¿Impunidad en el cambio?
En el año 2,000 el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá, denunció al entonces Procurador General de la Nación, José A. Sossa, como cómplice de los militares que durante la dictadura de Torrijos y Noriega desaparecieron a más de un centenar de personas, debido a que la Procuraduría no dio los pasos necesarios para hacer una investigación exhaustiva respecto a la localización de los restos de muchas de las personas que fueron asesinadas después de caer presos en manos de la Guardia Nacional (GN), o que fueron secuestradas y desaparecidas por la GN.
Durante todos estos años se ha negado el compromiso que tiene Panamá al firmar acuerdos internacionales que definen los delitos de violación a los Derechos Humanos como delitos que no admiten prescripción.
Más reciente aún tenemos los casos de los familiares de las víctimas del envenenamiento con dietilenglicol y del bus incendiado en La Cresta, quienes siguen clamando justicia; la absolución a los miembros del SPI que golpearon a los familiares de los envenenados; el asesinato de la empresaria Cristina García Eleta, donde están involucrados elementos del SPI y donde desaparecieron el arma homicida; el asesinato del trabajador del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Luiyi Argüelles, en Islas Viveros, donde los policías intentaron también ocultar el arma homicida; la muerte de los jóvenes pescadores Dagoberto y Rigoberto Pérez, donde están acusados seis agentes de la Policía Nacional (PN), que –además- intentaron plantar pruebas falsas; el caso de la joven Clarissa Mabelis Urriola, con tres meses de embarazo, asesinada por miembros de la Dirección de Investigación Policial en Pedregal; el asesinato del dirigente del SUNTRACS, Al Iromi Smith, por parte de un cabo de la PN, siguiendo órdenes de un mayor ascendido posteriormente a subcomisionado y nombrado por este Gobierno como jefe policial en Colón, provincia donde ocurrió el homicidio; el caso del asesinato del obrero del SUNTRACS, Osvaldo Lorenzo, ocurrido en el 2007 en el proyecto de la Autopista Panamá-Colón, donde está implicado un delincuente que parecía estar protegido por las autoridades.
La audiencia estaba programada originalmente para el 16 de noviembre, fue pospuesta por un trámite legal y reprogramada para el 2 de diciembre; tampoco se hizo esta vez por una apelación del Ministerio Público. Se asignó nueva fecha para el 12 de enero de 2010.
