Impugnaciones, abogados y corrupción judicial
Nuevamente nos gusta ver los jueces cuando actúan, unos son excelentes y otros, mediocres. Ayer, a muchos de ellos, los observamos actuar en tantas ocasiones frente a los abogados corruptos defensores del narcotráfico; hoy, en período electoral, las escenas se repiten con el caso de las impugnaciones y calumnias e injurias para candidatos a puestos de elección popular. En democracia triste son las escenas en Panamá.
A pesar de las denuncias de calumnias e injurias, que diariamente llegan al Tribunal Electoral, muchos ciudadanos sienten más respeto por los magistrados que por la mayoría de los abogados que esconden sus rostros tras las cadenas de impugnaciones. En el país ejercer los preceptos del derecho no es de los hombres, es de Dios. El Tribunal Electoral, mañana podría ser otro nuevo escenario que dejaría un precedente funesto en la joven democracia panameña. No se puede bajar el nivel del torneo electoral bajo la falda de una justicia domesticada y salpicada de corrupción. La ley es la ley.
Hoy es el caso de la alcaldesa Mayín Correa reclamando sus derechos ciudadanos frente a niveles del debate evitando la persecución personal que mucho daño pueden hacer a la democracia del país.
Los dirigentes políticos deben cuidar la transparencia del Tribunal Electoral y elevar la voluntad política de la democracia. Aquí el objetivo es dañar. Mientras la Corte Suprema de la Nación, la Asamblea Legislativa, El Tribunal Electoral y otras entidades del país observan el circo de los delitos, el proverbio popular dice que sabroso es al hombre el pan de la mentira.
Qué duro es el escenario de Panamá. Los hombres honestos no pueden frecuentar los tribunales, a lo mejor, allí verán jueces sin rostros, testigos pagados, dirigentes sindicales perversos y abogados corruptos negociando sentencias por intereses que más de derecho, son políticos.
La nación necesita jueces que preserven el valor del Estado. La unidad superior de la Corte Suprema de Justicia tiene que hacer valer sus derechos legislando justicia conforme lo establece la ley. No se puede continuar permitiendo que entre los jóvenes juristas vayan surgiendo peculiares interpretaciones del concepto de justicia frente a dirigentes políticos mediocres que lo arrastran todo a cambio de nada.
Los viejos planteamientos de jurisprudencia, los valores éticos y las normativas, que deben regir a nuestra sociedad, se están viendo amenazados por el tráfico callejero de abogados negociando sentencias en los tribunales de justicia a cambio de nada. Hoy ya se hace necesario que los viejos jurisconsultos, hombres que rugen cuando ven pisotear los códigos de la ley, acudan nuevamente en busca de sus anaqueles polvorientos a fuerza de abandono y olvido.
En Panamá la corrupción jurídica ya ha empezado a tocar el fondo moral de la vida. Esperamos que los candidatos políticos, igual como lo ha hecho el candidato a presidente por la nómina Acción Opositora, Alberto Vallarino, incluyan en sus agendas un capítulo especial para la justicia del país frente a los privilegios que gozan algunos funcionarios a fin de reducirlos al máximo y controlar su utilización.
De la esencia de la justicia ahora emana una nueva actitud, un vino amargo, un profundo desprecio por los principios de equidad y una forma descarada de atropellarlo todo a cambio de nada.
Las acciones de calumnias e injurias, de testigos perversos jugando a la ley, se iniciaron con la primera escena, cuando los políticos y dirigentes sindicales sin escrúpulos emprendieron durante la dictadura el saqueo descarado de las dependencias confiadas a su cuidado mientras "una cúpula negociaba con el cartel colombiano".
El segundo teatro, hoy es un mal latente, nos llegó bajo las vanidosas máscaras de equidad social, legisladores de turnos ocultando pruebas en complicidades de "pequeños funcionarios" que veían en la corrupción jurídica "un sobresueldo" que rasguñaba el fondo de la conciencia acallada ante un beneficio común.
¿En los púlpitos de la Asamblea Legislativa y entre los pasillos de la Corte Suprema de la Nación, quién podría decir ahora he limpiado mi corazón? Oírlo bien, la democracia podría estar de luto porque tras cada impugnación está la máscara del dolor y algo está tomando impulso al amparo de una permisividad jurídica que lo tolera todo. No podemos permitir que algunos jóvenes jurisconsultos se dejen utilizar para fines abyectos. Y es peor aún, muchos ciudadanos están perdiendo la vergüenza moral del éxito por la trampa, el latrocinio y la defraudación social.
La riqueza, en Panamá, se está transformando en meta obsesiva, en afán que arrasa no tan solo los principios jurídicos, hace tiempo derribados, sino también de la ética pisoteada como un freno a la inmoralidad de una falsa equidad social. En democracia, sistema que sí castiga y sí funciona, se debe cumplir la ley sin corrupción administrativa. ¡Ay, triste es mi Panamá!, que los viejos jurisconsultos regresen a ejercer para combatir a una libertad jurídica perversa. No podemos aumentar más el martirio del país.
