Hechos para reflexionar
En el ejercicio judicial, en ocasiones, nos encontramos contradicciones inexplicables. Recuerdo muy bien que el asesinato del inspector Franklin Brewster se usó como caballito de batalla para transformar la Policía Técnica Judicial en la Dirección de Investigación Judicial. En aquel momento se argumentaba que el crimen organizado había penetrado las instituciones del Estado y, por ende, se buscaba una modernización del sector investigativo para fortalecer el Organo Judicial. Dos detectives inocentes pagaban con cárcel por haber asesinado a Brewster, mientras se debatía este proyecto.
Aún no hay una evaluación del cambio, lo que sí hay son decenas de renuncias sobre el escritorio del director de la DIJ.
Después de analizar el fallo del Segundo Tribunal Superior, la Procuraduría no tiene la menor idea de quién mató a Brewster, y en contradicción con lo que antes parecía ser un hecho, persiste la duda si el crimen organizado penetró la institución.
El pago de los salarios caídos a los detectives acusados por este crimen y su reintegro laboral se suma a la lista de funcionarios que han acudido ante la Corte Suprema de Justicia demandando la ilegalidad de lo actuado por la Procuradora General. Los ex fiscales Giovanni Olmos, Edwin Álvarez y Arquímedes Sáenz, separados por supuestas faltas en el ejercicio de sus labores, son otro ejemplo. A ellos se suman los casos de Nedelca Castillo, Aminta Corro y Argentina Barrera que esperan un pronunciamiento de la Corte. Me pregunto, ¿qué opinión tendrán los ciudadanos sobre este tipo de señalamientos basados en una desnutrida sustentación criminal o administrativa?
