default

Ideas para mejorar la mora judicial


Hace algunos días pude leer una nota de este diario, en la cual la periodista Yuriela Sagel se hacía eco de las declaraciones vertidas por el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia en las que éste decía que los abogados litigantes ayudaban al aumento de la mora judicial debido al exceso del interés litigioso. (Palabras más, palabras menos). En la información también se señalaba que el Magistrado Presidente solicitaba colaboración a éstos para reducir un poco dicha mora judicial.
En virtud de que soy litigante y de que me llamó la atención el artículo leído, me permití escribir esta serie de recomendaciones para el mejoramiento de la mora judicial, pero no sin antes indicar que sí es cierto lo manifestado en el artículo pre-citado.
Es cierto porque los abogados hemos sido entrenados para ganar y ganar. Mientras más inteligente, recursivo, tramposo sea el contendor, mejor será la oportunidad de aumentar nuestro prestigio en caso de ganar.
No importa el tiempo ni el costo, queremos ganar y estamos dispuestos a pagar el precio que sea necesario, y parte de ello es la dilatación de los procesos.
Sin embargo ésta no es la única causa de la mora judicial y en virtud de que se pidió colaboración para agilizar la mora judicial y de que la percepción que tengo de usted es la de ser un hombre justo y correcto, me permití escribir estas recomendaciones, las cuales espero no caigan en oídos desatentos.
  1. En relación con el tema de defensores de oficio, debería asignarse uno para cada tribunal penal, por lo menos (actualmente los que hay no se dan abasto).

  2. En el evento de que no haya presupuesto para aquello, permitir que abogados litigantes desempeñen ese papel a cambio de exoneración de impuesto del valor de las costas (o por el valor que se acuerde).

  3. El Órgano Judicial debe tener bajo su mando y jurisdicción un departamento con entrenamiento policial disponible permanentemente para conducir testigos, imputados, peritos y a quienes sea necesario ante la justicia. Pero, sobre todo, para asegurarse de que las resoluciones judiciales no sean ilusorias. Y que dicha policía judicial funcione a prevención de la Policía Nacional.

  4. Los proceso civiles deberían ser más parecidos a los procesos civiles de Policía. Debe existir un período escrito de presentación de demanda y de contestación en las cuales se puedan mostrar incidentes, excepciones y pruebas; pero inmediatamente interpuesta la litis, debería darse una audiencia en la cual se valoren los hechos, las incidencias y las pruebas permitiéndo que exista un término adicional relativamente corto para practicar cualquier prueba necesaria. Una vez surtido ese trámite, sea resuelto el caso en presencia de las partes o en un término perentorio.

  5. Las audiencias deben ser filmadas, con lo cual creo que se ahorraría hasta dinero, porque el tiempo que demoran los funcionarios levantando el expediente, el papel, las tintas y el aire acondicionado me parece que son más caros que un video.

  6. Los trámites de segunda instancia no son tan demorados como los de primera, por lo cual recomiendo se mantengan igual.

  7. Las universidades pueden proveer suficientes estudiantes para que hagan todo el trabajo repetitivo de un tribunal. En el evento que haya filtración de información por parte de ellos, que se le expulse del tribunal y si la filtración de la información es producida por un funcionario, que se le destituya inmediatamente.

  8. Que se encargue a un juez asistente de todo lo relacionado al trámite que pueda, incluso, servir a varios jueces; y que el juez titular se haga cargo de la elaboración de la sentencia.

  9. Que se elimine aquella cultura de que el abogado que no se lleva bien con alguien de un tribunal se le congelen los casos, porque al final el afectado no es el abogado sino el cliente; y el Órgano Judicial está para asegurar justicia, no para pasar facturas (Olvidarnos del refrán que dice: “Para mis amigos lo que quieran y para mis enemigos la Ley”).

