¿Hasta cuándo toleraremos los abusos de ICA Panamá?
Todo parece indicar que ICA Panamá, S.A., tenía una vara muy alta con el anterior gobierno. No sólo disminuyeron en 0.36 kilómetros el tramo total del Corredor Sur, sin cumplir con los trámites necesarios para modificar el contrato original con la nación panameña que establecía cuál era la extensión que debían construir, lo cual representará para el Estado panameño un total de 8.7 millones de balboas, de aceptarse la denuncia de bien oculto presentada por el licenciado Víctor M. Martínez junto a mi persona, y que sigue su trámite en el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que ahora se descubren otras cosas, por supuesto, en detrimento de los usuarios de tal vía rápida. Quizás pensaban que los gobernantes pasados serían reelectos por cinco años más. En lo relativo a la extensión del corredor, el contrato 70-96 señalaba que este iba de Tocumen a la Avenida Aquilino de la Guardia, y terminó acabando en el paso elevado de Punta Paitilla.
Mediante carta enviada el 20 de julio pasado al Ministro de Economía y Finanzas y al Contralor General de la República, suscrita por el colega Martínez y por mí, indicamos que, de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato 70-96, el que autorizó la construcción del Corredor Sur, que establece las tarifas que se pueden cobrar por su uso, en aquella identificada como No. 1, Clase A, para el pago del peaje de "motocicletas, automóviles y pick up", publicada en la Gaceta Oficial No. 23.108 del 26 de agosto de 1996, se podía cobrar hasta la suma de B/.1.80 por el uso de toda la extensión de dicho corredor. Sin embargo, le anotábamos a estos funcionarios garantes y fiscalizadores de las finanzas públicas, que ICA Panamá, a través de su subsidiaria MAXIPISTA, desde el inicio del corredor, están cobrando la suma de B/.1.90 por todo el tramo, lo cual es ilegal y arbitrario.
Pedimos en dicha misiva, que además de suspender la ilegal tarifa, se impusiera una multa ejemplar y severa a ICA Panamá, como medida de resarcimiento a todos quienes hemos estado usando dicho corredor pagando por encima de lo que estaba legalmente permitido cobrar, ante la imposibilidad de devolvernos todo lo que nos han estado cobrando de más.
La respuesta de los voceros de ICA Panamá ha sido cantinflesca, quizás el estilo propio de quienes les gustan los mariachis. Han dicho que el aumento del peaje por la totalidad del tramo del Corredor Sur para "automóviles, motocicletas y pick up", establecido en el Contrato con la Nación en la suma de máxima de un balboa con ochenta centésimos (B/.1.80), y por el cual desde el inicio de su operación se está cobrando la suma de un balboa con noventa (B/.1.90), se justifica debido a que en una de las cláusulas de tal contrato se incluye una autorización para tal cambio de tarifa en base al aumento en los costos de operación ocasionados por la inflación. O sea que antes de que abrieran al público la totalidad del Corredor Sur, según ellos, ya tenían derecho a subir la tarifa legalmente establecida por la bendita inflación.
Por el respeto que nos merece la opinión pública, ante esta nueva mentira de ICA Panamá, S.A., Martínez y yo, retamos a dicha empresa a que publiquen la recomendación dada por el Ministerio de Obras Públicas, requisito previo para cualquier solicitud de aumento de peaje, así como la aprobación de dicho aumento otorgada por el Consejo de Gabinete y nos indiquen en qué Gaceta Oficial fue publicada dicha resolución del Gabinete autorizando dicho aumento, todos requisitos previos para poder lograr un aumento de peaje. Curiosamente, la empresa PYCSA, que tiene en concesión el Corredor Norte, sí ha cumplido con los trámites que, por razones desconocidas, ICA Panamá no cumple. Lo que sí puede hacer ICA Panamá, así como PYCSA, sin pedir autorización de nadie, es disminuir el monto de los peajes, lo cual, en una oportunidad ya se hizo en el Corredor Norte, ante aumento autorizado que el público consideró muy elevado.
