Inseguridad y democracia

Las viejas lecciones enseñan que nada justifica las malas acciones. La delincuencia, por ejemplo, jamás podrá justificarse en debilidades del sistema, pero es probable que tampoco se pueda negar la correlación entre una y otra, porque la justificación es una categoría de connotación moral, y la correlación tiende a un pragmatismo adecuado a lo que la propia sociedad quiera ignorar. Tiene que ver más con causas y efectos, al margen de lo que se quiera o no.

El problema de fondo radica en la capacidad que tiene una para sobreponerse a la otra. La condición moral por encima de las causas espontáneas, o éstas por encima de la ética. Durante las tres últimas décadas del siglo XX, América Latina vivió lo que se ha llamado una “violencia política” que, en suma, tradujo la incapacidad del sistema por desarrollar, en los marcos de tolerancia, las luchas políticas. Hoy ya se habla de la “violencia delincuencial” como fenómeno social y económico, y si se revisa la incidencia del narcotráfico en las administraciones gubernamentales de la región, habrá que concluir en que, además, es un fenómeno político.

Hoy, a diferencia de esas últimas décadas, no parecen existir interlocutores válidos, menos ideológicos, y la perspectiva traza una conclusión funesta: la solución a tiro limpio, a menos que los demócratas de la región sean capaces de concertar acciones que desarmen estos dispositivos, y allí tiene un papel estelar la democracia política, económica y, sobre todo, social.