Impunidad ambiental en Bugaba
Alguien dijo alguna vez, en forma de chanza, que Panamá es un país casi igualito a Suiza. Y que para que sea como Suiza sólo se necesita que esté habitado por suizos. ¡Casi nada! Porque de nada sirve que un país tenga recursos naturales privilegiados si sus habitantes no sólo son incapaces de aprovecharlos sino que, incluso, hasta se den a la tarea de destruirlos, de manera que éstos no puedan ser utilizados ni por las presentes ni por las futuras generaciones; no hay conciencia de que no podrá haber industria, agricultura, civilización ni nada si no se toman las medidas necesarias para proteger el ambiente -el suelo, el agua y el aire- de la creciente irracionalidad y hostilidad de que en los últimos años han venido siendo objeto estos recursos naturales por parte de funcionarios irresponsables y de una sociedad civil no menos irresponsable.
De nada nos sirve a los chiricanos, por ejemplo, tener las mejores tierras, los mejores climas, las más vistosas y variadas especies de flora y fauna si, poco a poco, gracias a la desidia ciudadana y a la crónica incapacidad e impunidad de las autoridades municipales y nacionales, esta tierra amada se ha convertido en un peladero por donde corren quebradas y ríos contaminados, donde proliferan los vertederos, las deflagraciones, los malos olores, las moscas, los gallotes, las bolsas plásticas; donde el aire apesta y los incendios, acelerados por la sequía y la brisa, asfixian y llenan las casas de hollín (especialmente en la época de la zafra cañera). Y todo esto llena a la gente sensata de rabia y de indignación porque esta impunidad ambiental pareciera gozar de mayor simpatía gubernamental que los aislados y escasos esfuerzos que hacemos los ciudadanos para poner fin a esta reprensible impunidad.
¿Y a quién acusamos de este desastre generalizado? ¡A la madre naturaleza! Con harta frecuencia los seres humanos buscamos responsabilizar de las tragedias que nosotros mismos incitamos (no fue el temblor que en 1999 sacudió Turquía el que mató a miles de personas; fueron los políticos y contratistas corruptos que hicieron casas de terrones, sin hierro, a pesar de que habían cobrado al gobierno para construir casas con especificaciones a prueba de temblores). Y esto es más o menos lo que pasa por todas partes: se sacrifica el ambiente, se sacrifica la vida buena, se sacrifica la vida de personas inocentes, ¿para qué? ¿Para que funcionarios infectos se procuren un enriquecimiento ilícito? ¿Para que siempre haya presupuesto para incrementar salarios, dietas, viáticos, cajas menudas y otras sinecuras que reciben los empleados públicos y que se sufragan a expensas del ambiente, sin que esto implique el compromiso de buscarle solución a corto o a largo plazo a problemas críticos, como la basura y la contaminación, que existen y se agravan gracias a la impunidad, a la incapacidad, a la falta de voluntad, de las burocracias municipales?
No podemos decir que en este país hay lo que podríamos llamar un municipio modelo integrado por hombres probos y comprometidos con la búsqueda de soluciones, inmediatas o a largo plazo, a estos crónicos problemas sociales. Todos buscan justificar lo injustificable si de esta manera se mantienen saludables la planilla y la caja menuda de los alcaldes y concejales. Pero en esta ocasión quiero llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre la impunidad de que han hecho y siguen haciendo gala el Municipio de Bugaba, en general, y la Junta Comunal de Volcán, en particular, al administrar vertederos ilegales que contaminan el ambiente y atentan contra la salud de la población.
Y digo impunidad -sin castigo y con abuso- porque durante más de veinte años éstos han tirado la basura, a cielo abierto, en cualquier lugar. Sin que se sopesen los perjuicios ni se apliquen medidas de mitigación. Y lo que es más grave aún: sin que durante más de veinte años alcalde o concejo alguno haya intentado, con seriedad, con responsabilidad, buscarle una solución adecuada a este problema, sin que ello implique, como ahora sucede, hacer de las leyes ambientales y sanitarias una basura más.
