Hay que reformar el Código Laboral
Para nadie es un secreto que nuestro país cayó por el despeñadero a partir del año 1972, cuando los sabios que nos gobernaban implantaron el nuevo Código de Trabajo y aprobaron la Ley de Vivienda. Hasta 1968, con todo lo que se ha querido hablar de los gobiernos de entonces, nuestra tasa de crecimiento se mantenía en el 8% y no había desempleo. Esto se mantuvo hasta el año 1972. De allí comenzamos a decrecer, los cierres de negocios, especialmente de la pequeña y mediana empresa fueron los más afectados. No hay que olvidar el estribillo que esgrimieron los trabajadores "Empresa cerrada, Empresa tomada".
La incapacidad para manejar lo que quedó en manos de los trabajadores no si hizo esperar y a la postre fracasaron, con el consiguiente desempleo de los que tenían su sustento asegurado y comenzó la ola de desempleo que hasta la fecha sigue en aumento. Al destruir lo que existía, muy pocos se aventuraron a iniciar nuevamente sus negocios que ya habían perdido vigencia.
Con las leyes que protegen la microempresa, surgió la explotación de esos negocios en manos de extranjeros sin respetar la ley que establece que el comercio al por menor debe estar en manos de panameños. Lo curioso de todo esto es que existen nuevos panameños que no saben hablar español, de procedencia asiática y orientales, que sería conveniente investigar cómo consiguieron su nacionalidad.
Sin querer que se me tilde de xenófobo, mis argumentos van dirigidos a quienes nos gobiernan, para establecer si se trata de un negociado que se origina en muchos años anteriores y que guarda relación con el Departamento de Migración y el Ministerio de Comercio, pues en muchos casos los extranjeros tramitan su Licencia o Registro Comercial a nombre de empleados que se prestan para este abuso y en otros se casan con panameñas, para poder tener derecho a manejar el negocio al por menor, a nombre de ellas.
Todo esto guarda relación con el actual desempleo y, por ende, con el Código de Trabajo. Siempre he procurado ser un defensor de los trabajadores, porque yo también fui un asalariado, trabajé como empleado por 20 años, protegido por el Código de Trabajo de 1946, que era inmejorable, donde la estabilidad la adquiríamos por el rendimiento y el buen comportamiento, porque la ley no lo estatuía y éramos como familiares de los patronos o dueños de empresa. Todo esto se perdió con el nuevo Código; debido a él los trabajadores se convirtieron en su mayoría de enemigos de los patronos.
Es la triste realidad y una lástima que los gobiernos en democracia no hayan querido hacer los correctivos, que estoy seguro que redundarían en beneficio de nuestra maltrecha economía. ¿Cuántos negocios de empresas extranjeras no se han instalado en nuestro país por estar en desacuerdo con las prestaciones laborales, que suman 40% de los salarios?. Además es bueno reconocer que nuestro salario mínimo es de los más altos de América.
Ahora se pretende que el salario mínimo se aumente a setecientos balboas. Pretensión descabellada como la de los médicos, que aunque tengan en parte razón, sabido es por todos los grupos que ni el Estado ni la empresa privada soporta en la actualidad cualquier aumento, por pequeño que sea. Oportunamente me referiré a la rebaja de los gastos públicos, que deben comenzar por la planilla exorbitante que se paga, sacrificando la inversión pública.
(guerna@chiriqui.com)
El Programa de Nutrición Escolar del Ministerio de Educación, a cargo de Ella Ferguson, cubre 2,661 escuelas con 362,669 estudiantes a un costo de 11 millones de balboas. "Si alguien está comiendo en este país son estos niños", aseguró Ferguson. Destacó que por las metas alcanzadas ya no existe la anemia en los niños que llegaban con seis gramos de hemoglobina. La deficiencia de yodo está totalmente controlada porque se yoda toda la sal por ley y por supervisión del Ministerio de Salud y la vitamina A y el hierro se le está dando en los alimentos, además de las vitaminas de hierro y ácido fólico que proporciona Salud. Para este programa, que se inició en 1993 con B/. 1.2 millones solicitarán el próximo año B/. 18 millones, porque ha aumentado la matrícula. Esto es meta número 1 del Gobierno, aseguró.
Dijo que el Fondo de Inversión Social participa en las zonas rurales y les lleva el almuerzo. Según Ferguson el programa de la crema y la galleta nutritiva cubre a 174 mil 445 estudiantes de escuela primaria. En las comarcas Ngöbe Buglé, Kuna Yala y Emberá, también se ofrece la crema y galleta nutritiva, además del almuerzo del Fondo de Inversión Social.
En la alimentación complementaria el programa abarca a 496 escuelas de la zona urbana con bolsones de pobreza, que están en todo el país, inclusive "detrás de nuestras casas". Esos chicos reciben leche galleta y el almuerzo, aseguró.