  10. Recordar, permanentemente, que la Ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley.


(josehernandez46@hotmail.com)
La gestión estatal nos tiene con una pésima educación y una salud deplorable, y las normas laborales, con un alto desempleo de jóvenes, viejos y mujeres, lo que no llama la atención del vicario antitrabajo. Si el desarrollo y la perfección familiar y personal se consiguieran por ley o con impuestos, se sabría, y ya habríamos retornado al Paraíso.
Es que no es así la cosa y esas propuestas demagógicas, a estas alturas del siglo XXI, dan vergüenza. Son cosas de políticos viejos, entre los que debe incluirse a algunos religiosos con resabios de la teología de la liberación, que apartó por un tiempo las Escrituras de siempre, para reemplazarlas por “El capital” y ciertos manuales guerrilleros.
Las personas se crearon libres y para que no pequen y se salven se las debe convencer de que sean virtuosas, querendonas, esforzadas y austeras, en vez de hurtonas expropiatorias, en la onda de la solidaridad “social”, que no existe, por tratarse de un atributo personal.

*Profesor de economía, Universidad Finis Terrae, fue presidente del Banco Central de Chile.
(c)www.aipenet.com

La madera extraída de esta comunidad se encuentra en la entrada de Peñita en Canclón, pero las obras no se ven, dijo un morador de la comunidad.
Aquí la población vive en la pobreza y la desnutrición afecta seriamente a los niños, aseguró la maestra del pueblo.
Presuntamente el concesionario de la madera en este poblado es el señor Juan Varela, un empresario que vive en Tortí, dijeron residentes de la comunidad.
En otra comunidad indígena, en Bajo Chiquito, a orillas del Chucunaque, se repite el mismo drama de los otros pueblos, la madera ya ha sido extraída y hay quejas de la comunidad de que las obras sociales no se han realizado.
En esta comunidad el señor Juan Varela tiene la concesión para extraer la madera. La comunidad espera el pago de B/.10 mil para construir las obras sociales.
El Panamá América visitó la residencia de Juan Varela en Tortí, pero su esposa dijo que estaba en Panamá. También se dejaron varios mensajes en el celular, pero no respondió.
La ANAM, a través del Ing. Gutiérrez, confirmó que el año pasado la comunidad de Bajo Chiquito fue multada con B/.5 mil por no cumplir con el programa de reforestación.
Explicó que en los permisos comunitarios la responsabilidad de la reforestación recae en la comunidad porque a los intermediarios no se les incluye en esas tareas dentro de los contratos que se firman.
La comunidad de Tortuga tiene permiso comunitario y allí extrae madera la empresa Selloro S.A.; y en el poblado de Puente la empresa del señor Julio León Solís tiene otro contrato, según informo William Barrigon, administrador General del Congreso de la Comarca Emberá.
En Nuevo Vigía el contrato es con la empresa Madera Nuevo Vigía, cuyo representante legal es Rattán Singh, agregó.
Informó que en Villa Caleta se tramitó un permiso comunitario, pero éste no salió a tiempo para extraer madera en el pasado verano.

La ANAM sostiene que los indígenas no han aprovechado el sentido de lo que se buscaba con los permisos comunitarios porque solo han pensado” en el dinero”.
El Ing. Raúl Gutiérrez, lamentó que los aborígenes no hayan aprovechado el objetivo de esas autorizaciones, que era que ellos se inmiscuyerán en el aprovechamiento forestal de sus bosques.
"Pero estos indígenas qué es lo quieren.. quieren recibir dinero de manera cómoda y contratan una empresa para que extraigan la madera", lamentó Gutiérrez.
Otro problema es que los indígenas no son buenos en gestión comunitaria y no saben administrar el dinero, dijo.
Señaló que la ANAM ha planteado a los indígenas que vendan la madera con valor agregado, en bloques, tablas, aserradas para que ganen más, pero que sean ellos los que la trabajen.
"Ellos no quieren trabajar lamentablemente, quieren trabajar arriba del tractor", sostuvo Gutiérrez.

Por otro lado, el Ing. Forestal Dimas Arcia manifestó que es posible acercar los permisos comunitarios a la realidad, siempre y cuando la autoridad defina una política concreta y clara sobre un programa de bosques comunitarios en la región.
Denunció que los permisos comunitarios como están concebidos, tienen sus contradicciones porque aunque las comunidades se pueden adaptar a los bosques, no están preparadas forestalmente para manejarlos.
Manifestó que está situación complica la supervisión y control de la ANAM, permitiendo irregularidades durante el proceso porque no se logra ni la sostenibilidad del bosque ni el desarrollo de las comunidades.

101 años de Panamá América

 
101 años Panamá América