Huelga del transporte público

Frente a los plausibles esfuerzos por parte del director encargado de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y viceministro de Gobierno y Justicia, Severino Mejía, para poner orden en el transporte público, los transportistas, luego de reunirse, han anunciado una huelga en caso que el anteproyecto aprobado por el Consejo de Gabinete sea presentado a la Asamblea Nacional para su discusión. Pero no conformes con haber causado pena, luto y dolor, y someter a las decenas de miles de usuarios, diariamente a un suplicio, que se traduce en pérdida de tiempo y de productividad, los dirigentes transportistas continúan amenazando y chantajeando a las autoridades del país.
Uno de los dirigentes ha advertido audazmente a la Autoridad del Tránsito y a la Policía del Tránsito, que se abstengan de presentarse a la piquera de Pedregal para evitarse problemas.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los habitantes, y ese es su principal deber, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes.
Por supuesto que con dirigencias acostumbradas a que las leyes se cumplen únicamente cuando benefician a los transportistas, y no cuando los perjudican, no es de extrañar esta conducta por parte de este hasta ahora privilegiado sector.
Esperamos que las baladronadas y amenazas de algunos dirigentes no cristalicen, y en caso de que así sea, que se proceda contra ellos con todo rigor. No sólo hay que advertirles que perderán los cupos, no. Precisa que se les informe que conforme lo dispone el Código Penal, irán a la cárcel los dirigentes. La norma especifica que el que impida o estorbe el normal funcionamiento de los transportes o los servicios públicos de comunicación, será sancionado con prisión de seis meses a dos años. Ya va siendo hora de que nuestras autoridades procedan conforme lo establece la ley. Una huelga de transporte público no es, ni más ni menos, que impedir que el sistema funcione, y en caso que estos pseudo dirigentes del transporte, pasen de las amenazas a los hechos, el gobierno tiene que recurrir a su única herramienta disponible: la aplicación estricta y el cumplimiento de la Ley. Así lo exigen las circunstancias y una ciudadanía agobiada y golpeada por tanto abuso de los transportistas.