Este medio también supo que en México ha habido quejas ante las oficinas respectivas de defensa del consumidor sobre los cursos vendidos por KOE.
En esa entidad, Rigoberto De La Rosa, encargado de la dirección de Asuntos del Consumidor, informó que cuando la empresa comenzó a funcionar en Panamá, el contrato no establecía que en caso de insatisfacción por parte del cliente, éste podía devolver el material en un lapso de 48 horas. Desde el año pasado, contiene esa cláusula.
Informó que en un tiempo hubo muchas quejas ante la CLICAC, por lo que la empresa tuvo que confeccionar otro tipo de contrato más específico, luego de conversaciones y asesoría por parte de los abogados de la institución. El anterior decía en la parte de abajo "Pagaré", con letras chicas. El actual dice "Letra de cambio", con letras rojas, y en centro del contrato.
En estos momentos, sin embargo, aunque hay un nuevo documento, siguen llegando las denuncias, por lo que las investigaciones en la CLICAC continúan. Explicó que los acuerdos a que han llegado los afectados con KOE están basados en la conciliación, una figura establecida en la Ley 29 sobre libre competencia y protección del consumidor (Artículo 103, numeral 18, en correspondencia con los artículos 119 y siguientes), con la que se busca que ambas partes se atengan a un arreglo que les parezca justo y conveniente.
En ese sentido, el denunciado y el denunciante proponen y aceptan pautas durante las audiencias de conciliación, siempre basados en lo que establece la ley. Las quejas se basan en la falta de información cuando se vende el curso, que desencadena en un engaño, según los afectados.
De La Rosa fue enfático al informar que la ley indica que existe la obligación de informar, por parte del proveedor al consumidor, lo que se está vendiendo. El deber del primero es informar detalladamente sobre las características del producto o servicio ofrecido.
Si no se hace, entonces la CLICAC acepta atender las quejas que se presentan. Pero también hay que tener en cuenta cuáles son los deberes del consumidor, que tiene la obligación de leer qué es lo que firma. En este caso, el contrato dice claramente que se trata de una letra de cambio, informó De La Rosa, quien advirtió que el consumidor jamás debe firmar contratos en blanco.
Muchos de los casos en los que no se han logrado acuerdos y siguen la vía judicial, es porque la entidad no puede resarcir ni llevar al consumidor a un estado perfecto cuando el servicio que adquiere supera los 500 balboas. Se trata por todos los medios de conciliar, pero cuando no se logra, el consumidor tiene la opción de la vía judicial, resaltó.
Debido a las múltiples denuncias, la entidad citó a los directivos y abogados de KOE, señaló la fuente, para hacer cambios en los términos de la redacción de los contratos. Además, se hicieron inspecciones a las instalaciones. Esto trajo como consecuencia que bajara la cantidad de denuncias, de 41 a 9. Por ahora KOE no ha sido sancionada por la CLICAC, aunque la entidad tiene potestad para hacerlo.
El Panamá América entrevistó a Jhon Mario Mejía, gerente administrativo de KOE, quien argumentó que el contrato es claro y especifica que el cliente paga por el material didáctico. Las asesorías son gratis. El cliente debe pagar este material, si no es devuelto en el término de 48 horas.
Pero, ¿cuesta ese material más de B/.2 mil 200? A juicio de Mejía sí. También lo considera así el director de cobros, Gerardo Sánchez, porque, según dijo, no son sólo los tres textos de modismos y ejercicios de comprensión, ocho cintas de audio de Inglés básico, 16 casetes de Inglés intermedio, 16 casetes de Inglés avanzado y un maletín, sino los derechos de autor del sistema y del contenido de libros y casetes.
Sánchez destacó que el programa es científico, natural y sugestopédico. Esto último proviene de la "sugestología", que es la ciencia que se encarga de despertar la parte inactiva del cerebro. Se usa el método "Fast and easy".
Pero para que resulte, la persona debe hacer el EPA: Ejercicio Previo Autónomo, que es leer los libros y escuchar los casetes antes de llegar a la asesoría de una hora dos veces por semana. Hay que tener voluntad de aprender por sí mismos, sin horarios ni exámenes, destaca la fuente, aunque con asesoría.
Los planes de enseñanza son de 9, 12 y 14 meses, a un costo de más de B/.1,200.00, con mensualidades de entre B/.83.00 y B/.97.00. Según Mejía, KOE no acepta la devolución del material didáctico porque puede haber sido copiado o reproducido para venderlo más adelante y porque el cliente no firma un contrato leonino, sino uno muy sencillo.
Sánchez a su vez dijo no comprender por qué hay tantas quejas, y lo que ocurre es que la gente adquiere un compromiso de pago (pagaré) y luego ve que tiene otras prioridades, como pagar el carro, y desea dejar de cancelar su compromiso con KOE.