A pesar de las denuncias de calumnias e injurias, que diariamente llegan al Tribunal Electoral, muchos ciudadanos sienten más respeto por los magistrados que por la mayoría de los abogados que esconden sus rostros tras las cadenas de impugnaciones. En el país ejercer los preceptos del derecho no es de los hombres, es de Dios. El Tribunal Electoral, mañana podría ser otro nuevo escenario que dejaría un precedente funesto en la joven democracia panameña. No se puede bajar el nivel del torneo electoral bajo la falda de una justicia domesticada y salpicada de corrupción. La ley es la ley.
Hoy es el caso de la alcaldesa Mayín Correa reclamando sus derechos ciudadanos frente a niveles del debate evitando la persecución personal que mucho daño pueden hacer a la democracia del país.
Los dirigentes políticos deben cuidar la transparencia del Tribunal Electoral y elevar la voluntad política de la democracia. Aquí el objetivo es dañar. Mientras la Corte Suprema de la Nación, la Asamblea Legislativa, El Tribunal Electoral y otras entidades del país observan el circo de los delitos, el proverbio popular dice que sabroso es al hombre el pan de la mentira.
Qué duro es el escenario de Panamá. Los hombres honestos no pueden frecuentar los tribunales, a lo mejor, allí verán jueces sin rostros, testigos pagados, dirigentes sindicales perversos y abogados corruptos negociando sentencias por intereses que más de derecho, son políticos.
La nación necesita jueces que preserven el valor del Estado. La unidad superior de la Corte Suprema de Justicia tiene que hacer valer sus derechos legislando justicia conforme lo establece la ley. No se puede continuar permitiendo que entre los jóvenes juristas vayan surgiendo peculiares interpretaciones del concepto de justicia frente a dirigentes políticos mediocres que lo arrastran todo a cambio de nada.
Los viejos planteamientos de jurisprudencia, los valores éticos y las normativas, que deben regir a nuestra sociedad, se están viendo amenazados por el tráfico callejero de abogados negociando sentencias en los tribunales de justicia a cambio de nada. Hoy ya se hace necesario que los viejos jurisconsultos, hombres que rugen cuando ven pisotear los códigos de la ley, acudan nuevamente en busca de sus anaqueles polvorientos a fuerza de abandono y olvido.
En Panamá la corrupción jurídica ya ha empezado a tocar el fondo moral de la vida. Esperamos que los candidatos políticos, igual como lo ha hecho el candidato a presidente por la nómina Acción Opositora, Alberto Vallarino, incluyan en sus agendas un capítulo especial para la justicia del país frente a los privilegios que gozan algunos funcionarios a fin de reducirlos al máximo y controlar su utilización.
De la esencia de la justicia ahora emana una nueva actitud, un vino amargo, un profundo desprecio por los principios de equidad y una forma descarada de atropellarlo todo a cambio de nada.
Las acciones de calumnias e injurias, de testigos perversos jugando a la ley, se iniciaron con la primera escena, cuando los políticos y dirigentes sindicales sin escrúpulos emprendieron durante la dictadura el saqueo descarado de las dependencias confiadas a su cuidado mientras "una cúpula negociaba con el cartel colombiano".
El segundo teatro, hoy es un mal latente, nos llegó bajo las vanidosas máscaras de equidad social, legisladores de turnos ocultando pruebas en complicidades de "pequeños funcionarios" que veían en la corrupción jurídica "un sobresueldo" que rasguñaba el fondo de la conciencia acallada ante un beneficio común.
¿En los púlpitos de la Asamblea Legislativa y entre los pasillos de la Corte Suprema de la Nación, quién podría decir ahora he limpiado mi corazón? Oírlo bien, la democracia podría estar de luto porque tras cada impugnación está la máscara del dolor y algo está tomando impulso al amparo de una permisividad jurídica que lo tolera todo. No podemos permitir que algunos jóvenes jurisconsultos se dejen utilizar para fines abyectos. Y es peor aún, muchos ciudadanos están perdiendo la vergüenza moral del éxito por la trampa, el latrocinio y la defraudación social.
La riqueza, en Panamá, se está transformando en meta obsesiva, en afán que arrasa no tan solo los principios jurídicos, hace tiempo derribados, sino también de la ética pisoteada como un freno a la inmoralidad de una falsa equidad social. En democracia, sistema que sí castiga y sí funciona, se debe cumplir la ley sin corrupción administrativa. ¡Ay, triste es mi Panamá!, que los viejos jurisconsultos regresen a ejercer para combatir a una libertad jurídica perversa. No podemos aumentar más el martirio del país.
