Imposición y participación
RESCATAR EL verdadero sentido de lo democrático parece ser una tarea cada vez más difícil en nuestro medio, y la misma se complica más cuando se busca resaltar la participación como esencia de la democracia.
De la mano de la corrupción, en Panamá, la manipulación del concepto democracia no cesa de aumentar y cada día resulta más difícil asociarlo con sus propios orígenes y conjugar y llenar de sentido el verbo participar. Lo mismo sucede con el significado y alcance de lo que es un Estado de Derecho.
Así tenemos, una vez más, otro espectáculo brindado por la cúpula de los ayer arnulfistas. Después de otra imposición "dedocrática" que convirtió -esta vez- en una morisqueta la sonrisa los hermanitos Varela y en cinismo infinito los desplantes de Ameglio, la convención -calificada como una "porquería" por algunos de sus "prominentes"- contribuye enormemente a reafirmar y aumentar la creciente desconfianza de la mayoría de la población panameña en el sistema político y electoral establecido en la constitución militarista superemparchada. Cabe aquí el decir de un amigo cuando ocurrió lo de Punta Mala: "... es la mejor definición de varias cosas: sofisticación para el atraco a bienes públicos; la irreverente actitud de desprecio hacia la opinión pública; la falta total y absoluta de ética y moral en la política...".
Una vez más, con este espectáculo y con el que nos brindan las reformas tributarias, centenares de miles de ciudadanos tenemos la oportunidad de corroborar que a las cúpulas de los partidos políticos, al igual que a la mayoría de las autoridades, no les interesa cumplir con su mandato social y abusan de la administración del poder, dando lugar a hechos de corrupción e impunidad que tienden a incrementar esta desconfianza.
Sin embargo, ¿cómo puden actuar los ciudadanos que desean participar en los cambios de aborrecidas prácticas, si nos encontramos en una sociedad cada vez más injusta, que se niega rotundamente a ofrecer a todos sus miembros condiciones equitativas para desarrollarse plenamente como personas dignas? Cada día pesa más negativamente en la sociedad panameña la falta de credibilidad social en el sistema político, el manejo no transparente y deshonesto de los bienes públicos; pero también la falta de independencia del sistema judicial que asegure la vigencia de un Estado de Derecho y la ausencia de una administración eficiente de las instituciones públicas que deben proveer servicios a los ciudadanos. Cada día que pasa sin hacer la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente nos alejamos más de la democracia participativa que necesitamos.
Es necesario insistir que es indispensable y urgente una Asamblea Nacional Constituyente que permita y facilite la plena participación ciudadana, para lograr la justicia social en un país como el nuestro, donde la falsificación de valores y la doble moral continúan como moneda de curso oficial y corriente, y donde el poder político se niega a que se le racionalice su ejercicio del poder y aborrece someterse a la Ley.
Los ciudadanos tenemos la obligación de participar en combatir los extremos del privilegio y la marginación, que hacen peligrar la frágil cohesión y la supervivencia de Panamá como sociedad. Los ciudadanos debemos participar y actuar como centinelas permanentes contra la acumulación irrestricta de riquezas, el uso del poder sin frenos ni contrapesos, contra la apropiación arbitraria del fruto del esfuerzo ajeno, contra la imposición.
La ausencia de una estructura legal adecuada, de reglas del juego claras y estables, la falta de garantías, de eficiencia y eficacia, de un derecho administrativo coherente, nos impiden actuar como ciudadanos vigilantes de nuestras libertades y nuestros derechos. Pero no perdamos de vista que la participación es un derecho fundamental de la persona, cuyo ejercicio previene el abuso criminal del poder político y del poder económico.
Actuemos contra las deficiencias y ausencia de transparencia y participación ciudadana en el funcionamiento de instituciones fundamentales de la estructura legal como el Organo Judicial, el Organo Legislativo, el Organo Ejecutivo, el Tribunal Electoral, la Contraloría, el Ministerio Público y, poder así afianzar nuestro poder ciudadano y reducir las condiciones para la existencia de la corrupción y la impunidad.
Recordemos que la política es el vínculo entre el proyecto y la realidad. Es la rebeldía de la razón frente a la supuesta fatalidad de los hechos. Es la afirmación de la voluntad sobre el curso de la historia. Si ante los acontecimientos que nos imponen las cúpulas político- partidistas, sean o no del oficialismo, no actuamos como centinelas, como ciudadanos contra la corrupción, contra la imposición, contra el continuismo y el reformismo, nos convertiremos en cómplices activos de las múltiples triquiñuelas y zancadillas a las que estas recurren para traicionar los principios básicos de solidaridad y de equidad que nos urge aplicar.
