Impunidad: la prueba del ácido
En una página Web encontré una definición muy curiosa respecto a la impunidad. Dice: "...Ninguna palabra quizás defina las experiencias de América Latina como ésta. Falta de castigo, de investigación, de justicia. La posibilidad de cometer crímenes...sin tener que sufrir pena alguna. Y por lo tanto, la aprobación implícita de la moralidad de estos crímenes. El perdón y el olvido, sin acordarnos -o acordándonos muy bien, pero sin importarnos - de que el olvido siembra la repetición. Porque aquello que se hizo una vez sin pena alguna, se puede repetir sin miedo (una y otra vez)...".
Todo esto me viene a la mente luego de ver mucho de lo que ha estado dándose en estos últimos días, en la turbia arena política de este país. Las componendas rambuleras, la firma acelerada de contratos "addendados", las listas de visados retirados, las inauguraciones fantasma, los archivos y áuditos "curados", nombramientos "brujos y de última hora", etc. Desde la publicación de ese patético y remanido "decreto ejecutivo" sobre el velo de las partidas secretas y el silencio escamado de la administración entrante, hemos comenzado a albergar serias dudas. Ese decreto es un olímpico ejemplo (entre muchos) de las conductas desvergonzadas con que algunos buscan escapar nuevamente impunes, amparados en los mismos pactos tácitos de siempre ("...yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo..." o "...los negocios son los negocios y al final todos somos socios..").
La pregunta que se deriva es evidente: ¿cuánta voluntad real habrá en la administración entrante para acabar con esta lacra desde la raíz, una vez hayan tomado posesión? Porque es difícil creer en las buenas intenciones del gobierno entrante si no se parte limpiando la casa y procurando justicia parejamente, desde el mismo 1 de septiembre, sin recurrir al nefasto "borrón y cuenta nueva" otra vez. Es decir, si los latrocinios y corruptelas de muchos personeros del régimen saliente no son investigados y castigados de manera ejemplar, asumiendo valientemente las consecuencias de este hecho, traumático pero sumamente necesario. Sin comenzar limpios de cualquier imagen, fundada o no, de connivencia tácita o de garantía de impunidad para los que se van.
Este es un punto de inflexión fundamental. Aún suponiendo que el gobierno entrante fuese absolutamente sincero en su voluntad de hacer las cosas bien, la política del "borrón y cuenta nueva" sería un error autodescalificante muy grave. Los programas de Endara y Martinelli proponían explícitamente investigar y castigar todos los potenciales delitos que se le encontrasen a la actual administración.
Martín Torrijos prometió, en su programa de gobierno, cero corrupción para este país. Pero ni en el capítulo sexto de su propuesta ("Acabar con la corrupción con el ejemplo") ni en ninguna otra parte de su programa electoral, se menciona el investigar ninguno de los desmanes y abusos del régimen saliente. Se listan 16 medidas distintas, pero en ningún lado se habla de investigar el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el cohecho, el despilfarro ni ninguna belleza más a la que nos han acostumbrado en este infame quinquenio por terminar. Y esto nos pone muy suspicaces.
Esperaríamos que se trate de un lapsus en el programa del Sr. Torrijos, de una omisión involuntaria y no el reflejo de la misma nefasta política del "bussiness as usual" o del "quid pro quo". De una mano peluda lavando la otra, al amparo de las sombras y de las componendas de siempre. Porque de eso estamos todos hartos en este país. La ciudadanía no puede tolerar más pactos secretos de no agresión entre políticos. Nadie aquí puede soportar más impunidad flagrante, sino a riesgo de abrir una negra caja de Pandora, que acabe haciendo añicos lo poco que le queda de credibilidad a la clase política y de abrirle la puerta a la violencia retaliatoria y a la justicia autoprocurada, de manera trágica e irreversible.
El organismo no-gubernamental "Lawyers Committee for Human Rights" afirma que en cualquier país regido por el estado de derecho, los ciudadanos no sólo quieren "...tener una democracia formal sino también una democracia incluyente (con una justicia efectiva)... esto capta exactamente la prueba del ácido para las instituciones de un sistema supuestamente democrático, especialmente en lo que tiene que ver con sus instituciones y prácticas de procuración de justicia...". Frente a estas exigencias generalizadas y básicas de aplicarle el peso de la justicia a la maleantería de cuello blanco, nadie puede adoptar poses de avestruz ni hacerse el sordo, a no ser que, haya cosas más terribles siendo cocinadas ahora mismo por la partidocracia criolla.
Para muchos que observamos y aguardamos (cada vez, con más escepticismo y preocupación) por las supuestas señales correctas del nuevo gobierno entrante, este aspecto (el investigar e identificar a los corruptos en la administración saliente y castigarlos severamente) será la definitiva prueba del ácido, el indicador real y único que nos mostrará la validez real y la sinceridad en la determinación de las nuevas autoridades, respecto a procurar eso que tanto pregonaron durante la campaña electoral: brindarnos cero corrupción. Sin ello y otros actos igualmente transparentes, es imposible reivindicar el sentido de la justicia en este país y luchar por darle fin definitivo a la impunidad. Esperamos, atentos, por conocer realmente de qué materia (de verdadera sustancia honesta o verborrea politiquera corriente) están hechas esas tantas promesas de campaña.
