Humo que mata

Pese a lo que se diga, Panamá es uno de los países latinoamericanos con legislaciones avanzadas en distintas materias. La ecológica, por ejemplo. Ahora, en materia de discapacidad y en otros temas sociales. Es lamentable, sin embargo, el abismo que se percibe entre las leyes formuladas y su aplicación, tanto que en algunos casos pasamos de la formulación a la anarquía.
Existe una bien formulada ley respecto al ambiente y al tránsito que prohíbe el tránsito de vehículos con problemas en su sistema de escape; sin embargo, no deja de ser ya un abuso la forma como camiones, buses y vehículos particulares inundan las avenidas con nubes de monóxido de carbono. Dos problemas se crean: uno respiratorio, que afecta a conductores y peatones; y otro de visibilidad, porque es tan alta la densidad del humo que ocasiona serios problemas para distinguir los vehículos inmediatos. Antes se ha denunciado este problema en comunidades marginales y del interior; pero en las últimas semanas, tanto en avenidas céntricas como en los propios corredores la situación es insoportable.
Claro que la pregunta que surge es, si existe la regulación, por qué no se aplica; o esa aplicación a cargo de quién corre. Sucede que, como en otros aspectos de nuestra cotidianidad, las grandes ausentes perecen ser las autoridades, a las que una y otra vez hay que llamarles la atención para que desempeñen el papel para las que han sido designadas. Basta observar, entre las cuatro y las seis de la tarde, áreas como el cruce de San Miguelito para comprobar cómo centenares de peatones que obligadamente concurren al lugar para hacer sus trasbordos, se encuentran a mereced de la humareda, que no sólo impregna su ropa, sino que intoxica sus pulmones. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
No basta con tener buenas legislaciones, es necesaria una práctica que las respalde. Tal parece que en ese campo nuestras autoridades están acorraladas o indiferentes.