¿Hasta dónde debemos ser responsables?
Sobre el caso de los colombianos devueltos a su país para que de ellos se hicieran cargo sus autoridades seguiremos escuchando en el futuro, pues no será de extrañar que luego del informe levantado conjuntamente por las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá, que hace señalamientos de responsabilidad a nuestras autoridades de policía y migración, el asunto llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente está radicado en la Comisión de Derechos Humanos, que hace las veces de un Ministerio Público y, por tanto, de sustanciadora del expediente que, eventualmente se trasladaría a la jurisdicción de la Corte.
Nadie debe ser insensible a las tragedias humanas que son secuela de los conflictos como el que vive la hermana república de Colombia desde hace más de cuarenta años. Miles de seres humanos han sido víctimas de esa violencia que no parece tener fin ni solución racional. Nuestro país, no ha escapado a las consecuencias del conflicto. A Panamá le ha sido impuesto un alto sacrificio que hasta ahora hemos sobrellevado de la mejor manera posible. Nuestro territorio ha sido invadido en muchas ocasiones por partidarios de uno u otro bando que no sólo han buscado esconderse dentro de nuestras fronteras sino que también han sembrado pánico y muerte entre compatriotas que sólo aspiran a vivir pacíficamente, y a quienes se ha forzado a vivir como desplazados en su propio país.
Somos y debemos seguir siendo sensibles a la tragedia de los hermanos colombianos, pero más debemos serlo a la de nuestros compatriotas. Nuestras autoridades deben, antes que nada, velar por su seguridad.
Cuando se produjeron las acciones tomadas por las autoridades panameñas para devolver al control de las colombianas a un grupo de sus nacionales, sin residencia legal dentro de nuestras fronteras, unos por huir de la violencia y otros porque mantenían vinculaciones con las facciones en pugna, se estaba respondiendo a una situación que tiene muy pocas alternativas.
Estado Panameño, a duras penas puede ofrecer protección a sus propios nacionales que viven en constante incertidumbre frente a las acciones de los insurgentes. Establecer niveles de mínimos de protección y seguridad para nuestros nacionales que viven cerca de la frontera ha supuesto la inversión de considerables recursos de que no disponemos. También dentro de nuestras posibilidades hemos tratado de proteger a los extranjeros que viven en las áreas fronterizas, pero hay un límite a nuestras capacidades. No estamos en posibilidad de hacernos cargo de todos aquellos extranjeros que decidan adentrarse en territorio panameño y que no tienen la condición de residentes legales.
Si las cosas se miran objetivamente, la responsabilidad primaria de velar por la seguridad de sus nacionales es de las autoridades colombianas, que debieran brindarles las condiciones para una vida segura dentro de su territorio o reubicarles fuera de las zonas de conflicto y, además, evitar mediante controles adecuados que traspasen nuestra frontera. La realidad es diferente. Y nuestro país es, de manera creciente, invadido por nacionales de Colombia que tratan de buscar seguridad en territorio panameño. A esa personas, hasta donde sea posible debe brindárseles protección, pero sólo hasta dónde sea posible. Nuestras capacidades no son ilimitadas y, por tanto, pedirle a las autoridades colombianas que reciban de vuelta a sus nacionales que han entrado ilegalmente a nuestro país es una solución razonable. Y verlo de otra manera es injusto.
Nadie debe ser insensible a las tragedias humanas que son secuela de los conflictos como el que vive la hermana república de Colombia desde hace más de cuarenta años. Miles de seres humanos han sido víctimas de esa violencia que no parece tener fin ni solución racional. Nuestro país, no ha escapado a las consecuencias del conflicto. A Panamá le ha sido impuesto un alto sacrificio que hasta ahora hemos sobrellevado de la mejor manera posible. Nuestro territorio ha sido invadido en muchas ocasiones por partidarios de uno u otro bando que no sólo han buscado esconderse dentro de nuestras fronteras sino que también han sembrado pánico y muerte entre compatriotas que sólo aspiran a vivir pacíficamente, y a quienes se ha forzado a vivir como desplazados en su propio país.
Somos y debemos seguir siendo sensibles a la tragedia de los hermanos colombianos, pero más debemos serlo a la de nuestros compatriotas. Nuestras autoridades deben, antes que nada, velar por su seguridad.
Cuando se produjeron las acciones tomadas por las autoridades panameñas para devolver al control de las colombianas a un grupo de sus nacionales, sin residencia legal dentro de nuestras fronteras, unos por huir de la violencia y otros porque mantenían vinculaciones con las facciones en pugna, se estaba respondiendo a una situación que tiene muy pocas alternativas.
Estado Panameño, a duras penas puede ofrecer protección a sus propios nacionales que viven en constante incertidumbre frente a las acciones de los insurgentes. Establecer niveles de mínimos de protección y seguridad para nuestros nacionales que viven cerca de la frontera ha supuesto la inversión de considerables recursos de que no disponemos. También dentro de nuestras posibilidades hemos tratado de proteger a los extranjeros que viven en las áreas fronterizas, pero hay un límite a nuestras capacidades. No estamos en posibilidad de hacernos cargo de todos aquellos extranjeros que decidan adentrarse en territorio panameño y que no tienen la condición de residentes legales.
Si las cosas se miran objetivamente, la responsabilidad primaria de velar por la seguridad de sus nacionales es de las autoridades colombianas, que debieran brindarles las condiciones para una vida segura dentro de su territorio o reubicarles fuera de las zonas de conflicto y, además, evitar mediante controles adecuados que traspasen nuestra frontera. La realidad es diferente. Y nuestro país es, de manera creciente, invadido por nacionales de Colombia que tratan de buscar seguridad en territorio panameño. A esa personas, hasta donde sea posible debe brindárseles protección, pero sólo hasta dónde sea posible. Nuestras capacidades no son ilimitadas y, por tanto, pedirle a las autoridades colombianas que reciban de vuelta a sus nacionales que han entrado ilegalmente a nuestro país es una solución razonable. Y verlo de otra manera es injusto.
