¡Hasta cuando!
Un gran malestar recorre el espinazo del país, y esa sensación es compartida por encuesta de papel y de "carne y hueso", por tirios y troyanos. Es una crisis con varias aristas que expresan tanto crisis coyuntural como del modelo económico con sus secuelas de desempleo, pobreza y desigualdad, crisis de valores, crisis política manifestada por la baja credibilidad de gobiernos y partidos, y el descontento ciudadano que acompaña la situación. En medio de esta sopa se desenvuelve un proceso electoral que es impactado por la situación y que la ciudadanía espera que sea parte no del problema sino de la solución.
Hace pocos años una joven periodista chilena escribió palabras como estas en su libro "cabe preguntarse por los motivos que tiene un magistrado determinado para doblegarse a la presión de un empresario o político poderoso, o a sus propios sentimientos de amistad en favor de una parte en un juicio. En el futuro, nada asegura que los cambios en las estructuras impidan que algunos magistrados sigan moviéndose guiados por los intereses de los poderes involucrados en la definición de sus destinos. Ni que el poder político se sienta tentado de imponer sus opiniones".
El texto se llama "El Libro Negro de la Justicia Chilena", y en menos de 24 horas de ser publicado en su país, y en una de las más rápidas y eficientes acciones de la justicia chilena, todos los ejemplares fueron requisados por orden del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y la orden fue tramitada en función de un requerimiento por Ley de Seguridad del Estado.
La autora se vio forzada a salir del país. ¿Por qué tan dura reacción contra un libro? Porque develaba el trasfondo de la realidad de las instituciones jurídicas de ese país.
Hoy en Panamá uno no puede dejar de sentir que existe material suficiente acumulado para escribir varios libros negros (o de cualquier color) sobre las injusticias de la justicia panameña.
Sólo hay que fijarse en los hechos más recientes. El fallo de la Corte Suprema sobre el caso CEMIS y los salvamentos de votos. Es un " fallo que decide la nulidad de lo actuado, así como el archivo del referido expediente con sustento en una desnaturalizada inmunidad parlamentaria de los legisladores de la República...se trata de un acto de corrupción grave en el que uno de los implicados confiesa públicamente la comisión del hecho delictivo....desde enero de 2002 importantes sectores del país pedimos a los señores legisladores el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pedimos al Ministerio Público una investigación sumarial apegada a la ley y al debido proceso y a la Corte Suprema de Justicia un fallo apegado a la Constitución y a la ley y no a intereses políticos o partidistas" proclama un comunicado de la sociedad civil (8 octubre).
Como si fuera poco el magistrado Cigarruista confiesa espontánea y públicamente a un medio de comunicación, que conoce aspectos concretos del soborno de funcionarios públicos en el caso CEMIS, y que el procurador General sabía del asunto. Por ello, diversas asociaciones privadas, civiles y del movimiento popular exigen la renuncia de los magistrados Cigarruista y Spadafora, sus suplente y el procurador. Además del levantamiento de la inmunidad de los legisladores para que puedan ser debidamente investigados y un audito ciudadano del caso CEMIS y de la ratificación de esos magistrados de la Corte.
Súmese a lo anterior la violación de la autonomía de la CSS con el despido ilegal del profesor Juan Jované (respaldado en las calles y en todas las encuestas recientes), las amenazas a la autonomía universitaria y otras situaciones ponen en tela de duda la real vigencia del Estado de Derecho en Panamá.
Pero otros libros también pueden escribirse en este Centenario donde la ciudadanía y la población despiertan y exclaman: ¡hasta cuando! y exigen cada vez en voz más alta, respeto y futuro. Para ellos y ellas la justicia no sólo es legal sino social. Las palabras del cardenal Oscar Rodríguez resuenan hoy "la geografía de la exclusión social se está extendiendo... como consecuencia de los ajustes económicos, de la precarización laboral, del aumento de las desigualdades y la tendencia a la dualización social... "si el mercado es quien gobierna, el Estado, el Gobierno será sólo el que administra lo que dicta el mercado".
