Inseguridad y democracia
ANTE LOS ACTUALES índices de criminalidad y violencia, los gobiernos de la región han optado por implementar medidas que han conllevado a ampliar dramáticamente la misión de las fuerzas militares a funciones de seguridad ciudadana. Clara evidencia de ello es, por ejemplo, la estrategia adoptada por el Gobierno de Guatemala de reenlistar a 3,000 efectivos militares para la creación de Cuerpos Especiales para la Seguridad Ciudadana que desde principios de abril brindan soporte a la Policía Nacional Civil (PNC) en el mantenimiento del orden público, la paz y la seguridad interna del país. Dichas fuerzas son adicionales a las ya existentes y operativas fuerzas combinadas policiales-militares. En Honduras, el Gobierno ha transferido 1,000 soldados a la Policía Nacional con miras a reclutar a 4,000 soldados adicionales para llevar a cabo tareas de orden público. Nuestras preocupaciones han sido exacerbadas ante las diversas discusiones sostenidas entre los mandatarios y funcionarios de la región por crear una Fuerza de Respuesta Rápida regional conformada por policías y militares para combatir las amenazas emergentes en la región, entre las cuales las maras, el crimen organizado, el tráfico de migrantes y el narcotráfico; tareas esencialmente de seguridad pública.
La injerencia de las fuerzas militares para abordar la compleja problemática que afronta Centroamérica resulta tan inapropiada, desde los principios democráticos, como ineficaz para confrontar esta coyuntura. La intervención militar en asuntos de seguridad interna atenta seriamente contra los avances logrados mediante los procesos de reforma y modernización de la defensa y seguridad y los esfuerzos realizados para afianzar la subordinación de las fuerzas armadas a las instituciones democráticas. Y atenta también contra el espíritu de los compromisos contraídos por los gobiernos centroamericanos en el Tratado Marco de Seguridad Democrática. El involucramiento de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interna conlleva a diluir la división entre las funciones de las fuerzas militares y de la policía; distinción que fue claramente establecida desde la década de los 90 como parte de los procesos de paz que buscaban fomentar la democracia, el respecto por los derechos humanos y reformas institucionales en la región. Este riesgo cobra mayor importancia dada la tendencia histórica de intervención política de las fuerzas armadas durante la vigencia de regímenes autoritarios o en el contexto de los conflictos armados, y a su vez dada la crisis a los sistemas de seguridad pública en la región. También existen indicadores claros que muestran la marcada presencia de las fuerzas armadas en asuntos de la gestión pública del Estado que no tienen nada que ver con lo que se supone debería ser el rol de los ejércitos.
Reconocemos que la región enfrenta serios y complejos desafíos producto de la violencia ocasionada por el crimen organizado, el narcotráfico, y las maras entre otros, que requieren de una respuesta eficaz por parte de los Estados para garantizar el orden interior y la seguridad de todo ciudadano. No obstante, el tratamiento a dicha problemática mutidimensional requiere de un serio esfuerzo por fortalecer las fuerzas policiales y los sistemas de justicia de la región y de políticas integrales y estratégicas coordinadas entre las instituciones democráticas encargadas de resolverlos. Como representantes de organizaciones no gubernamentales que desde nuestra capacidad como actores de la sociedad civil hemos venido trabajando por el fomento de la democracia y el Estado de Derecho en la región, esperamos que nuestras preocupaciones sean planteadas a los miembros del SICA durante la próxima reunión a celebrarse en Panamá, con miras a enfocar esfuerzos y recursos al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
Lo que acaba de leer es el texto de una carta colectiva enviada en vísperas de la Reunión Ordinaria de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamérica (SICA) celebrada el 30 de junio del presente año en Panamá, por un grupo de centros y personas preocupadas donde expresamos nuestra profunda preocupación por las medidas recientemente adoptadas por los gobiernos de la región encaminadas a incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas propias y exclusivas de las instituciones de seguridad pública para abordar las nuevas amenazas de seguridad que afronta Centroamérica.