Esta empresa tiene unos 130 empleados a los que debe pagar sus salarios, señaló, y unos 6 mil clientes en todo el país, que deben seguir recibiendo atención. La empresa se estableció oficialmente en Panamá en agosto del 2000 y su representante legal es el bufete Solís, Endara, Delgado y Guevara.
La incapacidad para manejar lo que quedó en manos de los trabajadores no si hizo esperar y a la postre fracasaron, con el consiguiente desempleo de los que tenían su sustento asegurado y comenzó la ola de desempleo que hasta la fecha sigue en aumento. Al destruir lo que existía, muy pocos se aventuraron a iniciar nuevamente sus negocios que ya habían perdido vigencia.
Con las leyes que protegen la microempresa, surgió la explotación de esos negocios en manos de extranjeros sin respetar la ley que establece que el comercio al por menor debe estar en manos de panameños. Lo curioso de todo esto es que existen nuevos panameños que no saben hablar español, de procedencia asiática y orientales, que sería conveniente investigar cómo consiguieron su nacionalidad.
Sin querer que se me tilde de xenófobo, mis argumentos van dirigidos a quienes nos gobiernan, para establecer si se trata de un negociado que se origina en muchos años anteriores y que guarda relación con el Departamento de Migración y el Ministerio de Comercio, pues en muchos casos los extranjeros tramitan su Licencia o Registro Comercial a nombre de empleados que se prestan para este abuso y en otros se casan con panameñas, para poder tener derecho a manejar el negocio al por menor, a nombre de ellas.
Todo esto guarda relación con el actual desempleo y, por ende, con el Código de Trabajo. Siempre he procurado ser un defensor de los trabajadores, porque yo también fui un asalariado, trabajé como empleado por 20 años, protegido por el Código de Trabajo de 1946, que era inmejorable, donde la estabilidad la adquiríamos por el rendimiento y el buen comportamiento, porque la ley no lo estatuía y éramos como familiares de los patronos o dueños de empresa. Todo esto se perdió con el nuevo Código; debido a él los trabajadores se convirtieron en su mayoría de enemigos de los patronos.
Es la triste realidad y una lástima que los gobiernos en democracia no hayan querido hacer los correctivos, que estoy seguro que redundarían en beneficio de nuestra maltrecha economía. ¿Cuántos negocios de empresas extranjeras no se han instalado en nuestro país por estar en desacuerdo con las prestaciones laborales, que suman 40% de los salarios?. Además es bueno reconocer que nuestro salario mínimo es de los más altos de América.
Ahora se pretende que el salario mínimo se aumente a setecientos balboas. Pretensión descabellada como la de los médicos, que aunque tengan en parte razón, sabido es por todos los grupos que ni el Estado ni la empresa privada soporta en la actualidad cualquier aumento, por pequeño que sea. Oportunamente me referiré a la rebaja de los gastos públicos, que deben comenzar por la planilla exorbitante que se paga, sacrificando la inversión pública.
(guerna@chiriqui.com)
El Programa de Nutrición Escolar del Ministerio de Educación, a cargo de Ella Ferguson, cubre 2,661 escuelas con 362,669 estudiantes a un costo de 11 millones de balboas. "Si alguien está comiendo en este país son estos niños", aseguró Ferguson. Destacó que por las metas alcanzadas ya no existe la anemia en los niños que llegaban con seis gramos de hemoglobina. La deficiencia de yodo está totalmente controlada porque se yoda toda la sal por ley y por supervisión del Ministerio de Salud y la vitamina A y el hierro se le está dando en los alimentos, además de las vitaminas de hierro y ácido fólico que proporciona Salud. Para este programa, que se inició en 1993 con B/. 1.2 millones solicitarán el próximo año B/. 18 millones, porque ha aumentado la matrícula. Esto es meta número 1 del Gobierno, aseguró.
Dijo que el Fondo de Inversión Social participa en las zonas rurales y les lleva el almuerzo. Según Ferguson el programa de la crema y la galleta nutritiva cubre a 174 mil 445 estudiantes de escuela primaria. En las comarcas Ngöbe Buglé, Kuna Yala y Emberá, también se ofrece la crema y galleta nutritiva, además del almuerzo del Fondo de Inversión Social.
En la alimentación complementaria el programa abarca a 496 escuelas de la zona urbana con bolsones de pobreza, que están en todo el país, inclusive "detrás de nuestras casas". Esos chicos reciben leche galleta y el almuerzo, aseguró.
Este medio también supo que en México ha habido quejas ante las oficinas respectivas de defensa del consumidor sobre los cursos vendidos por KOE.
En esa entidad, Rigoberto De La Rosa, encargado de la dirección de Asuntos del Consumidor, informó que cuando la empresa comenzó a funcionar en Panamá, el contrato no establecía que en caso de insatisfacción por parte del cliente, éste podía devolver el material en un lapso de 48 horas. Desde el año pasado, contiene esa cláusula.
