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¿Informando o desinformando?


Aclaro como introducción que no conozco a los dueños ni accionistas de Panamá Ports y que en esa misma situación está hasta el más lejano de mis parientes. En el mar de suspicacias en que vivimos y que se ha institucionalizado como una cuasi cultura, ese introito tal vez importe poco, pero creo conveniente comenzar por dejarlo así sentado. Mi comentario, por tanto, sólo pretende aportar objetivamente a la controversia, más publicitaria que jurídica, que ha desatado el reciente pronunciamiento de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que negó la suspensión de los efectos de la archicomentada resolución del ministro Jácome.
En economía como en otras ciencias, entre ellas el derecho, hay dos corrientes, solía decir un economista chileno ya fallecido: Por un lado, la que prefiere explicar de manera enrevesada cosas simples (de ella tenemos ejemplos sin fin) y, por el otro, la que trata de explicar de manera sencilla (de éstos hay menos) las cosas que suelen parecer complicadas. Siguiendo a esta última, a la que siempre he tratado de mantenerme fiel, es que desarrollo este comentario.
Un grupo de ciudadanos y ciudadanas, en ejercicio del legítimo e inalienable (que no se puede ceder ni renunciar) derecho de petición que tenemos todos, acudió a la Sala Tercera para demandar la suspensión de los efectos de la resolución dictada por el ministerio de Comercio e Industrias en el caso de Panamá Ports. La Sala negó la suspensión por considerar que la resolución del Ministerio tenía base en la resolución anteriormente dictada por el Consejo de Gabinete. En otras palabras, la Sala estimó que si la resolución del Gabinete había autorizado al ministerio para expedir la resolución, este, el ministerio, por haberse basado en la autorización del Gabinete había actuado dentro de la ley. La decisión de la Sala Tercera también aclaró que al pronunciarse de esa manera, no estaba entrando a decidir el fondo de la controversia, estapa a la que entrará cuando considere la demanda de nulidad presentada previamente.
En un diario de la localidad, leí, en grandes titulares, que la Corte había decidido a favor de la equiparación, o sea, que la había aprobado. Eso no es cierto.
Otros medios también se han lanzado por ese camino equivocado y han concluido que la decisión vino así porque el ponente, o sea, el que redactó el proyecto de fallo, fue el magistrado Spadafora.
Todas las demandas que se tramitan en la Corte son objeto de reparto. Al magistrado que se le adjudica un caso, si se trata de uno que debe decidir una de las Salas (integrada por tres magistrados), le corresponde hacer el proyecto de decisión, pero para que ésta se convierta en fallo, debe contar con la aprobación de la mayoría de los integrantes. Cuando la decisión le corresponde al Pleno, debe ser aprobada, como mínimo, por cinco de los nueve magistrados. En otras palabras, como regla general y salvo en aspectos de procedimiento, las decisiones son colectivas. Esto parece habérsele olvidado a la mayoría de los prestos “opinadores”
Por otra parte, también creo que hay ligereza informativa al desplegar titulares que afirman, erróneamente, que hubo una decisión sobre el fondo. Eso tampoco es verdad y difundirlo crea confusión y desorienta a la opinión pública. El fondo de la controversia no ha sido decidido. Y cuando sea decidida, para que ésta tenga validez tendrá que concurrir el criterio de la mayoría de los integrantes de la Sala Tercera Corte Suprema. Por tanto, no será una decisión individual sino colectiva.
La mitad o tal vez más de la población, de cualquier país no sólo del nuestro, se forma su opinión o llega a un juicio sobre los temas públicos influida por lo que difunden los medios de comunicación. Por ello, un ejercicio responsable de ese inmenso poder es imprescindible para que la ciudadana “consuma” la información correcta.
El valor de la información está en su objetividad, pero ésta, desgraciadamente, no es la característica general de nuestros medios de comunicación social.
Alvarado no explicó por qué faltó coordinación después del terremoto y qué método de estadísticas emplea para llegar a resultados, desvirtuados por la realidad. Chiriquí no estuvo preparada sino que no hubo coordinación esa noche y corazones en máxima tensión.
Aseguró que los funcionarios continúan reuniéndose en Chiriquí para coordinar acciones de trabajo para cuando se registren estos tipos de desastres, "pero también es cierto que quisiéramos contar con un mayor presupuesto para hacer campañas de publicidad."
Aclaró que el responsable de SINAPROC en Chiriquí sólo dijo que no era necesario sacar a los enfermos porque las rajaduras que había tenido el hospital ya habían sido evaluadas por el doctor Oscar Rodríguez, de la Universidad Tecnológica de Panamá.
Alvarado señaló que si se presentan situaciones de desastres como un terremoto, donde el gobierno tiene que alojar a las familias, se cuenta con las escuelas, iglesias y los gimnasios; además disponen de toldas móviles valoradas en B/. 500 mil con materiales de primera y que pueden ser trasladada a cualquier provincia.
El funcionario reiteró que "estamos preparados para atender lo que podemos y listos para pedir ayuda a lo que no podemos y eso es parte de la preparación".
Esta operación involucra la participación de más de 400 personas, incluyendo las entidades que se encuentran en Colón, además de unidades que se trasladarán de la ciudad capital a un costo de B/. 6 mil que son financiados con donaciones por parte de organismos internacionales como el Centro para la Prevención de Desastres Naturales y el Programa de las Naciones Unidas.
Durante los simulacros en Colón se realizarán ejercicios para atender desastres como inundaciones, deslizamientos, terremotos, desalojo en escuelas y colegios secundarios, desplazamiento de personal de respuestas (búsqueda y rescate) a área designada, y traslado de herido a los hospitales.
A los funcionarios que participen se les dictará un seminarios taller que los capacitará y se les adiestrará en rescate en cuerdas en áreas locales, evacuaciones en el Hospital Manuel Amador Guerrero en planteles y otros. El certificado estará avalado por el SINAPROC y el Comando Sur.

Mientras que en Azuero, un temblor de 4.5 en la escala de Richter se registró a las 6:30 de la mañana de ayer, a unos 70 kilómetros del suroeste de Guararé originado en la falla de Tonosí.
El evento sísmico tuvo una profundidad de 10 kilómetros cuadrados, según informes meteorológicos del departamento de Geociencias de la Universidad de Panamá.
El temblor fue sentido con mayor intensidad en el distrito de Tonosí, Guararé y en la región del Cacarañao de Macaracas hubo mayor movimiento por la cercanía a la falla, sin causar ningún daño.
Por otro lado, en las Playas, El Rompío, Monagre y El Uverito ubicadas en las costas azuerenses se vivieron momentos de llanto, miedo y temor a un desastre, cuando a causa de fuertes vientos, acompañados de lluvia y tormenta, se tuvo que desalojar a cientos de bañistas que se encontraban en estos centros de esparcimiento.

101 años de Panamá América

 
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