Impunidad

El Ministerio de Seguridad nace con la promesa de bajar los índices de criminalidad que han rebasado cifras sin precedentes. Hasta ahora, la política gubernamental se inclina en la represión y se descuida la prevención como punto medular.

La seguridad no solo descansa en armas, policías o bases navales. Muchos son los detalles que brindan un clima propicio para fechorías, a veces ajenos a esta institución, pero que aprovecha a su favor el crimen organizado.

Por ejemplo, el hecho de que la ATTT no cuente con placas nuevas resulta una ventajosa oportunidad para delinquir sin dejar rastro. Un detalle inverosímil, pero conveniente para el delincuente común y crimen organizado.

Un factor muy preocupante, que desembocará en los tribunales, radica en la especialización de investigación criminal. Aproximadamente 60 agentes de la DIJ han sido trasladados a otros departamentos para realizar labores ajenas a su campo de acción. Sus reemplazos no cuentan con la preparación técnica en este campo de investigación. En pesquisas delicadas como homicidios o “ajustes de cuentas”, la falta de personal técnico probatorio es una abierta invitación al crimen para accionar con impunidad sin que alguien les ponga un coto.

De no tomar las precauciones, la situación empeorará en poco tiempo en forma impredecible, pues ya escapa de la capacidad de las autoridades en materia de prevención e inteligencia para adelantarse al crimen.

Esto provocará una mora social irreversible y costosa, sin embargo, los gobiernos continuarán echándole la culpa al narcotráfico de su propia incapacidad. Una fachada ideal para distraer un problema, que si bien posee una raíz profunda en el tráfico de armas y drogas, conserva un hermano gemelo que camina a su lado y pocos atacan; la corrupción.

Otra pata coja del esquema es la población adicta; marginada por la sociedad y desatendida por distintas administraciones que, conscientes de su gravedad, destinan limosnas a la prevención y rehabilitación.