Hay que ponerse los pantalones
El gobierno sigue sometido a una batalla imprudente con los docentes, quienes buscan mejoras salariales. Estos grupos entendieron muy bien que el Ejecutivo está vulnerable ante el tema del referéndum por la ampliación del Canal, y decidieron tomar ventaja. El arma utilizada por los trabajadores ha sido la paralización de labores y el tranque de calles. Para ninguna de estas dos acciones las autoridades han tenido respuestas tácticas que ayuden a que el conflicto no se salga de sus márgenes. Por el contrario, el efecto de las huelgas y el congestionamiento vehicular ha sido estremecedor para la ciudadanía, en primer lugar los estudiantes, quienes ven cómo se va perdiendo el año lectivo.
Un aspecto que debe destacarse es que ni con los docentes ni con los trabajadores del Seguro Social se ha negado que tengan razón en sus requerimientos. El alto costo de la vida, que golpea a todos los panameños, no es ajeno a estos ciudadanos que le prestan valiosos servicios al país. Por ende, tanto las autoridades nacionales como conspicuos representantes de la sociedad civil entienden como legítimas las exigencias de estos grupos por un mejor nivel de vida.
Sin embargo, la comprensión no es recíproca. Se les ha dicho en reiteradas ocasiones que las finanzas públicas no toleran tanta reivindicación. Esta es una verdad que los docentes no han querido aceptar, y su negación se expresa en huelgas y caos.
Es en este punto donde el gobierno ha perdido el equilibrio. Debido a su vulnerabilidad por el referéndum, las autoridades aparentan estar desprovistas de creatividad y don de mando, lo que es en definitiva el primer paso para la ingobernabilidad. Es trágico que sean otros, y no las autoridades, quienes digan cuáles son los temas que deben regir materias como la educación y la seguridad social.
El asunto promete empeorar si el sindicato de la construcción entra en escena de lleno tomándose las calles. Si el gobierno no deja claro quién tiene el mandato del pueblo para poner orden, el futuro se pinta gris.
Un aspecto que debe destacarse es que ni con los docentes ni con los trabajadores del Seguro Social se ha negado que tengan razón en sus requerimientos. El alto costo de la vida, que golpea a todos los panameños, no es ajeno a estos ciudadanos que le prestan valiosos servicios al país. Por ende, tanto las autoridades nacionales como conspicuos representantes de la sociedad civil entienden como legítimas las exigencias de estos grupos por un mejor nivel de vida.
Sin embargo, la comprensión no es recíproca. Se les ha dicho en reiteradas ocasiones que las finanzas públicas no toleran tanta reivindicación. Esta es una verdad que los docentes no han querido aceptar, y su negación se expresa en huelgas y caos.
Es en este punto donde el gobierno ha perdido el equilibrio. Debido a su vulnerabilidad por el referéndum, las autoridades aparentan estar desprovistas de creatividad y don de mando, lo que es en definitiva el primer paso para la ingobernabilidad. Es trágico que sean otros, y no las autoridades, quienes digan cuáles son los temas que deben regir materias como la educación y la seguridad social.
El asunto promete empeorar si el sindicato de la construcción entra en escena de lleno tomándose las calles. Si el gobierno no deja claro quién tiene el mandato del pueblo para poner orden, el futuro se pinta gris.
