Independencia judicial
Cuando en octubre de 1999, quienes integrábamos la Sala Quinta de Instituciones de Garantía en la Corte Suprema de Justicia promovimos preventivamente un Amparo de Garantías Constitucionales contra la derogatoria de la ley que creó dicha Sala y nuestra ilegal destitución como magistrados/as de esa alta corporación de justicia, los en ese entonces miembros de la Corte no tuvieron el coraje necesario para defender la autonomía, la independencia judicial, ni la solidaridad para defender a sus colegas (con excepción de la magistrada Graciela Dixon que sí lo hizo).
En ese entonces, quienes tenían la obligación de defender la tan cacareada "independencia judicial" nos atacaron de querer violentar la democracia y el Estado de Derecho y simplemente se plegaron a los caprichos de quien regentaba el Órgano Ejecutivo y no movieron un dedo ni dijeron una sola palabra para defender la institucionalidad judicial.
Tan pronto se produjo la derogatoria de la Ley 32 y nuestra ilegal destitución, cuyo proyecto fue elaborado y presentado a la Asamblea Legislativa por el ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora -hoy "Honorable Magistrado de la Corte"-, promoví un Amparo de Garantías Constitucionales contra el Art. 28 de la ley que inconstitucionalmente nos removió del cargo violando el debido proceso y nuestros derechos humanos.
El Pleno de la Corte (con el salvamento de la Magistrada Dixon) no admitió el amparo y lo consideró improcedente por estimar que la vía del amparo no es la idónea para impugnar leyes de carácter general.
Sin bien es cierto que como regla general la vía del amparo no es la idónea para atacar leyes de carácter general, en nuestro caso, se trataba de una ley específica con nombres y apellidos, que de manera concreta violó nuestros derechos y garantías fundamentales.
Han transcurrido cinco años y esa "Honorable Corte Suprema de Justicia" aún no ha desengavetado del sueño del olvido las demandas de inconstitucionalidad que algunos distinguidos colegas interpusieron contra la derogatoria de la Ley 32 de 1999, demostrando con ello no sólo la mora judicial que tanto critica la ciudadanía y los/as profesionales del Derecho, sino la poca voluntad de querer resolver un caso que a la luz de los hechos y del derecho fue expresamente violatorio de nuestra Constitución.
En la actualidad, nada menos que el Magistrado Presidente de la Corte, se enfrenta a un caso similar al nuestro y ha anunciado que ya tiene listo un amparo de garantías constitucionales contra la "Ley Faúndes" que le obliga a retirarse al cumplir los 75 años.
¿Qué pasará en este caso? ¿Será admisible esta vez el amparo de garantías? ¿Tendrán esta vez los miembros de la Corte el valor para defender la autonomía y la independencia judicial? ¿Serán capaces de demostrar solidaridad con un colega? ¿Resolverán las demandas de inconstitucionalidad que duermen el sueño eterno por no querer comprometerse?
Lamentablemente, la sociedad no tiene ya credibilidad en un Órgano Judicial desprestigiado y envuelto en permanentes problemas. Si sus miembros, con la única excepción de la Magistrada Dixon, tuviesen un poquito de dignidad y vergüenza, renunciarían a sus cargos. Estaremos a la expectativa de con que se salen esta vez.
En ese entonces, quienes tenían la obligación de defender la tan cacareada "independencia judicial" nos atacaron de querer violentar la democracia y el Estado de Derecho y simplemente se plegaron a los caprichos de quien regentaba el Órgano Ejecutivo y no movieron un dedo ni dijeron una sola palabra para defender la institucionalidad judicial.
Tan pronto se produjo la derogatoria de la Ley 32 y nuestra ilegal destitución, cuyo proyecto fue elaborado y presentado a la Asamblea Legislativa por el ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora -hoy "Honorable Magistrado de la Corte"-, promoví un Amparo de Garantías Constitucionales contra el Art. 28 de la ley que inconstitucionalmente nos removió del cargo violando el debido proceso y nuestros derechos humanos.
El Pleno de la Corte (con el salvamento de la Magistrada Dixon) no admitió el amparo y lo consideró improcedente por estimar que la vía del amparo no es la idónea para impugnar leyes de carácter general.
Sin bien es cierto que como regla general la vía del amparo no es la idónea para atacar leyes de carácter general, en nuestro caso, se trataba de una ley específica con nombres y apellidos, que de manera concreta violó nuestros derechos y garantías fundamentales.
Han transcurrido cinco años y esa "Honorable Corte Suprema de Justicia" aún no ha desengavetado del sueño del olvido las demandas de inconstitucionalidad que algunos distinguidos colegas interpusieron contra la derogatoria de la Ley 32 de 1999, demostrando con ello no sólo la mora judicial que tanto critica la ciudadanía y los/as profesionales del Derecho, sino la poca voluntad de querer resolver un caso que a la luz de los hechos y del derecho fue expresamente violatorio de nuestra Constitución.
En la actualidad, nada menos que el Magistrado Presidente de la Corte, se enfrenta a un caso similar al nuestro y ha anunciado que ya tiene listo un amparo de garantías constitucionales contra la "Ley Faúndes" que le obliga a retirarse al cumplir los 75 años.
¿Qué pasará en este caso? ¿Será admisible esta vez el amparo de garantías? ¿Tendrán esta vez los miembros de la Corte el valor para defender la autonomía y la independencia judicial? ¿Serán capaces de demostrar solidaridad con un colega? ¿Resolverán las demandas de inconstitucionalidad que duermen el sueño eterno por no querer comprometerse?
Lamentablemente, la sociedad no tiene ya credibilidad en un Órgano Judicial desprestigiado y envuelto en permanentes problemas. Si sus miembros, con la única excepción de la Magistrada Dixon, tuviesen un poquito de dignidad y vergüenza, renunciarían a sus cargos. Estaremos a la expectativa de con que se salen esta vez.
