La subcomisión de la Asamblea Nacional que denunció los abusos afirmó categóricamente que un altísimo porcentaje de las personas que laboran en esta institución no están capacitadas para ejercer las funciones por las cuales se les paga.
Nadie puede pretender que luego de semejante escándalo de presuntos abusos contra indefensos y sufridos menores de edad, la Secretaría Nacional de Infancia, Adolescencia y Familia (Senniaf) permanezca incólume, como si gran parte de lo sucedido no fuera su responsabilidad por una flagrante omisión.
Solo basta revisar la legislación vigente que regula los albergues infantiles regentados por el Estado, para darse cuenta, inmediatamente, que las normas prevén responsabilidades y atribuciones de la Senniaf que definitivamente buscan evitar que estas situaciones bochornosas se registren.
Es necesario que el gobierno de turno haga un "mea culpa" y reconozca que esta, al igual que otras instituciones de vital importancia, han sido desfiguradas por consideraciones políticas que nada bueno aportan a su labor.
La subcomisión de la Asamblea Nacional que denunció los abusos -que debieron ser previstos, descubiertos, atacados y denunciados por la propia Senniaf en cumplimiento de su deber- afirmó categóricamente que un altísimo porcentaje de las personas que laboran en esta institución no están capacitadas para ejercer las funciones por las cuales se les paga.
Si el Gobierno está realmente indignado con esta situación, debe ordenar, cuanto antes, una reingeniería total de la Senniaf. De lo contrario, nada se habrá hecho.
Periodista.
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