Lo único importante pareciera ser que la basura siga generando recursos para que se mantengan saludables la planilla y la caja menuda de los alcaldes y concejales bugabeños, no importa que a cambio de ello, paulatinamente, Bugaba se haya venido transformando en una de las ciudades más mugrientas de todo el país. Pero el copón de la impunidad ambiental y de la ilicitud lo constituye el vertedero a cielo abierto que se halla en la entrada del Parque Nacional Volcán Barú y que administra la Junta Comunal de Volcán. No sólo porque opera en un área poblada contra la voluntad de la ANAM, MINSA, Defensoría del Pueblo, de la Iglesia católica, de la comunidad, sino porque, incluso, esta actividad pareciera gozar de la complicidad tácita de la Contraloría General de la República que dice no saber que por depositar basura en ese lugar esta Junta Comunal cobra un impuesto ilegal, porque no pueden existir impuestos o tasas lícitos si los mismos no provienen de actividades lícitas y de leyes (acuerdos municipales) que hayan sido aprobadas previamente para este efecto.
¡Esto se llama, señores, impunidad! ¡Impunidad rampante y repugnante! Y para que esta impunidad no me haga cómplice, pregunto al Sr. Contralor General de la República: ¿Por qué se permite que una Junta Comunal, ejerciendo una actividad ilegal, que viola la Constitución y la Ley, cobre un impuesto (expidiendo un recibo que no cumple con los requisitos de ley) que ni la misma Contraloría sabe que existe? ¿Cuánto se ha recaudado? ¿Qué uso se le da a este dinero? ¿En qué cuenta del BNP está depositado? ¿Se estará constituyendo un fondo para mudar este muladar y construir un relleno sanitario? Y, sobre todo, ¿por qué se ha permitido que esta impunidad ambiental se haya transformado en una impunidad legal al recolectarse dineros sin la supervisión de la Contraloría?
Finalmente, nunca se debe perder de vista que las encuestas son sólo una medición, no una profecía. Al día de hoy, las encuestas nos dicen esto y aquello; pero todos sabemos que, cambiadas las circunstancias, las opiniones y preferencias también pueden cambiar. Si los escrutinios del 2 de mayo van a parecerse a las encuestas de hoy, no es porque estas encuestas hayan sido más verdaderas que otras, sino porque nada ni nadie pudo cambiar la temperatura del cuerpo social, tal como la conocemos en la actualidad.
De nada nos sirve a los chiricanos, por ejemplo, tener las mejores tierras, los mejores climas, las más vistosas y variadas especies de flora y fauna si, poco a poco, gracias a la desidia ciudadana y a la crónica incapacidad e impunidad de las autoridades municipales y nacionales, esta tierra amada se ha convertido en un peladero por donde corren quebradas y ríos contaminados, donde proliferan los vertederos, las deflagraciones, los malos olores, las moscas, los gallotes, las bolsas plásticas; donde el aire apesta y los incendios, acelerados por la sequía y la brisa, asfixian y llenan las casas de hollín (especialmente en la época de la zafra cañera). Y todo esto llena a la gente sensata de rabia y de indignación porque esta impunidad ambiental pareciera gozar de mayor simpatía gubernamental que los aislados y escasos esfuerzos que hacemos los ciudadanos para poner fin a esta reprensible impunidad.
¿Y a quién acusamos de este desastre generalizado? ¡A la madre naturaleza! Con harta frecuencia los seres humanos buscamos responsabilizar de las tragedias que nosotros mismos incitamos (no fue el temblor que en 1999 sacudió Turquía el que mató a miles de personas; fueron los políticos y contratistas corruptos que hicieron casas de terrones, sin hierro, a pesar de que habían cobrado al gobierno para construir casas con especificaciones a prueba de temblores). Y esto es más o menos lo que pasa por todas partes: se sacrifica el ambiente, se sacrifica la vida buena, se sacrifica la vida de personas inocentes, ¿para qué? ¿Para que funcionarios infectos se procuren un enriquecimiento ilícito? ¿Para que siempre haya presupuesto para incrementar salarios, dietas, viáticos, cajas menudas y otras sinecuras que reciben los empleados públicos y que se sufragan a expensas del ambiente, sin que esto implique el compromiso de buscarle solución a corto o a largo plazo a problemas críticos, como la basura y la contaminación, que existen y se agravan gracias a la impunidad, a la incapacidad, a la falta de voluntad, de las burocracias municipales?
