus pacientes a las clínicas, laboratorios y hospitales privados, y pagar por ello a tarifas previamente acordadas.
La fórmula anterior no es novedosa. Se ha usado tímidamente, aunque con éxito, desde hace años. En Veraguas, por ejemplo, el Ministerio de Salud refiere a una clínica particular las operaciones de cataratas; y más recientemente, el Instituto Oncológico Nacional hizo lo mismo con sus pacientes de radioterapia durante la crisis surgida tras un accidente con sus bombas de cobalto.
Obviamente, surgirán las voces retrógradas de siempre, que descalifican dogmáticamente cualquier forma de privatización, aunque fuera beneficiosa. Podríamos, frente a ellas, alegar que eso no es más que una forma de participación privada en la solución de un problema vital para el país, como lo es la salud ciudadana.
Con la fórmula se cumplen tres propósitos. Se salvan de la actual crisis de débil demanda las clínicas privadas, se aligera la excesiva presión sobre los hospitales públicos, y se beneficia el público que requiere de servicios de salud, vengan de donde vengan.
Resultado de lo expuesto, es el agravamiento de la sempiterna sobrecarga de la estructura de salud pública, tanto del Seguro Social como del ministerio del ramo, lo cual se traduce en la escasez de medicamentos, insuficiencia de camas, alargamiento de las listas de espera e incremento de muertes que podrían disminuir con una atención oportuna. Aunque el gobierno no lo reconozca, el sistema de salud pública colapsa por saturación.
Y si recapitulamos, concluiremos que el país presenta una infraestructura de salud privada en crisis por el ocio, paralela a una similar pública, igualmente en crisis por sobrecarga.. La solución inteligente es integrar ambos sectores y complementarlos, aprovechando el exceso disponible de uno con las carencias del otro.
Si eso hiciéramos, la interminable lista de los que esperan operaciones, exámenes y tratamientos, se reduciría sustancialmente. Para eso, el Estado y sus entidades autónomas, tendrían que encomendar la atención de parte de sus pacientes a las clínicas, laboratorios y hospitales privados, y pagar por ello a tarifas previamente acordadas.
La fórmula anterior no es novedosa. Se ha usado tímidamente, aunque con éxito, desde hace años. En Veraguas, por ejemplo, el Ministerio de Salud refiere a una clínica particular las operaciones de cataratas; y más recientemente, el Instituto Oncológico Nacional hizo lo mismo con sus pacientes de radioterapia durante la crisis surgida tras un accidente con sus bombas de cobalto.
Obviamente, surgirán las voces retrógradas de siempre, que descalifican dogmáticamente cualquier forma de privatización, aunque fuera beneficiosa. Podríamos, frente a ellas, alegar que eso no es más que una forma de participación privada en la solución de un problema vital para el país, como lo es la salud ciudadana.
Con la fórmula se cumplen tres propósitos. Se salvan de la actual crisis de débil demanda las clínicas privadas, se aligera la excesiva presión sobre los hospitales públicos, y se beneficia el público que requiere de servicios de salud, vengan de donde vengan.
