Inseguridad ciudadana

Son los Estados, a través de los gobiernos, los que tienen la obligación de garantizar la seguridad ciudadana. Cada gobierno que asume la responsabilidad de administrar el país tiene que velar por este asunto sin acudir reiteradamente a las excusas. Sobre las atrocidades que vienen ocurriendo en el país se han dado tantas explicaciones, tantas cifras y se ha especulado de tal manera, que es posible que los panameños seamos, en América Latina, los mejor informados sobre este tema: que si la violencia regional, el papel de los carteles mexicanos del narcotráfico, los sicarios colombianos y las pandillas juveniles. La concurrencia informativa no resuelve, sin embargo, el incremento de muertos, asaltados y agredidos que se registran cada día. Tampoco resuelve la manera dantesca de los crímenes. El descuartizamiento de cadáveres sólo tuvo una expresión en Panamá a mediados de los años 90 con el caso ocurrido en el edificio Tuira. Hoy los sirven de dos en dos. Si la suerte del actual gobierno dependiera de un plebiscito sobre sus éxitos y fracasos en materia de seguridad ciudadana seguramente tendría que dimitir, porque los problemas no sólo continúan, sino que se agravan. Una fuente confiable ha hecho saber que recientemente se han girado instrucciones a la Dirección de Migración para ampliar de tres a seis meses la estadía de colombianos y mexicanos en el país, sin que medien las tradicionales medidas de control. Pese a trascendidos según los cuales en Panamá libran sus disputas representantes de carteles extranjeros.