No podemos decir que en este país hay lo que podríamos llamar un municipio modelo integrado por hombres probos y comprometidos con la búsqueda de soluciones, inmediatas o a largo plazo, a estos crónicos problemas sociales. Todos buscan justificar lo injustificable si de esta manera se mantienen saludables la planilla y la caja menuda de los alcaldes y concejales. Pero en esta ocasión quiero llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre la impunidad de que han hecho y siguen haciendo gala el Municipio de Bugaba, en general, y la Junta Comunal de Volcán, en particular, al administrar vertederos ilegales que contaminan el ambiente y atentan contra la salud de la población.
Y digo impunidad -sin castigo y con abuso- porque durante más de veinte años éstos han tirado la basura, a cielo abierto, en cualquier lugar. Sin que se sopesen los perjuicios ni se apliquen medidas de mitigación. Y lo que es más grave aún: sin que durante más de veinte años alcalde o concejo alguno haya intentado, con seriedad, con responsabilidad, buscarle una solución adecuada a este problema, sin que ello implique, como ahora sucede, hacer de las leyes ambientales y sanitarias una basura más.
Lo único importante pareciera ser que la basura siga generando recursos para que se mantengan saludables la planilla y la caja menuda de los alcaldes y concejales bugabeños, no importa que a cambio de ello, paulatinamente, Bugaba se haya venido transformando en una de las ciudades más mugrientas de todo el país. Pero el copón de la impunidad ambiental y de la ilicitud lo constituye el vertedero a cielo abierto que se halla en la entrada del Parque Nacional Volcán Barú y que administra la Junta Comunal de Volcán. No sólo porque opera en un área poblada contra la voluntad de la ANAM, MINSA, Defensoría del Pueblo, de la Iglesia católica, de la comunidad, sino porque, incluso, esta actividad pareciera gozar de la complicidad tácita de la Contraloría General de la República que dice no saber que por depositar basura en ese lugar esta Junta Comunal cobra un impuesto ilegal, porque no pueden existir impuestos o tasas lícitos si los mismos no provienen de actividades lícitas y de leyes (acuerdos municipales) que hayan sido aprobadas previamente para este efecto.
¡Esto se llama, señores, impunidad! ¡Impunidad rampante y repugnante! Y para que esta impunidad no me haga cómplice, pregunto al Sr. Contralor General de la República: ¿Por qué se permite que una Junta Comunal, ejerciendo una actividad ilegal, que viola la Constitución y la Ley, cobre un impuesto (expidiendo un recibo que no cumple con los requisitos de ley) que ni la misma Contraloría sabe que existe? ¿Cuánto se ha recaudado? ¿Qué uso se le da a este dinero? ¿En qué cuenta del BNP está depositado? ¿Se estará constituyendo un fondo para mudar este muladar y construir un relleno sanitario? Y, sobre todo, ¿por qué se ha permitido que esta impunidad ambiental se haya transformado en una impunidad legal al recolectarse dineros sin la supervisión de la Contraloría?
Finalmente, nunca se debe perder de vista que las encuestas son sólo una medición, no una profecía. Al día de hoy, las encuestas nos dicen esto y aquello; pero todos sabemos que, cambiadas las circunstancias, las opiniones y preferencias también pueden cambiar. Si los escrutinios del 2 de mayo van a parecerse a las encuestas de hoy, no es porque estas encuestas hayan sido más verdaderas que otras, sino porque nada ni nadie pudo cambiar la temperatura del cuerpo social, tal como la conocemos en la actualidad.
