Informe sobre derechos humanos
Amonestado por las críticas que formulaba a su maestro y amigo el filósofo Platón, Aristóteles replicó: "Soy más amigo de la verdad que de Platón". En otras palabras, el peso específico de la veracidad de los acontecimientos prevalece por encima de amistades, personas, países, instituciones. Es desde esta perspectiva que debiera evaluarse el contenido del Informe del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en Panamá, al margen de la autoridad de quien los formula. Porque haciendo abstracción del agente que hace los señalamientos, la verdad es que la situación de los derechos humanos en algunos aspectos dista mucho de ser medianamente satisfactoria.
Apenas unos días atrás hemos sido conmocionados por el deguello de reclusos del penal de Coiba, donde imperan condiciones subhumanas por completo alejadas de una moderna política penitenciaria. Paralelamente a estos hechos de primitivismo y barbarie se anudan casos recientes de corrupción de funcionarios del Ministerio de Comercio e Industria acusados de recibir sobornos y de pena a un ex alcalde del PRD por extorsión y corrupción, además de quejas del incremento de la llamada violencia intrafamiliar.
Si agregáramos el vasto catálogo de atropellos a los derechos humanos y críticas a la administración de justicia inficionada de nombramientos políticos perpetrados en años recientes no vacilaríamos en comprobar objetiva y desapasionadamente la veracidad de informes procedentes no solamente de organismos norteamericanos.
La Constitución de Panamá posee más de una treintena de artículos para la protección de las libertades individuales y colectivas, protección de niños, mujeres, familia y similares. Por otro lado, en materia de convenios internacionales suscritos y ratificados, formamos parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José, la Convención contra la Tortura y otros tratos y pruebas crueles, inhumanos o degradantes y de otros compromisos. Los hechos demuestran, sin embargo, que, a pesar de tantas regulaciones, entre los encargados de hacer cumplir las leyes y llevarlas a la práctica hay un abismo entre teoría y realidad.
Reiteramos, por supuesto, que Estados Unidos, que en asuntos de derechos humanos y de respeto a la privacidad de las personas, no está en condiciones de tirar la primera piedra, ni de adoptar posiciones de fiscal y juez con otros países. Como en temas de narcotráfico, persiste en emitir certificaciones como si fuera una autoridad supranacional, que nadie le ha otorgado. ¿Continuará el sistema de calificaciones si se llega a ratificar la existencia del Centro Multilateral Antidrogas, alabando o censurando a los estados miembros? Este es otro de los temas que debieran vigilar los negociadores panameños.
Pero al margen de la procedencia de las denuncias, debemos asumir autocríticamente la anómala situación de los derechos humanos, moral privada y pública, independencia de poderes, autoritarismo, derechos de la mujer y el niño, etc. Los crudos hechos nos indica que en esta materia ni podemos engañar ni se puede engañarnos.
Apenas unos días atrás hemos sido conmocionados por el deguello de reclusos del penal de Coiba, donde imperan condiciones subhumanas por completo alejadas de una moderna política penitenciaria. Paralelamente a estos hechos de primitivismo y barbarie se anudan casos recientes de corrupción de funcionarios del Ministerio de Comercio e Industria acusados de recibir sobornos y de pena a un ex alcalde del PRD por extorsión y corrupción, además de quejas del incremento de la llamada violencia intrafamiliar.
Si agregáramos el vasto catálogo de atropellos a los derechos humanos y críticas a la administración de justicia inficionada de nombramientos políticos perpetrados en años recientes no vacilaríamos en comprobar objetiva y desapasionadamente la veracidad de informes procedentes no solamente de organismos norteamericanos.
La Constitución de Panamá posee más de una treintena de artículos para la protección de las libertades individuales y colectivas, protección de niños, mujeres, familia y similares. Por otro lado, en materia de convenios internacionales suscritos y ratificados, formamos parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José, la Convención contra la Tortura y otros tratos y pruebas crueles, inhumanos o degradantes y de otros compromisos. Los hechos demuestran, sin embargo, que, a pesar de tantas regulaciones, entre los encargados de hacer cumplir las leyes y llevarlas a la práctica hay un abismo entre teoría y realidad.
Reiteramos, por supuesto, que Estados Unidos, que en asuntos de derechos humanos y de respeto a la privacidad de las personas, no está en condiciones de tirar la primera piedra, ni de adoptar posiciones de fiscal y juez con otros países. Como en temas de narcotráfico, persiste en emitir certificaciones como si fuera una autoridad supranacional, que nadie le ha otorgado. ¿Continuará el sistema de calificaciones si se llega a ratificar la existencia del Centro Multilateral Antidrogas, alabando o censurando a los estados miembros? Este es otro de los temas que debieran vigilar los negociadores panameños.
Pero al margen de la procedencia de las denuncias, debemos asumir autocríticamente la anómala situación de los derechos humanos, moral privada y pública, independencia de poderes, autoritarismo, derechos de la mujer y el niño, etc. Los crudos hechos nos indica que en esta materia ni podemos engañar ni se puede engañarnos.