Un Estado de Derecho pleno en una democracia más participativa, una economía incluyente y con equidad son grandes desafíos para todos y todas.
(raulleisr@hotmail.com)
Hace pocos años una joven periodista chilena escribió palabras como estas en su libro "cabe preguntarse por los motivos que tiene un magistrado determinado para doblegarse a la presión de un empresario o político poderoso, o a sus propios sentimientos de amistad en favor de una parte en un juicio. En el futuro, nada asegura que los cambios en las estructuras impidan que algunos magistrados sigan moviéndose guiados por los intereses de los poderes involucrados en la definición de sus destinos. Ni que el poder político se sienta tentado de imponer sus opiniones".
El texto se llama "El Libro Negro de la Justicia Chilena", y en menos de 24 horas de ser publicado en su país, y en una de las más rápidas y eficientes acciones de la justicia chilena, todos los ejemplares fueron requisados por orden del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y la orden fue tramitada en función de un requerimiento por Ley de Seguridad del Estado.
La autora se vio forzada a salir del país. ¿Por qué tan dura reacción contra un libro? Porque develaba el trasfondo de la realidad de las instituciones jurídicas de ese país.
Hoy en Panamá uno no puede dejar de sentir que existe material suficiente acumulado para escribir varios libros negros (o de cualquier color) sobre las injusticias de la justicia panameña.
Sólo hay que fijarse en los hechos más recientes. El fallo de la Corte Suprema sobre el caso CEMIS y los salvamentos de votos. Es un " fallo que decide la nulidad de lo actuado, así como el archivo del referido expediente con sustento en una desnaturalizada inmunidad parlamentaria de los legisladores de la República...se trata de un acto de corrupción grave en el que uno de los implicados confiesa públicamente la comisión del hecho delictivo....desde enero de 2002 importantes sectores del país pedimos a los señores legisladores el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pedimos al Ministerio Público una investigación sumarial apegada a la ley y al debido proceso y a la Corte Suprema de Justicia un fallo apegado a la Constitución y a la ley y no a intereses políticos o partidistas" proclama un comunicado de la sociedad civil (8 octubre).
Como si fuera poco el magistrado Cigarruista confiesa espontánea y públicamente a un medio de comunicación, que conoce aspectos concretos del soborno de funcionarios públicos en el caso CEMIS, y que el procurador General sabía del asunto. Por ello, diversas asociaciones privadas, civiles y del movimiento popular exigen la renuncia de los magistrados Cigarruista y Spadafora, sus suplente y el procurador. Además del levantamiento de la inmunidad de los legisladores para que puedan ser debidamente investigados y un audito ciudadano del caso CEMIS y de la ratificación de esos magistrados de la Corte.
Súmese a lo anterior la violación de la autonomía de la CSS con el despido ilegal del profesor Juan Jované (respaldado en las calles y en todas las encuestas recientes), las amenazas a la autonomía universitaria y otras situaciones ponen en tela de duda la real vigencia del Estado de Derecho en Panamá.
Pero otros libros también pueden escribirse en este Centenario donde la ciudadanía y la población despiertan y exclaman: ¡hasta cuando! y exigen cada vez en voz más alta, respeto y futuro. Para ellos y ellas la justicia no sólo es legal sino social. Las palabras del cardenal Oscar Rodríguez resuenan hoy "la geografía de la exclusión social se está extendiendo... como consecuencia de los ajustes económicos, de la precarización laboral, del aumento de las desigualdades y la tendencia a la dualización social... "si el mercado es quien gobierna, el Estado, el Gobierno será sólo el que administra lo que dicta el mercado".
Un Estado de Derecho pleno en una democracia más participativa, una economía incluyente y con equidad son grandes desafíos para todos y todas.
(raulleisr@hotmail.com)
