Indemnizaciones en el Ferrocarril
Desde la fecha lejana en que el ferrocarril pasó a Panamá, el pueblo presenció el espectáculo progresivo e insólito de la paralización de su servicio, contempló la herrumbre de los vagones a la intemperie, observó, imponente, el deterioro de sus instalaciones; en fin, el colapso casi total de la actividad ferrocarrilera.
Fue una señal ominosa de los resultados de la carencia de organización estatal para manejar bienes revertidos de la administración norteamericana. Pero a pesar de que el ferrocarril no brindaba servicio regular, se mantuvo una legión de empleados, técnicos y trabajadores manuales, que han cobrado salarios a costa de recursos presupuestales.
La justificación para dichos pagos fue una mezcla de ambigüedad y enigma, que inexplicablemente no destrampó la administración Endara, perdiéndose la oportunidad entre 1990 y 1995 de acabar con la paradoja de ferrocarrileros sin ferrocarril.
Ahora en que se ha privatizado el ferrocarril, el gobierno enfrenta reclamos de los trabajadores que exigen indemnizaciones ascendentes a 9,6 millones de balboas. El gobierno solicita un crédito extraordinario de dos millones de balboas para cubrir las reclamaciones desproporcionadas.
Si la liquidación del ferrocarril se hubiera efectuado en el momento oportuno en que cesó de operar, no se afectaría el Estado con el desembolso de sumas exorbitantes de dinero, dejando el antecedente preocupante de pagar por un servicio inexistente.
Los trabajadores arguyen que se han dedicado a trabajos de mantenimiento y reparación y que no tienen culpa de que la administración estatal mantuviera suspendido el servicio a los usuarios tantos años. Esta clase de lógica no es infrecuente en reclamaciones laborales.
Pero como el Estado, teóricamente al menos, es de todos los panameños, no puede menos que desconcertar a la colectividad nacional la aplicación de fondos públicos para arreglos de incierta justificación, mientras se apiñan problemas insatisfechos en educación, salud y otros servicios críticos.
Es importante que al momento de proceder a la liquidación de empresas estatales dentro del contexto de la privatización, se mantenga mesura y equidad en las reclamaciones laborales. Porque no es lo mismo pagar prestaciones autofinanciadas por institutos en plena actividad y por tanto con recursos propios, que con entidades virtualmente en quiebra, como es el caso de los ferrocarriles.
Debemos tomar conciencia de una reclamación en estas condiciones lleva al endeudamiento inorgánico del Estado y al crecimiento desmesurado de la deuda pública interna. Debemos tomar conciencia de que si se cobra por un servicio suspendido por la causa que fuere, se lesionan los intereses de los contribuyentes en general y, lo que es peor, queda sin atenderse la escuela en mal estado, el centro de salud sin equipos modernos, el pueblo sin servicios básicos.
Cuando se escriba la historia del traspaso del ferrocarril a la administración gubernamental se pormenorizarán los graves errores cometidos. La chatarra de los equipos, los andenes carcomidos, la inoperancia burocrática, quedan como la constancia de una negligencia insostenible al calor de una demagogia que confundió nacionalismo con ineficiencia, estatización con irresponsabilidad, servicio público con beneficio de pocos.
Los usuarios aguardan impacientes que la nueva empresa concesionaria del ferrocarril brinde servicios modernos y que se borre para siempre el espectáculo de los vagones enmohecidos por el tiempo y la inercia.
Fue una señal ominosa de los resultados de la carencia de organización estatal para manejar bienes revertidos de la administración norteamericana. Pero a pesar de que el ferrocarril no brindaba servicio regular, se mantuvo una legión de empleados, técnicos y trabajadores manuales, que han cobrado salarios a costa de recursos presupuestales.
La justificación para dichos pagos fue una mezcla de ambigüedad y enigma, que inexplicablemente no destrampó la administración Endara, perdiéndose la oportunidad entre 1990 y 1995 de acabar con la paradoja de ferrocarrileros sin ferrocarril.
Ahora en que se ha privatizado el ferrocarril, el gobierno enfrenta reclamos de los trabajadores que exigen indemnizaciones ascendentes a 9,6 millones de balboas. El gobierno solicita un crédito extraordinario de dos millones de balboas para cubrir las reclamaciones desproporcionadas.
Si la liquidación del ferrocarril se hubiera efectuado en el momento oportuno en que cesó de operar, no se afectaría el Estado con el desembolso de sumas exorbitantes de dinero, dejando el antecedente preocupante de pagar por un servicio inexistente.
Los trabajadores arguyen que se han dedicado a trabajos de mantenimiento y reparación y que no tienen culpa de que la administración estatal mantuviera suspendido el servicio a los usuarios tantos años. Esta clase de lógica no es infrecuente en reclamaciones laborales.
Pero como el Estado, teóricamente al menos, es de todos los panameños, no puede menos que desconcertar a la colectividad nacional la aplicación de fondos públicos para arreglos de incierta justificación, mientras se apiñan problemas insatisfechos en educación, salud y otros servicios críticos.
Es importante que al momento de proceder a la liquidación de empresas estatales dentro del contexto de la privatización, se mantenga mesura y equidad en las reclamaciones laborales. Porque no es lo mismo pagar prestaciones autofinanciadas por institutos en plena actividad y por tanto con recursos propios, que con entidades virtualmente en quiebra, como es el caso de los ferrocarriles.
Debemos tomar conciencia de una reclamación en estas condiciones lleva al endeudamiento inorgánico del Estado y al crecimiento desmesurado de la deuda pública interna. Debemos tomar conciencia de que si se cobra por un servicio suspendido por la causa que fuere, se lesionan los intereses de los contribuyentes en general y, lo que es peor, queda sin atenderse la escuela en mal estado, el centro de salud sin equipos modernos, el pueblo sin servicios básicos.
Cuando se escriba la historia del traspaso del ferrocarril a la administración gubernamental se pormenorizarán los graves errores cometidos. La chatarra de los equipos, los andenes carcomidos, la inoperancia burocrática, quedan como la constancia de una negligencia insostenible al calor de una demagogia que confundió nacionalismo con ineficiencia, estatización con irresponsabilidad, servicio público con beneficio de pocos.
Los usuarios aguardan impacientes que la nueva empresa concesionaria del ferrocarril brinde servicios modernos y que se borre para siempre el espectáculo de los vagones enmohecidos por el tiempo y la inercia.
