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Importancia de eliminar las barreras de entrada al mercado


La existencia de los bienes no transables (aquellos que por razones de costos de transporte o su grado de perecibilidad no pueden ser comercializados internacionalmente); los comportamientos estratégicos de las compañías verticalmente integradas en los canales de distribución que pueden amortiguar los efectos de la apertura convirtiéndose en distribuidores exclusivos de los productos importados que compiten con ellas; y el hecho de que las políticas de apertura persiguen objetivos de reasignación de los recursos y la transformación de la estructura productiva, y no cambios en la conducta de los agentes económicos, son entre otras razones factores que permiten señalar que si bien la ampliación de los mercados incrementa la competencia, la liberalización comercial no es condición suficiente para promover la competencia.
En ese contexto, la eliminación de las barreras de entrada a un mercado juega un papel crucial toda vez que con su eliminación el mercado se torna más desafiable, sobre todo aquellas barreras a la entrada provenientes de los distintos canales de intervención del Estado en la economía, tales como el sistema de patentes, permisos, autorizaciones, concesiones, reglamentaciones fiscales, disposiciones arancelarias.
Dada la importancia y el impacto que tienen las barreras a la entrada en el carácter y viabilidad de la competencia, así como de la estructura de corto y largo plazo de los mercados, es necesario que la política de competencia, en el contexto de la relación intrínseca entre estructura y conducta, preste atención a la revisión de las condiciones de entrada que pueden favorecer la competencia efectiva, y prever los cambios en las condiciones de entrada en los mercados que puedan afectar la viabilidad de la competencia.
Es importante tener presente que desde el proceso de diseño de las políticas y de las instituciones llamadas a aplicarlas, se pueden levantar barreras al funcionamiento de los mercados, cuando los marcos regulatorios no se corresponden con las instituciones que prevalecen en cada sector, por lo que es necesario una mayor transparencia de la toma de decisiones en los procesos regulatorios que respondan a las necesidades de las instituciones presentes en un sector determinado de la economía y por tanto sea menor la distorsión que dichos marcos regulatorios generen en el funcionamiento de los mercados.
Para evitar las denominadas "fallas de gobierno", que tienen lugar cuando el Estado interviene en el funcionamiento de los mercados sin poseer toda la información necesaria acerca de cómo alcanzar una solución más eficiente que la que el mismo mercado provee, y que generan un efecto perjudicial sobre la asignación final de los recursos, es necesario diseñar una política de regulación uniforme, que permita identificar cuando los objetivos planteados son susceptibles de constituirse en fallas de gobierno. De esta forma, se evita la incompatibilidad entre las distintas entidades reguladoras y puede contribuir a minimizar los costos operativos o administrativos que implica la duplicación de funciones de las instituciones públicas a cargo de la implementación de las regulaciones.
Los costos relacionados con la dinámica y estructura del mercado, pueden ser minimizados si se incorporan algunos criterios en el diseño mismo de las políticas. En los casos de protección comercial, por ejemplo si determinado sector industrial lograra que el gobierno erigiera una prohibición de importaciones hacia determinados productos, bajo argumentos de calidad o sanidad por ejemplo, de seguro que se vería afectada la estructura del mercado en la medida que no serían participantes en ese mercado los productores extranjeros. En consecuencia, si se considera que al haber más competencia, los precios a los consumidores tienden a ser menores, si se propicia que las medidas destinadas a proteger la calidad de los productos importados no sean tan extremas como la prohibición(formal o real) sino que se diseñan reglas a la medida para defender los problemas específicos que justifican algún tipo de protección, se estaría favoreciendo la entrada de nuevos participantes. De esa forma se impone un menor costo a la sociedad, y se favorece tanto al sector productor como a los consumidores.

101 años de Panamá América

 
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