Informó que en un tiempo hubo muchas quejas ante la CLICAC, por lo que la empresa tuvo que confeccionar otro tipo de contrato más específico, luego de conversaciones y asesoría por parte de los abogados de la institución. El anterior decía en la parte de abajo "Pagaré", con letras chicas. El actual dice "Letra de cambio", con letras rojas, y en centro del contrato.
En estos momentos, sin embargo, aunque hay un nuevo documento, siguen llegando las denuncias, por lo que las investigaciones en la CLICAC continúan. Explicó que los acuerdos a que han llegado los afectados con KOE están basados en la conciliación, una figura establecida en la Ley 29 sobre libre competencia y protección del consumidor (Artículo 103, numeral 18, en correspondencia con los artículos 119 y siguientes), con la que se busca que ambas partes se atengan a un arreglo que les parezca justo y conveniente.
En ese sentido, el denunciado y el denunciante proponen y aceptan pautas durante las audiencias de conciliación, siempre basados en lo que establece la ley. Las quejas se basan en la falta de información cuando se vende el curso, que desencadena en un engaño, según los afectados.
De La Rosa fue enfático al informar que la ley indica que existe la obligación de informar, por parte del proveedor al consumidor, lo que se está vendiendo. El deber del primero es informar detalladamente sobre las características del producto o servicio ofrecido.
Si no se hace, entonces la CLICAC acepta atender las quejas que se presentan. Pero también hay que tener en cuenta cuáles son los deberes del consumidor, que tiene la obligación de leer qué es lo que firma. En este caso, el contrato dice claramente que se trata de una letra de cambio, informó De La Rosa, quien advirtió que el consumidor jamás debe firmar contratos en blanco.
Muchos de los casos en los que no se han logrado acuerdos y siguen la vía judicial, es porque la entidad no puede resarcir ni llevar al consumidor a un estado perfecto cuando el servicio que adquiere supera los 500 balboas. Se trata por todos los medios de conciliar, pero cuando no se logra, el consumidor tiene la opción de la vía judicial, resaltó.
Debido a las múltiples denuncias, la entidad citó a los directivos y abogados de KOE, señaló la fuente, para hacer cambios en los términos de la redacción de los contratos. Además, se hicieron inspecciones a las instalaciones. Esto trajo como consecuencia que bajara la cantidad de denuncias, de 41 a 9. Por ahora KOE no ha sido sancionada por la CLICAC, aunque la entidad tiene potestad para hacerlo.
El Panamá América entrevistó a Jhon Mario Mejía, gerente administrativo de KOE, quien argumentó que el contrato es claro y especifica que el cliente paga por el material didáctico. Las asesorías son gratis. El cliente debe pagar este material, si no es devuelto en el término de 48 horas.
Pero, ¿cuesta ese material más de B/.2 mil 200? A juicio de Mejía sí. También lo considera así el director de cobros, Gerardo Sánchez, porque, según dijo, no son sólo los tres textos de modismos y ejercicios de comprensión, ocho cintas de audio de Inglés básico, 16 casetes de Inglés intermedio, 16 casetes de Inglés avanzado y un maletín, sino los derechos de autor del sistema y del contenido de libros y casetes.
Sánchez destacó que el programa es científico, natural y sugestopédico. Esto último proviene de la "sugestología", que es la ciencia que se encarga de despertar la parte inactiva del cerebro. Se usa el método "Fast and easy".
Pero para que resulte, la persona debe hacer el EPA: Ejercicio Previo Autónomo, que es leer los libros y escuchar los casetes antes de llegar a la asesoría de una hora dos veces por semana. Hay que tener voluntad de aprender por sí mismos, sin horarios ni exámenes, destaca la fuente, aunque con asesoría.
Los planes de enseñanza son de 9, 12 y 14 meses, a un costo de más de B/.1,200.00, con mensualidades de entre B/.83.00 y B/.97.00. Según Mejía, KOE no acepta la devolución del material didáctico porque puede haber sido copiado o reproducido para venderlo más adelante y porque el cliente no firma un contrato leonino, sino uno muy sencillo.
Sánchez a su vez dijo no comprender por qué hay tantas quejas, y lo que ocurre es que la gente adquiere un compromiso de pago (pagaré) y luego ve que tiene otras prioridades, como pagar el carro, y desea dejar de cancelar su compromiso con KOE.
Esta empresa tiene unos 130 empleados a los que debe pagar sus salarios, señaló, y unos 6 mil clientes en todo el país, que deben seguir recibiendo atención. La empresa se estableció oficialmente en Panamá en agosto del 2000 y su representante legal es el bufete Solís, Endara, Delgado y Guevara.
