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Huelga de médicos


La crisis internacional de los sistemas de salud pública moviliza a los países al estudio de fórmulas que compatibilicen la responsabilidad social de los estados dentro de sistemas que desburocraticen los centros médicos y, a menor costo, proporcionen a los asegurados e indigentes un servicio eficiente y moderno de clínicas privadas. Por ejemplo, los Estados Unidos llevan años experimentando con los Medicaid, Medicare y los HMOs, con resultados variados.
En Panamá, donde los cambios siempre llegan con tardanza, se está tratando de ensayar un nuevo sistema de administración y atención médica en el Hospital de San Miguel Arcangel, dentro de un debate tempestuoso entre los gremios médicos y el Ministerio de Salud, que va a desembocar en una huelga.
De acuerdo a la fórmula propuesta por el gobierno, el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social aportan los fondos financieros y el hospital sería administrado por una entidad privada sin fines de lucro, integrada por miembros de la sociedad civil, que administra, contrata, compra y emplea, dentro de pautas de empresa privada. Los gremios médicos rechazan la propuesta, considerándola como una privatización encubierta del servicio social de salud.
Si se solicitara el pronunciamiento de los asegurados y usuarios de hospitales estatales frente a este conflicto, estamos seguros que existiría consenso en el sentido de mejorar los centros médicos en los que una cita médica puede demorar meses, los equipos son obsoletos en su mayor parte y predomina una burocracia frondosa.
Buena parte de los médicos trabajan en los centros de la Caja de Seguro Social y en clínicas privadas y conocen por experiencia propia cuáles son las diferencias entre uno y otro régimen. Las clínicas privadas cuentan con medios tecnológicos para una atención eficiente, pero a un costo el cual todos reconocemos está por encima de los bolsillos de la mayoría de la población. Extrañamente algunos médicos que trabajan en clínicas privadas critican la privatización como si fuera un acto ilegal. En este caso, lo apropiado es tomar del sistema privado de salud su modernidad tecnológica, la eficiencia de la atención, la desburocratización en una palabra.
En cualquier paso, la opinión pública, y sobre todo los habitantes de San Miguelito, ven el paro médico como la prolongación de una pesadilla que empezó con la demora en la construcción del hospital. Ante esa situación, vale la pena ensayar un nuevo sistema. El gobierno ha errado en implementar un sistema de administración a través de una ley, sin percatarse que, por ser novedoso, el sistema requiere flexibilidad para corregirse y enmendarse.
En lugar de llegar a una medida extrema como la huelga, las partes deben continuar dialogando, pensando no en ganancias políticas o en defensa de los trabajadores de la salud, sino satisfaciendo a los miles de panameños que van a beneficiar del centro hospitalario. En materia de salud pública o privada, los pacientes son lo primero.

101 años de Panamá América

 
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