Panamá se encuentra en el proceso de construir el Estado de Derecho como producto de la transición democrática, marcada por el final del periodo de control militar interno del Estado (Militarismo) y la finalización del Comando Sur y bases en Panamá (Militarización)). Se avanza en el plano del fortalecimiento de la ley de las instituciones democráticas, pero con debilidades manifiestas en el desempeño del Estado de derecho, la falta de consolidación democrática, la corrupción, la tentación de reeditar el militarismo y/o la militarización. Por ello el mensaje centroamericano es útil y necesario para nuestro país.
(raulleisr@hotmail.com)
La campaña de prevención de accidentes en el hogar forma parte del programa municipal "Panamá: Ciudad Saludable".
En la casa, los accidentes de los niños pueden ocurrir en los cuartos, donde hay armarios y artefactos eléctricos, así como en la cocina, un lugar sumamente peligroso para ellos.
La injerencia de las fuerzas militares para abordar la compleja problemática que afronta Centroamérica resulta tan inapropiada, desde los principios democráticos, como ineficaz para confrontar esta coyuntura. La intervención militar en asuntos de seguridad interna atenta seriamente contra los avances logrados mediante los procesos de reforma y modernización de la defensa y seguridad y los esfuerzos realizados para afianzar la subordinación de las fuerzas armadas a las instituciones democráticas. Y atenta también contra el espíritu de los compromisos contraídos por los gobiernos centroamericanos en el Tratado Marco de Seguridad Democrática. El involucramiento de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interna conlleva a diluir la división entre las funciones de las fuerzas militares y de la policía; distinción que fue claramente establecida desde la década de los 90 como parte de los procesos de paz que buscaban fomentar la democracia, el respecto por los derechos humanos y reformas institucionales en la región. Este riesgo cobra mayor importancia dada la tendencia histórica de intervención política de las fuerzas armadas durante la vigencia de regímenes autoritarios o en el contexto de los conflictos armados, y a su vez dada la crisis a los sistemas de seguridad pública en la región. También existen indicadores claros que muestran la marcada presencia de las fuerzas armadas en asuntos de la gestión pública del Estado que no tienen nada que ver con lo que se supone debería ser el rol de los ejércitos.
Reconocemos que la región enfrenta serios y complejos desafíos producto de la violencia ocasionada por el crimen organizado, el narcotráfico, y las maras entre otros, que requieren de una respuesta eficaz por parte de los Estados para garantizar el orden interior y la seguridad de todo ciudadano. No obstante, el tratamiento a dicha problemática mutidimensional requiere de un serio esfuerzo por fortalecer las fuerzas policiales y los sistemas de justicia de la región y de políticas integrales y estratégicas coordinadas entre las instituciones democráticas encargadas de resolverlos. Como representantes de organizaciones no gubernamentales que desde nuestra capacidad como actores de la sociedad civil hemos venido trabajando por el fomento de la democracia y el Estado de Derecho en la región, esperamos que nuestras preocupaciones sean planteadas a los miembros del SICA durante la próxima reunión a celebrarse en Panamá, con miras a enfocar esfuerzos y recursos al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
Lo que acaba de leer es el texto de una carta colectiva enviada en vísperas de la Reunión Ordinaria de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamérica (SICA) celebrada el 30 de junio del presente año en Panamá, por un grupo de centros y personas preocupadas donde expresamos nuestra profunda preocupación por las medidas recientemente adoptadas por los gobiernos de la región encaminadas a incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas propias y exclusivas de las instituciones de seguridad pública para abordar las nuevas amenazas de seguridad que afronta Centroamérica.
Panamá se encuentra en el proceso de construir el Estado de Derecho como producto de la transición democrática, marcada por el final del periodo de control militar interno del Estado (Militarismo) y la finalización del Comando Sur y bases en Panamá (Militarización)). Se avanza en el plano del fortalecimiento de la ley de las instituciones democráticas, pero con debilidades manifiestas en el desempeño del Estado de derecho, la falta de consolidación democrática, la corrupción, la tentación de reeditar el militarismo y/o la militarización. Por ello el mensaje centroamericano es útil y necesario para nuestro país.
(raulleisr@hotmail.com)
La campaña de prevención de accidentes en el hogar forma parte del programa municipal "Panamá: Ciudad Saludable".
En la casa, los accidentes de los niños pueden ocurrir en los cuartos, donde hay armarios y artefactos eléctricos, así como en la cocina, un lugar sumamente peligroso para ellos.