Todo esto me viene a la mente luego de ver mucho de lo que ha estado dándose en estos últimos días, en la turbia arena política de este país. Las componendas rambuleras, la firma acelerada de contratos "addendados", las listas de visados retirados, las inauguraciones fantasma, los archivos y áuditos "curados", nombramientos "brujos y de última hora", etc. Desde la publicación de ese patético y remanido "decreto ejecutivo" sobre el velo de las partidas secretas y el silencio escamado de la administración entrante, hemos comenzado a albergar serias dudas. Ese decreto es un olímpico ejemplo (entre muchos) de las conductas desvergonzadas con que algunos buscan escapar nuevamente impunes, amparados en los mismos pactos tácitos de siempre ("...yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo..." o "...los negocios son los negocios y al final todos somos socios..").
La pregunta que se deriva es evidente: ¿cuánta voluntad real habrá en la administración entrante para acabar con esta lacra desde la raíz, una vez hayan tomado posesión? Porque es difícil creer en las buenas intenciones del gobierno entrante si no se parte limpiando la casa y procurando justicia parejamente, desde el mismo 1 de septiembre, sin recurrir al nefasto "borrón y cuenta nueva" otra vez. Es decir, si los latrocinios y corruptelas de muchos personeros del régimen saliente no son investigados y castigados de manera ejemplar, asumiendo valientemente las consecuencias de este hecho, traumático pero sumamente necesario. Sin comenzar limpios de cualquier imagen, fundada o no, de connivencia tácita o de garantía de impunidad para los que se van.
Este es un punto de inflexión fundamental. Aún suponiendo que el gobierno entrante fuese absolutamente sincero en su voluntad de hacer las cosas bien, la política del "borrón y cuenta nueva" sería un error autodescalificante muy grave. Los programas de Endara y Martinelli proponían explícitamente investigar y castigar todos los potenciales delitos que se le encontrasen a la actual administración.
Martín Torrijos prometió, en su programa de gobierno, cero corrupción para este país. Pero ni en el capítulo sexto de su propuesta ("Acabar con la corrupción con el ejemplo") ni en ninguna otra parte de su programa electoral, se menciona el investigar ninguno de los desmanes y abusos del régimen saliente. Se listan 16 medidas distintas, pero en ningún lado se habla de investigar el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el cohecho, el despilfarro ni ninguna belleza más a la que nos han acostumbrado en este infame quinquenio por terminar. Y esto nos pone muy suspicaces.
Esperaríamos que se trate de un lapsus en el programa del Sr. Torrijos, de una omisión involuntaria y no el reflejo de la misma nefasta política del "bussiness as usual" o del "quid pro quo". De una mano peluda lavando la otra, al amparo de las sombras y de las componendas de siempre. Porque de eso estamos todos hartos en este país. La ciudadanía no puede tolerar más pactos secretos de no agresión entre políticos. Nadie aquí puede soportar más impunidad flagrante, sino a riesgo de abrir una negra caja de Pandora, que acabe haciendo añicos lo poco que le queda de credibilidad a la clase política y de abrirle la puerta a la violencia retaliatoria y a la justicia autoprocurada, de manera trágica e irreversible.
El organismo no-gubernamental "Lawyers Committee for Human Rights" afirma que en cualquier país regido por el estado de derecho, los ciudadanos no sólo quieren "...tener una democracia formal sino también una democracia incluyente (con una justicia efectiva)... esto capta exactamente la prueba del ácido para las instituciones de un sistema supuestamente democrático, especialmente en lo que tiene que ver con sus instituciones y prácticas de procuración de justicia...". Frente a estas exigencias generalizadas y básicas de aplicarle el peso de la justicia a la maleantería de cuello blanco, nadie puede adoptar poses de avestruz ni hacerse el sordo, a no ser que, haya cosas más terribles siendo cocinadas ahora mismo por la partidocracia criolla.
Para muchos que observamos y aguardamos (cada vez, con más escepticismo y preocupación) por las supuestas señales correctas del nuevo gobierno entrante, este aspecto (el investigar e identificar a los corruptos en la administración saliente y castigarlos severamente) será la definitiva prueba del ácido, el indicador real y único que nos mostrará la validez real y la sinceridad en la determinación de las nuevas autoridades, respecto a procurar eso que tanto pregonaron durante la campaña electoral: brindarnos cero corrupción. Sin ello y otros actos igualmente transparentes, es imposible reivindicar el sentido de la justicia en este país y luchar por darle fin definitivo a la impunidad. Esperamos, atentos, por conocer realmente de qué materia (de verdadera sustancia honesta o verborrea politiquera corriente) están hechas esas tantas promesas de campaña.
