Ignorancia inexcusable
La apelación interpuesta por el Fiscal Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Giovanni Olmos, en contra de la sentencia absolutoria a mi favor, dictada por la Juez Décima de Circuito de lo Penal, Primera Suplente, el pasado 23 de mayo, absolviéndome de los cargos que por calumnia e injuria me endilgaba el Ministerio Público, revela el alto grado de ignorancia inexcusable que caracteriza a muchos de los integrantes del Ministerio Público.
En efecto, el Fiscal Olmos, siguiendo instrucciones de su jefe, del Procurador José Antonio Sossa, -quien públicamente se ha declarado enemigo de la libertad de expresión-, interpuso el pasado 26 de junio la apelación que consta de ocho (8) folios en la cual le solicita a los señores magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá que se "sirvan revocar la Sentencia Absolutoria y en su lugar se sirva declarar Penalmente Responsable al Doctor MIGUEL ANTONIO BERNAL, por los cargos que le fueron formulados en su contra, por el delito Contra el Honor en perjuicio de la Policía Nacional".
En ella, el Fiscal recurre nuevamente a las mismas consideraciones que han guiado al Ministerio Público desde el inicio de este expediente hace cuatro años atrás, que no es otro que el querer endilgarme una conducta delictiva y pretender atribuirme -ante la opinión pública- la comisión de un delito.
Lo que pretende este fiscal y su procurador es sencillamente increíble. ¿Hasta cuándo tenemos que soportarlo?. Me están juzgando por segunda vez sobre la misma causa. La apelación debe proceder para el sentenciado, pero nunca para quien ha sido absuelto - salvedad de una falla de tal magnitud que pruebe un acto doloso o en extremo defectuoso del Juez, o un descomunal error en el procesamiento del caso. Ninguno se da en mi caso.
Estamos ante una procuraduría que hace gala de ignorancia inexcusable al prohijar a sus fiscales y funcionarios a que se olviden que " la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática". Estamos frente a una procuraduría que se nutre y nutre a sus fiscales y funcionarios de la ignorancia inexcusable al ocultarles que: "Toda persona tiene el; derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos..."
El peligro para las libertades democráticas en nuestro país aumenta al contar los ciudadanos con una procuraduría, al frente de la cual se encuentran enemigos declarados de la libertad de expresión que ordenan a sus fiscales y funcionarios, ensañarse en contra de quienes la defienden y exponen su ignorancia inexcusable al no aceptar que: " Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, así como también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión".
Hay una ignorancia inexcusable también cuando un Fiscal se permite pisotear en un escrito, los más elementales principios sobre libertad de expresión y niega olímpicamente "la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los Derechos Humanos", al tiempo que se arropa con la manta inquisidora y perseguidora de su cargo para ensañarse contra y ser los principales promotores de la vorágine que se ha desatado en Panamá de perseguir a los activistas de Derechos Humanos y a los defensores de la libertad de expresión.
Su ignorancia inexcusable resulta aún más intolerable cuando estos mismos funcionarios desconocen el hecho que: "Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".
Para los ciudadanos que no solamente estamos conscientes que "la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de la libertad de expresión", sino que también luchamos por ella, la denuncia pública de la ignorancia inexcusable de funcionarios públicos como el Fiscal Olmos y su jefe, el Procurador Sossa, es más que un derecho ciudadano, es un deber ético que no podemos obviar. O acabamos con la ignorancia inexcusable y sus promotores, verdugos de nuestras libertades o veremos sucumbir lo más precioso de la vida: nuestras libertades.
(mabernal@sinfo.net)
En efecto, el Fiscal Olmos, siguiendo instrucciones de su jefe, del Procurador José Antonio Sossa, -quien públicamente se ha declarado enemigo de la libertad de expresión-, interpuso el pasado 26 de junio la apelación que consta de ocho (8) folios en la cual le solicita a los señores magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá que se "sirvan revocar la Sentencia Absolutoria y en su lugar se sirva declarar Penalmente Responsable al Doctor MIGUEL ANTONIO BERNAL, por los cargos que le fueron formulados en su contra, por el delito Contra el Honor en perjuicio de la Policía Nacional".
En ella, el Fiscal recurre nuevamente a las mismas consideraciones que han guiado al Ministerio Público desde el inicio de este expediente hace cuatro años atrás, que no es otro que el querer endilgarme una conducta delictiva y pretender atribuirme -ante la opinión pública- la comisión de un delito.
Lo que pretende este fiscal y su procurador es sencillamente increíble. ¿Hasta cuándo tenemos que soportarlo?. Me están juzgando por segunda vez sobre la misma causa. La apelación debe proceder para el sentenciado, pero nunca para quien ha sido absuelto - salvedad de una falla de tal magnitud que pruebe un acto doloso o en extremo defectuoso del Juez, o un descomunal error en el procesamiento del caso. Ninguno se da en mi caso.
Estamos ante una procuraduría que hace gala de ignorancia inexcusable al prohijar a sus fiscales y funcionarios a que se olviden que " la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática". Estamos frente a una procuraduría que se nutre y nutre a sus fiscales y funcionarios de la ignorancia inexcusable al ocultarles que: "Toda persona tiene el; derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos..."
El peligro para las libertades democráticas en nuestro país aumenta al contar los ciudadanos con una procuraduría, al frente de la cual se encuentran enemigos declarados de la libertad de expresión que ordenan a sus fiscales y funcionarios, ensañarse en contra de quienes la defienden y exponen su ignorancia inexcusable al no aceptar que: " Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, así como también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión".
Hay una ignorancia inexcusable también cuando un Fiscal se permite pisotear en un escrito, los más elementales principios sobre libertad de expresión y niega olímpicamente "la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los Derechos Humanos", al tiempo que se arropa con la manta inquisidora y perseguidora de su cargo para ensañarse contra y ser los principales promotores de la vorágine que se ha desatado en Panamá de perseguir a los activistas de Derechos Humanos y a los defensores de la libertad de expresión.
Su ignorancia inexcusable resulta aún más intolerable cuando estos mismos funcionarios desconocen el hecho que: "Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".
Para los ciudadanos que no solamente estamos conscientes que "la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de la libertad de expresión", sino que también luchamos por ella, la denuncia pública de la ignorancia inexcusable de funcionarios públicos como el Fiscal Olmos y su jefe, el Procurador Sossa, es más que un derecho ciudadano, es un deber ético que no podemos obviar. O acabamos con la ignorancia inexcusable y sus promotores, verdugos de nuestras libertades o veremos sucumbir lo más precioso de la vida: nuestras libertades.
(mabernal@sinfo.net)
