¿Herencia de Pérez Balladares?
AL IGUAL QUE a muchos, forzosamente viene a la mente el ex presidente Pérez Balladares, ya que en su gobierno finalmente se reparó bien la vía a El Valle de Antón. Igual ocurre cuando manejamos por los Corredores Sur y Norte. Sin embargo, y con dolor y tristeza, me viene a la mente él también al ver la falta de control financiero que durante su gestión se permitió a las empresas privatizadas en donde Panamá se consuela con recibir anualmente sus dividendos; eso sí, cuando esas empresas dicen y deciden hubo ganancias.
Lo que se hizo en el 97, cuando encargó al Ministro de Hacienda y Tesoro, Miguel Heras Castro, para vender el 49% d el INTEL, adjudicándoselo a la británica Cable & Wireless Plc., dejó a los panameños prácticamente en la indefensión. Con tres miembros de su Directiva, especie de mirones de palo, al decidir todo los otros socios. No sé si Cable & Wireless les paga algo por ser miembros de su Directiva, porque al preguntárselos me dijeron -como siempre- que se trataba de información confidencial, como si la información sobre un ministro o un viceministro no debiera ser toda pública. Tratándose de cuantiosas inversiones, como son las del renglón telefónico, no se permite ningún control a la Contraloría General. Equivaldría a una sociedad con un socio con el 49%, pero que el otro socio de otro 49%, dispusiera de todos los gastos y si hay ganancias o no. Y eso, a pesar de que, si sumamos el 2% de los trabajadores de la empresa, nos hace a los panameños con una mayoría del 51%.
En el 2002, al aprobarse la Ley 6 de Transparencia de la Gestión Pública, solicitamos a Norberto Delgado, Ministro del MEF, copia del Contrato de Administración y Operación celebrado con Cable & Wireless, nunca publicado en la Gaceta Oficial. El ejemplar en dicho ministerio -custodio de la documentación de las privatizaciones- estaba en blanco; después apareció una copia, con dudoso sello de autenticación, que confirmaba su no publicación en la Gaceta Oficial y así su nulidad. Hasta fines del 2004, de ese contrato Cable & Wireless ha tomado más de 96 millones, sin un centavo para Panamá.
Ahora nos enteramos de otras cosas tampoco publicadas en la Gaceta Oficial. El 31 de marzo de 2001, cuatro años después de vendidas el 49% de las acciones de INTEL, S.A., Cable & Wireless Panamá (de la que somos dueños del 49%) celebró contrato con su empresa madre, Cable & Wireless plc., por el uso de su nombre (el logo de su empresa) y que les ha producido US$4.1 millones sólo en 2004 y 2005, calculándose esa regalía sobre la base del 1.5% de los ingresos comerciales internacionales y un 0.5% del ingreso residencial para los servicios de telecomunicación no regulados. ¿Quién los autorizó para darse esa nueva "regalía" sin darle tampoco un centavo a Panamá? ¿O acaso no nos podíamos quedar con el nombre de INTEL? ¿Por qué no le cobramos por el uso de nuestro Escudo Nacional, que tiene mucho más valor que un nombre que cada panameño pronuncia como le da la gana? La respuesta la encontraremos en la redacción de los contratos celebrados en el gobierno de Pérez Balladares, y que podrían ser igual de beneficiosos para los que participaron en la privatización de la telefonía y la electricidad. Cuando a Miguel Heras Castro se le preguntó en la Sala Tercera de la Corte Suprema sobre el por qué el Contrato de Administración y Operación no había sido publicado en la Gaceta Oficial, indicó que "se debió a que el contrato de administración es un anexo al contrato de compraventa de acciones y que la mayoría de estos anexos no fueron publicados en la Gaceta por lo voluminoso de la documentación".
El entonces Ministro de la Presidencia, Olmedo Miranda, ministerio encargado de la publicación de la Gaceta, declaró: "No recuerdo de ningún caso en que se hayan publicado o no documentos en la Gaceta Oficial en consecuencia del volumen de los mismos". (El oneroso contrato en mención, con duración de 15 años, es de 11 páginas de papel corto a doble espacio. Convertidos a la tipografía de la Gaceta, tomaría un máximo, cuando mucho, de dos páginas y media).
Además, Heras Castro, admitió en la Corte que no era un contrato de administración, sino de consultoría. Había dicho en respuesta anterior había dicho que "los tres contratos principales eran los de concesión, compraventa de acciones y administración". Añadió, que "tenía como objetivo principal otorgar una contraprestación a la compañía operadora por la transferencia de conocimientos y mejores prácticas en la industria". Al darles esa "disfrazada" contraprestación, resultó una mentira que los ingleses compraban el 49% de las acciones de INTEL. Prácticamente por debajo de la mesa recibieron una "contraprestación" que hasta el 2004 les ha significado $96 millones y nada para Panamá y que ya debe superar los $110 millones, sin un centavo para Panamá de esa cifra.
Es hora que el Gobierno Nacional, para no seguir convalidando los errores y especies de complicidades de los dos gobiernos anteriores, por no decirlo de otra forma, agarre al toro por los cachos y ponga orden en el manejo de los intereses del Estado en las empresas de capital mixto. Lo que recibimos los panameños de dividendos en las mismas no puede dejarse en manos de quienes no tienen en su mente -y menos en sus bolsillos- salvaguardar los mejores intereses nacionales. Es hora también que la Procuraduría General y la Contraloría General opinen sobre tan delicados asuntos que lesionan los intereses nacionales y merecen ser investigados. No hacerlo es darle la espalda a la transparencia que la ciudadanía exige sobre estos temas.
