Homosexualidad y reducción de derechos
LA RECIENTE condena de la homosexualidad por parte del jefe del Estado Mayor de EE.UU. ha vuelto a poner en entredicho la aceptación de las personas homosexuales en los países democráticos. El general Peter Pace afirmó en una entrevista en el diario The Chicago Tribune que las relaciones carnales entre personas del mismo sexo eran "inmorales" y que, por tanto, no debían ser permitidas. Pace, que comparó la homosexualidad con el adulterio, afirmó que estas opiniones son a título personal, que son fruto de la educación recibida y que no piensa retractarse pese a las protestas de grupos de gays y lesbianas norteamericanos.
Las palabras del general Pace estuvieron precedidas por la exhortación papal Sacramentum Caritatis (El sacramento de la caridad), también hostil a la comunidad homosexual. En el documento se expresaba el rechazo a las uniones de personas del mismo sexo, y llamaba a los políticos católicos a bloquear cualquier iniciativa destinada a legalizar el matrimonio o las uniones civiles entre homosexuales. Pese a ello, fuentes vaticanas aseguraron que en la Iglesia no existía "ninguna fobia contra los homosexuales". A este hecho habría que sumarle una sentencia del Tribunal Supremo francés, que anuló un matrimonio "gay" por considerarlo incompatible con las leyes galas, y también unas declaraciones del viceministro polaco de Educación, que proponía excluir de la enseñanza a los profesores homosexuales.
Todas estas declaraciones de personajes públicos y acciones por parte de las instituciones, ya sean civiles, militares o religiosas, delatan una realidad difícil de negar: los homosexuales tienen menos derechos que el resto de los ciudadanos. En la mayoría de los países, un homosexual, aunque pague sus impuestos y cumpla el resto de sus obligaciones como ciudadano, no tiene derecho a casarse ni a regular su convivencia con otra persona de forma legal. Esto implica que no puede heredar, ni recibir pensión por parte de su pareja, y tampoco puede adoptar niños. A estas discriminaciones, habría que sumarles otras como no poder formar parte de ciertas instituciones, como la Iglesia y algunos ejércitos nacionales.
Este rechazo a los homosexuales no es ni mucho menos algo nuevo, pero sí que parece haber aumentado en los últimos años. Puede deberse a una mayor presencia de los homosexuales en la vida pública durante las últimas décadas. Hoy muchos artistas, así como algunos políticos (como el alcalde de París o el líder de los liberales alemanes) declaran abiertamente su homosexualidad. En muchas grandes ciudades existe una pujante comunidad "gay" que cuentan con sus propias zonas y locales de reunión. Además, existen "lobbys" homosexuales en muchos de los grandes centros de poder político. En países como Bélgica y España estos grupos de presión han contribuido al reconocimiento casi total de derechos de gays y lesbianas con el resto de la población. Todos estos avances han provocado la reacción de los sectores conservadores, desde partidos políticos a instituciones religiosas, que se oponen a estas concesiones de derechos. Para ello apelan tanto a los valores de la familia tradicional como a razones morales.
El general Pace, cuya moral repudia las prácticas homosexules, sí que está de acuerdo con la política que el Ejército norteamericano sigue con respecto a los homosexuales. Esta política, aprobada en la era Clinton, se denomina "don´t ask, don´t tell" (no lo preguntes, no lo digas). Establece que los homosexuales pueden formar parte de las fuerzas armadas, pero que en el momento en que su orientación sexual se haga pública serán expulsados. Parece que esta moral hipócrita está también implantada en las sociedades, incluso en aquellas donde existe una teórica igualdad de todos los ciudadanos. Un homosexual será una persona como cualquier otra hasta que quiera vivir de forma pública conforme a su opción sexual. En ese momento no le serán reconocidos ciertos derechos fundamentales. La razón: el género de la persona a quien ama.
(*) ccs@solidarios.org.es
Para Fábrega, un logro que se ha hecho a través de un acercamiento con el usuario y con el apoyo de los municipios y las corregidurías, es legalizar a más de 78 mil usuarios del 2000 al 2006.
Las palabras del general Pace estuvieron precedidas por la exhortación papal Sacramentum Caritatis (El sacramento de la caridad), también hostil a la comunidad homosexual. En el documento se expresaba el rechazo a las uniones de personas del mismo sexo, y llamaba a los políticos católicos a bloquear cualquier iniciativa destinada a legalizar el matrimonio o las uniones civiles entre homosexuales. Pese a ello, fuentes vaticanas aseguraron que en la Iglesia no existía "ninguna fobia contra los homosexuales". A este hecho habría que sumarle una sentencia del Tribunal Supremo francés, que anuló un matrimonio "gay" por considerarlo incompatible con las leyes galas, y también unas declaraciones del viceministro polaco de Educación, que proponía excluir de la enseñanza a los profesores homosexuales.
Todas estas declaraciones de personajes públicos y acciones por parte de las instituciones, ya sean civiles, militares o religiosas, delatan una realidad difícil de negar: los homosexuales tienen menos derechos que el resto de los ciudadanos. En la mayoría de los países, un homosexual, aunque pague sus impuestos y cumpla el resto de sus obligaciones como ciudadano, no tiene derecho a casarse ni a regular su convivencia con otra persona de forma legal. Esto implica que no puede heredar, ni recibir pensión por parte de su pareja, y tampoco puede adoptar niños. A estas discriminaciones, habría que sumarles otras como no poder formar parte de ciertas instituciones, como la Iglesia y algunos ejércitos nacionales.
Este rechazo a los homosexuales no es ni mucho menos algo nuevo, pero sí que parece haber aumentado en los últimos años. Puede deberse a una mayor presencia de los homosexuales en la vida pública durante las últimas décadas. Hoy muchos artistas, así como algunos políticos (como el alcalde de París o el líder de los liberales alemanes) declaran abiertamente su homosexualidad. En muchas grandes ciudades existe una pujante comunidad "gay" que cuentan con sus propias zonas y locales de reunión. Además, existen "lobbys" homosexuales en muchos de los grandes centros de poder político. En países como Bélgica y España estos grupos de presión han contribuido al reconocimiento casi total de derechos de gays y lesbianas con el resto de la población. Todos estos avances han provocado la reacción de los sectores conservadores, desde partidos políticos a instituciones religiosas, que se oponen a estas concesiones de derechos. Para ello apelan tanto a los valores de la familia tradicional como a razones morales.
El general Pace, cuya moral repudia las prácticas homosexules, sí que está de acuerdo con la política que el Ejército norteamericano sigue con respecto a los homosexuales. Esta política, aprobada en la era Clinton, se denomina "don´t ask, don´t tell" (no lo preguntes, no lo digas). Establece que los homosexuales pueden formar parte de las fuerzas armadas, pero que en el momento en que su orientación sexual se haga pública serán expulsados. Parece que esta moral hipócrita está también implantada en las sociedades, incluso en aquellas donde existe una teórica igualdad de todos los ciudadanos. Un homosexual será una persona como cualquier otra hasta que quiera vivir de forma pública conforme a su opción sexual. En ese momento no le serán reconocidos ciertos derechos fundamentales. La razón: el género de la persona a quien ama.
(*) ccs@solidarios.org.es
Para Fábrega, un logro que se ha hecho a través de un acercamiento con el usuario y con el apoyo de los municipios y las corregidurías, es legalizar a más de 78 mil usuarios del 2000 al 2006.