De la mano de la corrupción, en Panamá, la manipulación del concepto democracia no cesa de aumentar y cada día resulta más difícil asociarlo con sus propios orígenes y conjugar y llenar de sentido el verbo participar. Lo mismo sucede con el significado y alcance de lo que es un Estado de Derecho.
Así tenemos, una vez más, otro espectáculo brindado por la cúpula de los ayer arnulfistas. Después de otra imposición "dedocrática" que convirtió -esta vez- en una morisqueta la sonrisa los hermanitos Varela y en cinismo infinito los desplantes de Ameglio, la convención -calificada como una "porquería" por algunos de sus "prominentes"- contribuye enormemente a reafirmar y aumentar la creciente desconfianza de la mayoría de la población panameña en el sistema político y electoral establecido en la constitución militarista superemparchada. Cabe aquí el decir de un amigo cuando ocurrió lo de Punta Mala: "... es la mejor definición de varias cosas: sofisticación para el atraco a bienes públicos; la irreverente actitud de desprecio hacia la opinión pública; la falta total y absoluta de ética y moral en la política...".
Una vez más, con este espectáculo y con el que nos brindan las reformas tributarias, centenares de miles de ciudadanos tenemos la oportunidad de corroborar que a las cúpulas de los partidos políticos, al igual que a la mayoría de las autoridades, no les interesa cumplir con su mandato social y abusan de la administración del poder, dando lugar a hechos de corrupción e impunidad que tienden a incrementar esta desconfianza.
Sin embargo, ¿cómo puden actuar los ciudadanos que desean participar en los cambios de aborrecidas prácticas, si nos encontramos en una sociedad cada vez más injusta, que se niega rotundamente a ofrecer a todos sus miembros condiciones equitativas para desarrollarse plenamente como personas dignas? Cada día pesa más negativamente en la sociedad panameña la falta de credibilidad social en el sistema político, el manejo no transparente y deshonesto de los bienes públicos; pero también la falta de independencia del sistema judicial que asegure la vigencia de un Estado de Derecho y la ausencia de una administración eficiente de las instituciones públicas que deben proveer servicios a los ciudadanos. Cada día que pasa sin hacer la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente nos alejamos más de la democracia participativa que necesitamos.
Es necesario insistir que es indispensable y urgente una Asamblea Nacional Constituyente que permita y facilite la plena participación ciudadana, para lograr la justicia social en un país como el nuestro, donde la falsificación de valores y la doble moral continúan como moneda de curso oficial y corriente, y donde el poder político se niega a que se le racionalice su ejercicio del poder y aborrece someterse a la Ley.
Los ciudadanos tenemos la obligación de participar en combatir los extremos del privilegio y la marginación, que hacen peligrar la frágil cohesión y la supervivencia de Panamá como sociedad. Los ciudadanos debemos participar y actuar como centinelas permanentes contra la acumulación irrestricta de riquezas, el uso del poder sin frenos ni contrapesos, contra la apropiación arbitraria del fruto del esfuerzo ajeno, contra la imposición.
La ausencia de una estructura legal adecuada, de reglas del juego claras y estables, la falta de garantías, de eficiencia y eficacia, de un derecho administrativo coherente, nos impiden actuar como ciudadanos vigilantes de nuestras libertades y nuestros derechos. Pero no perdamos de vista que la participación es un derecho fundamental de la persona, cuyo ejercicio previene el abuso criminal del poder político y del poder económico.
Actuemos contra las deficiencias y ausencia de transparencia y participación ciudadana en el funcionamiento de instituciones fundamentales de la estructura legal como el Organo Judicial, el Organo Legislativo, el Organo Ejecutivo, el Tribunal Electoral, la Contraloría, el Ministerio Público y, poder así afianzar nuestro poder ciudadano y reducir las condiciones para la existencia de la corrupción y la impunidad.
Recordemos que la política es el vínculo entre el proyecto y la realidad. Es la rebeldía de la razón frente a la supuesta fatalidad de los hechos. Es la afirmación de la voluntad sobre el curso de la historia. Si ante los acontecimientos que nos imponen las cúpulas político- partidistas, sean o no del oficialismo, no actuamos como centinelas, como ciudadanos contra la corrupción, contra la imposición, contra el continuismo y el reformismo, nos convertiremos en cómplices activos de las múltiples triquiñuelas y zancadillas a las que estas recurren para traicionar los principios básicos de solidaridad y de equidad que nos urge aplicar.