Lo que se hizo en el 97, cuando encargó al Ministro de Hacienda y Tesoro, Miguel Heras Castro, para vender el 49% d el INTEL, adjudicándoselo a la británica Cable & Wireless Plc., dejó a los panameños prácticamente en la indefensión. Con tres miembros de su Directiva, especie de mirones de palo, al decidir todo los otros socios. No sé si Cable & Wireless les paga algo por ser miembros de su Directiva, porque al preguntárselos me dijeron -como siempre- que se trataba de información confidencial, como si la información sobre un ministro o un viceministro no debiera ser toda pública. Tratándose de cuantiosas inversiones, como son las del renglón telefónico, no se permite ningún control a la Contraloría General. Equivaldría a una sociedad con un socio con el 49%, pero que el otro socio de otro 49%, dispusiera de todos los gastos y si hay ganancias o no. Y eso, a pesar de que, si sumamos el 2% de los trabajadores de la empresa, nos hace a los panameños con una mayoría del 51%.
En el 2002, al aprobarse la Ley 6 de Transparencia de la Gestión Pública, solicitamos a Norberto Delgado, Ministro del MEF, copia del Contrato de Administración y Operación celebrado con Cable & Wireless, nunca publicado en la Gaceta Oficial. El ejemplar en dicho ministerio -custodio de la documentación de las privatizaciones- estaba en blanco; después apareció una copia, con dudoso sello de autenticación, que confirmaba su no publicación en la Gaceta Oficial y así su nulidad. Hasta fines del 2004, de ese contrato Cable & Wireless ha tomado más de 96 millones, sin un centavo para Panamá.
Ahora nos enteramos de otras cosas tampoco publicadas en la Gaceta Oficial. El 31 de marzo de 2001, cuatro años después de vendidas el 49% de las acciones de INTEL, S.A., Cable & Wireless Panamá (de la que somos dueños del 49%) celebró contrato con su empresa madre, Cable & Wireless plc., por el uso de su nombre (el logo de su empresa) y que les ha producido US$4.1 millones sólo en 2004 y 2005, calculándose esa regalía sobre la base del 1.5% de los ingresos comerciales internacionales y un 0.5% del ingreso residencial para los servicios de telecomunicación no regulados. ¿Quién los autorizó para darse esa nueva "regalía" sin darle tampoco un centavo a Panamá? ¿O acaso no nos podíamos quedar con el nombre de INTEL? ¿Por qué no le cobramos por el uso de nuestro Escudo Nacional, que tiene mucho más valor que un nombre que cada panameño pronuncia como le da la gana? La respuesta la encontraremos en la redacción de los contratos celebrados en el gobierno de Pérez Balladares, y que podrían ser igual de beneficiosos para los que participaron en la privatización de la telefonía y la electricidad. Cuando a Miguel Heras Castro se le preguntó en la Sala Tercera de la Corte Suprema sobre el por qué el Contrato de Administración y Operación no había sido publicado en la Gaceta Oficial, indicó que "se debió a que el contrato de administración es un anexo al contrato de compraventa de acciones y que la mayoría de estos anexos no fueron publicados en la Gaceta por lo voluminoso de la documentación".
El entonces Ministro de la Presidencia, Olmedo Miranda, ministerio encargado de la publicación de la Gaceta, declaró: "No recuerdo de ningún caso en que se hayan publicado o no documentos en la Gaceta Oficial en consecuencia del volumen de los mismos". (El oneroso contrato en mención, con duración de 15 años, es de 11 páginas de papel corto a doble espacio. Convertidos a la tipografía de la Gaceta, tomaría un máximo, cuando mucho, de dos páginas y media).
Además, Heras Castro, admitió en la Corte que no era un contrato de administración, sino de consultoría. Había dicho en respuesta anterior había dicho que "los tres contratos principales eran los de concesión, compraventa de acciones y administración". Añadió, que "tenía como objetivo principal otorgar una contraprestación a la compañía operadora por la transferencia de conocimientos y mejores prácticas en la industria". Al darles esa "disfrazada" contraprestación, resultó una mentira que los ingleses compraban el 49% de las acciones de INTEL. Prácticamente por debajo de la mesa recibieron una "contraprestación" que hasta el 2004 les ha significado $96 millones y nada para Panamá y que ya debe superar los $110 millones, sin un centavo para Panamá de esa cifra.
Es hora que el Gobierno Nacional, para no seguir convalidando los errores y especies de complicidades de los dos gobiernos anteriores, por no decirlo de otra forma, agarre al toro por los cachos y ponga orden en el manejo de los intereses del Estado en las empresas de capital mixto. Lo que recibimos los panameños de dividendos en las mismas no puede dejarse en manos de quienes no tienen en su mente -y menos en sus bolsillos- salvaguardar los mejores intereses nacionales. Es hora también que la Procuraduría General y la Contraloría General opinen sobre tan delicados asuntos que lesionan los intereses nacionales y merecen ser investigados. No hacerlo es darle la espalda a la transparencia que la ciudadanía exige sobre estos temas.
