Hechos, no palabras

En relación con el proceso judicial que se le sigue a la Procuradora General de la Nación, el señor Presidente ha negado “tener vela en ese entierro”. Ciertamente, él no interpuso la queja, ni pidió la separación de la Jefa del Ministerio Público, cuyo periodo constitucional vence el 31 de diciembre de 2014, es decir, después de que concluya el del actual gobierno. La Procuraduría General es la única de las instituciones de gobierno que está fuera del alcance del grupo político que arrolladoramente triunfó en las elecciones de mayo del año pasado. Aunque no lo reconozca públicamente, el señor Presidente sabe muy bien que si el desenlace de dicho proceso concluye con la terminación de la actual titular, se abrirá la posibilidad de colocar a otro de sus allegados al frente de esta importantísima institución. Con ello se cerraría el círculo del control total del Estado por el Presidente de la República (la Defensoría del Pueblo no cuenta porque su titular solo ejerce una magistratura moral y no puede auxiliarse del poder coercitivo). Si las palabras del primer mandatario son buenas, nos enteraremos cuando veamos las decisiones de la Corte Suprema, que decidirá primero sobre la separación del cargo, mientras dura la investigación, y luego sobre la destitución definitiva. Habrá que prestar mucha atención al fallo y a los salvamentos de voto, y así nos daremos cuenta, según lo que ordene la mayoría judicial, si la democracia está al borde del abismo, o en caída libre.