Reiteramos nuestra petición de que el Gobierno Nacional, ante esta nueva arbitrariedad de ICA Panamá, S.A., suspenda el monto del peaje que están cobrando, violatorio del contrato existente con la Nación, y proceda, como medida de resarcimiento a los usuarios del Corredor Sur que hemos estado pagando de más, a imponer severas y ejemplares multas, y a que proceda a revisar si con estas ilegalidades y abusos, de imaginarse totalmente apadrinadas por el Gobierno anterior, no están dando causas para que se rescinda de dicho contrato, de acuerdo a la cláusula novena del mismo.
Sin pretender atentar contra la llamada seguridad jurídica del país, sería bueno que la Presidencia de la República, a través, por ejemplo del Colegio Nacional de
Mediante carta enviada el 20 de julio pasado al Ministro de Economía y Finanzas y al Contralor General de la República, suscrita por el colega Martínez y por mí, indicamos que, de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato 70-96, el que autorizó la construcción del Corredor Sur, que establece las tarifas que se pueden cobrar por su uso, en aquella identificada como No. 1, Clase A, para el pago del peaje de "motocicletas, automóviles y pick up", publicada en la Gaceta Oficial No. 23.108 del 26 de agosto de 1996, se podía cobrar hasta la suma de B/.1.80 por el uso de toda la extensión de dicho corredor. Sin embargo, le anotábamos a estos funcionarios garantes y fiscalizadores de las finanzas públicas, que ICA Panamá, a través de su subsidiaria MAXIPISTA, desde el inicio del corredor, están cobrando la suma de B/.1.90 por todo el tramo, lo cual es ilegal y arbitrario.
Pedimos en dicha misiva, que además de suspender la ilegal tarifa, se impusiera una multa ejemplar y severa a ICA Panamá, como medida de resarcimiento a todos quienes hemos estado usando dicho corredor pagando por encima de lo que estaba legalmente permitido cobrar, ante la imposibilidad de devolvernos todo lo que nos han estado cobrando de más.
La respuesta de los voceros de ICA Panamá ha sido cantinflesca, quizás el estilo propio de quienes les gustan los mariachis. Han dicho que el aumento del peaje por la totalidad del tramo del Corredor Sur para "automóviles, motocicletas y pick up", establecido en el Contrato con la Nación en la suma de máxima de un balboa con ochenta centésimos (B/.1.80), y por el cual desde el inicio de su operación se está cobrando la suma de un balboa con noventa (B/.1.90), se justifica debido a que en una de las cláusulas de tal contrato se incluye una autorización para tal cambio de tarifa en base al aumento en los costos de operación ocasionados por la inflación. O sea que antes de que abrieran al público la totalidad del Corredor Sur, según ellos, ya tenían derecho a subir la tarifa legalmente establecida por la bendita inflación.
Por el respeto que nos merece la opinión pública, ante esta nueva mentira de ICA Panamá, S.A., Martínez y yo, retamos a dicha empresa a que publiquen la recomendación dada por el Ministerio de Obras Públicas, requisito previo para cualquier solicitud de aumento de peaje, así como la aprobación de dicho aumento otorgada por el Consejo de Gabinete y nos indiquen en qué Gaceta Oficial fue publicada dicha resolución del Gabinete autorizando dicho aumento, todos requisitos previos para poder lograr un aumento de peaje. Curiosamente, la empresa PYCSA, que tiene en concesión el Corredor Norte, sí ha cumplido con los trámites que, por razones desconocidas, ICA Panamá no cumple. Lo que sí puede hacer ICA Panamá, así como PYCSA, sin pedir autorización de nadie, es disminuir el monto de los peajes, lo cual, en una oportunidad ya se hizo en el Corredor Norte, ante aumento autorizado que el público consideró muy elevado.
Reiteramos nuestra petición de que el Gobierno Nacional, ante esta nueva arbitrariedad de ICA Panamá, S.A., suspenda el monto del peaje que están cobrando, violatorio del contrato existente con la Nación, y proceda, como medida de resarcimiento a los usuarios del Corredor Sur que hemos estado pagando de más, a imponer severas y ejemplares multas, y a que proceda a revisar si con estas ilegalidades y abusos, de imaginarse totalmente apadrinadas por el Gobierno anterior, no están dando causas para que se rescinda de dicho contrato, de acuerdo a la cláusula novena del mismo.
Sin pretender atentar contra la llamada seguridad jurídica del país, sería bueno que la Presidencia de la República, a través, por ejemplo del Colegio Nacional de
