¡Hay que bajar el gobierno, pero gradualmente!
La descentralización del gobierno y el fortalecimiento de los gobiernos locales, que no son asuntos iguales, vienen siendo exaltadas a la categoría de dogmas, con injustificada precipitud.
Aclaro que favorezco ambas tendencias, por considerarlas saludables para el desarrollo nacional. Mi discrepancia con algunas propuestas de boga (que llegan casi a proponer que el gobierno se ejerza, exclusivamente, a través de los municipios) está en cómo y cuándo debe hacerse.
Sobre ambos temas se pude hablar en abstracto con lo que se cometería el error de divorciarse de la realidad o de no prestar atención, como creo que debe hacerse, a las condiciones específicas y a las realidades existentes en cada país.
Pasemos ahora a trabajar con la realidad panameña y repasemos algunos hechos:
1-Salvo unos cuantos, que no alcanzan a una docena, el resto de los municipios en que está dividida la República de Panamá no tienen capacidad de cubrir su presupuesto de funcionamiento.
2-Salvo algunos, muy contados, nuestros municipios no cuentan con capacidad administrativa y gerencial para asumir nuevas funciones.
3-Salvo los municipios cabeceras de provincia, son muy pocos los que están en capacidad de desarrollarse con sus propios recursos.
4-Considerar que nuestros municipios son comparables a los de países desarrollados es querer ver el día cuando es de noche.
5-Mientras más se fraccionan los pocos recursos disponibles, menos posibilidad existe de aprovecharlos en forma óptima.
6-Entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales existen los gobiernos provinciales, que no son tomados en cuenta y, por tanto, no se han aprovechado debidamente.
Decía al principio que la descentralización no es igual al fortalecimiento de los gobiernos locales, pues aquella puede darse por la sola delegación a una Dirección Regional de cualquiera de los ministerios de mayor autoridad para decidir, sin tener que consultar a la capital; en cambio, el fortalecimiento de los gobiernos locales, entendido como el traslado a los municipios de funciones que actualmente ejerce el gobierno central, que es lo que con frecuencia se propone, es otra cosa.
Somos un país demasiado pequeño y de limitados recursos, para adoptar una política de fraccionamiento de la función pública. Ello conlleva el grave riesgo de atomizar los recursos y multiplicar burocracias sin ninguna garantía de obtener buenos resultados.
Si lo que se persigue es que los servicios que el Estado presta lleguen con efectividad a las comunidades, estimo que el camino prudente y práctico es diseñar una estrategia para, primero, preparar los gobiernos locales, antes de trasladarles mayores responsabilidades y así garantizar que puedan cumplirlas.
En segundo lugar, debe aprovecharse el nivel intermedio que representan los gobiernos provinciales que han sido postergados sin razón.
En la legislación vigente están establecidos los Consejos Provinciales, como órganos que reúnen a todos los Representantes de Corregimientos. En ellos también participan el gobernador, los alcaldes y los legisladores de la provincia. Si esa estructura se aprovecha adecuadamente, de allí puede nacer una estrategia provincial de desarrollo, producto de la consulta y el acuerdo entre sus participantes.
Los Consejos Provinciales pueden transformarse en verdaderas "Asambleas Provinciales ", en las que se discuta y acuerde el "Plan de Obras Provinciales" y se diseñen los mecanismos para asegurar su adecuada ejecución.
En síntesis, mi recomendación es que no se continúe la dispersión de recursos y funciones hacia los niveles municipales o de corregimientos, sin antes aprovechar el nivel provincial.
Pienso que en esa forma se podría lograr un mejor empleo de los escasos recursos del Estado.
Aclaro que favorezco ambas tendencias, por considerarlas saludables para el desarrollo nacional. Mi discrepancia con algunas propuestas de boga (que llegan casi a proponer que el gobierno se ejerza, exclusivamente, a través de los municipios) está en cómo y cuándo debe hacerse.
Sobre ambos temas se pude hablar en abstracto con lo que se cometería el error de divorciarse de la realidad o de no prestar atención, como creo que debe hacerse, a las condiciones específicas y a las realidades existentes en cada país.
Pasemos ahora a trabajar con la realidad panameña y repasemos algunos hechos:
1-Salvo unos cuantos, que no alcanzan a una docena, el resto de los municipios en que está dividida la República de Panamá no tienen capacidad de cubrir su presupuesto de funcionamiento.
2-Salvo algunos, muy contados, nuestros municipios no cuentan con capacidad administrativa y gerencial para asumir nuevas funciones.
3-Salvo los municipios cabeceras de provincia, son muy pocos los que están en capacidad de desarrollarse con sus propios recursos.
4-Considerar que nuestros municipios son comparables a los de países desarrollados es querer ver el día cuando es de noche.
5-Mientras más se fraccionan los pocos recursos disponibles, menos posibilidad existe de aprovecharlos en forma óptima.
6-Entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales existen los gobiernos provinciales, que no son tomados en cuenta y, por tanto, no se han aprovechado debidamente.
Decía al principio que la descentralización no es igual al fortalecimiento de los gobiernos locales, pues aquella puede darse por la sola delegación a una Dirección Regional de cualquiera de los ministerios de mayor autoridad para decidir, sin tener que consultar a la capital; en cambio, el fortalecimiento de los gobiernos locales, entendido como el traslado a los municipios de funciones que actualmente ejerce el gobierno central, que es lo que con frecuencia se propone, es otra cosa.
Somos un país demasiado pequeño y de limitados recursos, para adoptar una política de fraccionamiento de la función pública. Ello conlleva el grave riesgo de atomizar los recursos y multiplicar burocracias sin ninguna garantía de obtener buenos resultados.
Si lo que se persigue es que los servicios que el Estado presta lleguen con efectividad a las comunidades, estimo que el camino prudente y práctico es diseñar una estrategia para, primero, preparar los gobiernos locales, antes de trasladarles mayores responsabilidades y así garantizar que puedan cumplirlas.
En segundo lugar, debe aprovecharse el nivel intermedio que representan los gobiernos provinciales que han sido postergados sin razón.
En la legislación vigente están establecidos los Consejos Provinciales, como órganos que reúnen a todos los Representantes de Corregimientos. En ellos también participan el gobernador, los alcaldes y los legisladores de la provincia. Si esa estructura se aprovecha adecuadamente, de allí puede nacer una estrategia provincial de desarrollo, producto de la consulta y el acuerdo entre sus participantes.
Los Consejos Provinciales pueden transformarse en verdaderas "Asambleas Provinciales ", en las que se discuta y acuerde el "Plan de Obras Provinciales" y se diseñen los mecanismos para asegurar su adecuada ejecución.
En síntesis, mi recomendación es que no se continúe la dispersión de recursos y funciones hacia los niveles municipales o de corregimientos, sin antes aprovechar el nivel provincial.
Pienso que en esa forma se podría lograr un mejor empleo de los escasos recursos del Estado.
