¡Increíble, pero cierto!
Todavía no alcanzamos a reponernos de la estupefacción que nos ha causado, percatarnos que la Comisión Codificadora, encargada de preparar los anteproyectos de nuevos Código Penal y de Procedimiento Penal, en el texto finalmente entregado al Ejecutivo, ha incluido, a contrapelo de las tendencias modernas y de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, un endurecimiento y aumento de penas por los llamados "Delitos contra el Honor".
Desde octubre del año 2000, la CIDH adoptó la Declaración de Principios Básicos sobre Libertad de Expresión, y en ella, recomendaba despenalizar la calumnia y la injuria para funcionarios y personas que han elegido voluntariamente inmiscuirse en asuntos de interés público. En una democracia moderna y participativa, esos tipos penales, heredados de etapas autoritarias ampliamente superadas, no deben ser de buen recibo.
Pero los flamantes comisionados, o al menos la mayoría de ellos, dándole la espalda a las recomendaciones de la OEA, presentan un mamotreto en el que proponen, lejos siquiera de "desprisionalizar" la calumnia y la injuria, endurecer fuertemente las penas.
Para la calumnia, la pena actual de 90 a 180 días-multa, pasaría a ser de uno a dos años de prisión y de 100 a 200 días-multa.
Para la injuria, la penalización se agravaría de 60 a 120 días-multa a seis meses a un año de prisión y de 50 a 150 días-multa. Cuando la injuria o la calumnia se realicen a través de un medio de comunicación social, las penas pasarían, en el caso de la calumnia, de los 18 a 24 meses de prisión actuales, a dos a tres años de prisión; en el caso de la injuria se agravarían de 12 a 18 meses de prisión actuales a 1 a 2 años de prisión. La pregunta es: ¿Qué estarían pensando estos geniales comisionados?
Desde octubre del año 2000, la CIDH adoptó la Declaración de Principios Básicos sobre Libertad de Expresión, y en ella, recomendaba despenalizar la calumnia y la injuria para funcionarios y personas que han elegido voluntariamente inmiscuirse en asuntos de interés público. En una democracia moderna y participativa, esos tipos penales, heredados de etapas autoritarias ampliamente superadas, no deben ser de buen recibo.
Pero los flamantes comisionados, o al menos la mayoría de ellos, dándole la espalda a las recomendaciones de la OEA, presentan un mamotreto en el que proponen, lejos siquiera de "desprisionalizar" la calumnia y la injuria, endurecer fuertemente las penas.
Para la calumnia, la pena actual de 90 a 180 días-multa, pasaría a ser de uno a dos años de prisión y de 100 a 200 días-multa.
Para la injuria, la penalización se agravaría de 60 a 120 días-multa a seis meses a un año de prisión y de 50 a 150 días-multa. Cuando la injuria o la calumnia se realicen a través de un medio de comunicación social, las penas pasarían, en el caso de la calumnia, de los 18 a 24 meses de prisión actuales, a dos a tres años de prisión; en el caso de la injuria se agravarían de 12 a 18 meses de prisión actuales a 1 a 2 años de prisión. La pregunta es: ¿Qué estarían pensando estos geniales comisionados?
